Paysandú, Sábado 23 de Agosto de 2014
Opinion | 18 Ago La víctima número 30 de violencia doméstica tenía 72 años y murió en la tarde de ayer en la localidad de San Jacinto, departamento de Canelones.
Este 2014 ha superado con creces las cifras de otros años, aún cuando anteriormente no había ley, dispositivos como las tobilleras ni mayores posibilidades de denunciar al agresor. En 2011 murieron 26, en 2012 dejaron de existir 25, en 2013 fallecieron 30 y una cantidad similar en lo que va del año. Solo que estamos en agosto y es por esa razón que ya se habla de “cifras récord”.
El año pasado, la violencia machista representó al 17% del total de los homicidios, al tiempo que en el primer semestre de 2014 corresponde al 19% de los casos y es la cuarta causa de muerte por este delito, después de los ajustes de cuentas, altercados y rapiñas en Uruguay.
La Ley 17.514 define al delito en sus diversas formas, aclara las competencias de los juzgados y establece medidas de protección para las víctimas. Asimismo detalla la atención integral a quienes padecen y declara de interés a las actividades de promoción y prevención de la violencia doméstica. Con los años han aumentado las organizaciones sociales encargadas de la tarea y se incrementó en forma sostenida la bibliografía al respecto.
La gran pregunta es si todo esto habrá servido de algo. El año pasado, el Ministerio de Salud Pública difundió estadísticas claras que reportan el estado de situación y va más allá de los hechos difundidos.
Una de cada cuatro mujeres uruguayas aseguró que es víctima de violencia doméstica y la consulta se realizó a las usuarias que concurrían por cualquier motivo médico en todo el territorio nacional.
De un total de 1.200, el 20,5% aseguró que es víctima de violencia todos o casi todos los días, el 14% mientras estaba embarazada y el 35% valoró algunos episodios como “muy graves”.
La ministra de Salud, Susana Muñiz, dijo que estas cifras “asustan” y que se debe realizar “un mayor trabajo de prevención con los varones”. La violencia doméstica es un delito que revictimiza porque se vuelve invisible en la sociedad y no tiene la difusión que merece. Además, no alcanzan las movilizaciones de las ONG si la sociedad no elabora su parte analítica en el asunto que comienza con la crianza de esos niños que serán hombres y mujeres en un espacio corto de tiempo.
No hemos internalizado aún la problemática y es probable que demoremos en hacerlo. Mientras naturalizamos otros hechos, seguiremos horrorizándonos de estas cifras.
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