Opinion | 21 Ago Durante demasiado tiempo, con el intento de recaudar todo lo que se pudiera, se impusieron altos impuestos y cargas sociales a la industria de la construcción, lo que fue un factor disuasivo para la inversión inmobiliaria y encareció sustancialmente toda obra nueva o reforma que se intentara hacer dentro de las normas legales, bajo la amenaza de severas multas en caso de detectarse la evasión para quien no cumpliera.
Fueron muchos años de retroceso, sin dudas, en los que las cargas sociales e impuestos resultaron de tal magnitud que equivalían prácticamente al cien por ciento de la obra. Con el paso de los años se detectó que lejos de ser un factor de recaudación, este sistema legal era simplemente una fantasía, por cuanto se recaudaba igual o menos que con una menor tributación, y el que quería hacer una obra en regla, finalmente se desilusionaba y desistía.
Por ese motivo se decidió así flexibilizar y reducir la carga tributaria, aunque igualmente sigue siendo alta, en gran medida para nutrir de fondos al sistema de seguridad social de la construcción, pero también porque el Estado sigue siendo el convidado de piedra en este esquema, en lugar de promover por esta vía que se concreten nuevas obras y se eche a andar en forma dinámica la construcción, que es un sector que mueve una gran infraestructura de apoyo y por lo tanto es multiplicador de actividad y reciclaje de riqueza.
En este andamiaje de cargas tributarias y sociales subsiste igualmente desde el punto de vista legal un requisito que también afecta toda obra que se realice en cualquier hogar, incluyendo revoques o pinturas, que deben tributar al banco de Previsión Social, en lo que es poco menos que otro delirio, porque en la realidad, ningún ciudadano está dispuesto a pagarle al BPS por lo poco que haga dentro de su hogar, no sin mucho esfuerzo y con altos costos, cuando se apunta a restaurar, construir un techo, sacar humedades o siquiera pintar.
Uno de los principales interesados en sacar esta traba es el propio Banco de Previsión Social (BPS), al punto que representantes de este organismo concurrieron recientemente al Parlamento a efectos de pedir una rápida aprobación para el proyecto de ley ya presentado en el ámbito legislativo, el que establece que las obras de menor cuantía en domicilios que no impliquen cambios de planos ni tengan cierre de obra paguen por Industria y Comercio cuando no excedan los 15 jornales, (12.090 pesos) y no se empleen más de dos obreros. Dentro de estas obras se incluyen desde la construcción de un parrillero hasta la edificación de un muro, o la pintura de un cuarto.
El propio presidente del Directorio del BPS, Ernesto Murro, subrayó las dificultades que plantea el actual régimen, que implica la presentación de formularios para la apertura de obra que termina complicando y desestimulando a los contribuyentes, los que luego, cuando necesitan un certificado, se encuentran en aprietos.
Es decir que encima de costoso y delirante, el sistema vigente implica una carga adicional de la burocracia a las que nos tiene acostumbrados el Estado uruguayo, que aplica sobrecostos a la ya cara industria de la construcción, y durante muchos años ha desestimulado por esta vía la construcción de viviendas de interés social o por negocio inmobiliario, contribuyendo a incrementar otros problemas sociales, por supuesto, como el alto costo de los alquileres por desfasaje entre la demanda y la disponibilidad de viviendas por debajo de determinada franja de ingresos.
Asimismo, en la misma dirección del proyecto en estudio, el diputado nacionalista Pablo Abdala, a la vez de compartir la idea de simplificar los trámites, dijo que el BPS debería exonerar los trabajos de hasta cinco jornales.
Consideró que “ya naufragó un proyecto de ley que pretendía regular hasta la instalación de un equipo de aire acondicionado. Yo creo que es razonable establecer un régimen que permita regularizar otras de mayor envergadura, como la construcción de cuartos o la construcción de una barbacoa. Pero esas obras no pueden tener el mismo tratamiento que una simple pintura de un cuarto. Creo que hasta cinco jornales el BPS debería exonerar el aporte, sin perjuicio de que el trabajador se presente, deje constancia de lo hecho y se le compute para la jubilación”.
En la oportunidad el propio Murro dio cuenta de lo engorroso de los trámites, y puso como ejemplo su propio caso. Relató que tuvo que pintar la fachada de una cabaña de 49 metros cuadrados y que los trámites le llevaron más tiempo que la obra, pese a su conocimiento del tema, por lo que cuesta poco inferir cual es la situación de un ciudadano común ante esa maraña burocrática. No es de extrañar entonces que prácticamente nadie declare las obras menores que realiza en su hogar, y por lo tanto la disposición vigente es letra muerta que solo sirve para castigar a aquel desafortunado que caiga en una improbable inspección del BPS. Pero no solo estamos ante burocracia de este tipo, sino que para que sirva se necesita un equipo inspectivo adicional, para una exigencia que en realidad es puramente de afán recaudatorio, porque además lejos de beneficiar al trabajador de la construcción, como se pretendería, lo que se hace es encarecer obras y seguir alentando la evasión por la vía que sea, por lo que lo que se debería buscar alternativas que faciliten estas obras menores --de la misma forma que en el área impositiva en su momento se inventó el monotributo, para ayudar a las pequeñas empresas y trabajadores independientes--, abatiendo costos y exigencias, sin pretender legislar en extremos que no se pueden controlar ni se deberían exigir por sentido común.