Nacionales | 22 Ago Después de un largo proceso, Uruguay logró que una comisión de la ONU acceda a extender hasta las 350 millas de la costa la zona marítima en la que tiene derechos económicos exclusivos, lo que amplía el área para buscar gas y petróleo.
El canciller Luis Almagro saludó la decisión de la ONU al sostener a El País que la extensión de la soberanía añade “derechos sobre prospección y exploración de recursos en un territorio que es prácticamente sumar la mitad de nuestra superficie actual”. A la vez, recordó que a ese beneficio se deben “agregar responsabilidades en materia de seguridad y rescate para la nueva superficie”.
Desde el año 1997, Uruguay busca extender su plataforma marítima de las 200 millas actuales a 350 millas y ampliar su jurisdicción en unos 100.000 kilómetros cuadrados, dándose el control a Uruguay de la riqueza ictícola de esa área. También Uruguay se hará cargo del subsuelo de una zona en la que se estudia la explotación de yacimientos de gas. Con esta ampliación, al mismo tiempo el país se obliga a implementar sistemas de seguridad y salvataje marítimo.
El 25 de agosto de 2009 la delegación uruguaya realizó una presentación científica y diplomática ante los delegados de los 21 países miembros de la Convención del Mar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que expuso toda la información geológica, hidrológica y morfológica de la zona con que cuenta el país. En agosto de 2011 Uruguay volvió a presentarse, esta vez frente a la subcomisión que estudia específicamente el caso uruguayo.
El fallo a favor que obtuvo el país tiene carácter de recomendación pero se considera que quedará firme en febrero de 2015. Los ministros Almagro y Eleuterio Fernández Huidobro anunciaron que hoy brindarán una conferencia de prensa para dar más detalles de la resolución.
Uruguay debió reunir información técnica y científica durante años para probar, entre otras cosas, que su plataforma continental efectivamente se extiende más allá de las 200 millas, tarea que estuvo a cargo del buque “Oyarbide” de la Armada, que navegó más de 600 días recorriendo unas 74.000 millas. Uruguay es el primer país sudamericano que recibe el visto bueno de la ONU para una solicitud de este tipo.
Ancap ya adjudicó a cuatro petroleras internacionales la búsqueda en ocho bloques marítimos de hidrocarburos, tras dos rondas --Uruguay I y II-- y se apresta a lanzar la tercera con siete bloques offshore que aún no han sido adjudicados. En los trabajos participan Shell, Petrobras, Total, Galp, British Petroleum, British Gas Group y Tullow Oil que vendió una parte a la japonesa Inpex en 2013.
Esta ampliación de jurisdicción exclusiva, sin embargo, acarrea un problema real para Uruguay: cómo ejercer la soberanía y control de la nueva superficie. Fernández Huidobro dijo a la Comisión de Defensa del Senado que se necesita destinar U$S 500 millones para comprar radares, lanchas, helicópteros y aviones para la fuerza naval y aérea, en tanto cada patrullero cuesta unos U$S 100 millones. El tema de la ausencia de recursos y medios para custodiar el mar territorial actual es una preocupación de larga data en la Armada. Meses atrás, durante el acto de aniversario de la Flota de Mar, su comandante de entonces, el capitán Jorge Jaunsolo, que hoy tiene el grado de contralmirante, asumió la situación cuando ante su personal reconoció que “es imposible mantener toda una fuerza de mar con solamente un presupuesto de algo más de 700.000 dólares al año”.

SINDICATO: MAL RELACIONAMIENTO CON FERRERI
La Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) sostuvo que el exdirector se “comprometió” a cumplir varias promesas, pero renunció sin darles una explicación. “Durante su gestión como director general, AFI no ha podido avanzar en las reivindicaciones centrales de nuestro gremio”, afirmó el sindicato en un comunicado en el que agregó que en 2013 hubo un conflicto en el cual “la administración arremetió contra la autonomía sindical y contra la herramienta gremial sin consideración alguna”.
AFI informó que han reivindicado una carrera administrativa “abarcativa e inclusiva” que fue “negada rotundamente por la Dirección de la DGI”. El sindicato sostiene que Ferreri se “comprometió” a resolver varios puntos que quedaron pendientes como la migración de cargos y que el director renunció sin transmitir “ninguna respuesta sobre los compromisos asumidos”.
En este contexto plantearon que el director que asumió en el lugar de Ferreri, Joaquín Serra, ha trabajado en el organismo desde 2003 por lo que “es parte de este proceso” y le solicitarán una entrevista.

¿PSICOFÁRMACOS A INTERNAS DEL INAU?
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) visitaron el hogar femenino del Sirpa ubicado en Bulevar Artigas y General Flores, para comprobar las irregularidades presentadas en un informe, hace un mes, por la Institución de Derechos Humanos (Inddhh). La investigación señalaba la existencia de hacinamiento, medicación psiquiátrica a jóvenes que no habían sido diagnosticadas con ninguna enfermedad, horas excesivas dentro de las celdas, entre otros aspectos.
El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, expresó a El Observador luego de la recorrida que “la situación está mejorando”, pero aún no se puede decir que los jóvenes allí recluidos viven en buenas condiciones. “Vamos a hacer una evaluación final después de que terminemos de ver todo el sistema, pero esto permite tener a la SJC tener una visión de conjunto”, expresó Manrique. El ministro afirmó que fueron pedidas las historias clínicas de las internas debido a que un alto porcentaje de ellas está bajo medicación psiquiátrica.
“Hemos venido con una médica y vamos a investigar exhaustivamente si esas medicaciones responden o no a lo que es necesario”, informó. En el predio, que comenzó siendo un hogar únicamente femenino, se construyó hace poco tiempo un hogar masculino para jóvenes hasta 15 años de edad. Ante un incremento en el ingreso de varones, el femenino también fue dividido, por lo que existen allí tres hogares diferentes separados por paredes. Según Pérez Manrique, “se está en proceso de superar” esta situación y en la recorrida “no se constató hacinamiento” porque “se han generado nuevas plazas”. Solo en el femenino viven hoy 31 jóvenes y tres bebés.

DGI INVESTIGA EVASIÓN DE PATENTES
La Dirección General Impositiva (DGI) abrió un expediente para investigar a las empresas rentadoras de vehículos que, según consta en documentación aportada, empadronó autos en la Intendencia de Florida como vehículos de alquiler cuando en realidad se trataba de coches de alta gama que pertenecían a particulares, informaron a El Observador fuentes del organismo. Añadieron que los vehículos de alquiler están exonerados de patente y por eso la DGI indagará si se cometió evasión.
El diputado del Frente Amplio de Florida, Carlos Rodríguez (MPP), presentará a la Justicia Penal una denuncia para que se investigue esa irregularidad y otras vinculadas a empadronamientos de vehículos pertenecientes a contribuyentes de otros departamentos.
La ley obliga a que los contribuyentes acrediten que viven en el departamento. El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) establece que no se sancionará a quienes hayan empadronado sus autos fuera de sus departamentos antes de enero de 2012 pero sí a quienes lo hicieran con posterioridad a esa fecha. El intendente de Florida, Carlos Enciso --segundo en las listas al Senado del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou-- atribuyó la denuncia a “un móvil político electoral”, según declaró al semanario Búsqueda.
En respuesta a la inminente denuncia judicial, el lunes 18 la Intendencia de Florida informó por medio de un comunicado publicado en los diarios, que inició una investigación administrativa para identificar si hay funcionarios de la comuna responsables. Además, aseguró que tras depurar la base de datos las “inconsistencias” son 407. A estos contribuyentes “se los intimó a que presenten los certificados de domicilio o acreditación de interés económico o de trabajo, bajo apercibimiento de baja automática, por lo que la depuración del padrón está hoy en día en pleno proceso”, expresó el comunicado firmado por Enciso. Búsqueda informó que en 2012 se detectó el empadronamiento de 1.000 vehículos categoría A (autos, camionetas y ómnibus) que correspondían a otros departamentos, y en 2013 y primeros meses de 2014 pasó lo mismo con otros 1.300 vehículos. Además, la mayoría estaban empadronados a nombre de unos pocos contribuyentes, en la mayoría empresas.
El comunicado de la Intendencia sostuvo que esos 2.000 casos irregulares detectados a comienzo de este año, se redujeron tras un estudio caso por caso, luego de intimaciones y bajas de oficio. El Congreso de Intendentes emitió un comunicado en el que expresó su “plena confianza en los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Sucive”, que analiza los empadronamientos de Florida. “Recién cuando esté concluido ese trabajo, podrán darse a conocer datos concretos y absolutamente confiables respecto a la referida situación”, expresó la mesa del congreso integrada por los intendentes Artigas Barrios, Marne Osorio y Walter Zimmer.