Opinion | 19 Ago De acuerdo a los resultados de una encuesta llevada adelante por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, las pequeñas y medianas empresas uruguayas en su gran mayoría no utilizan crédito bancario. El relevamiento considera que existe “un gran mercado cautivo” y que esta realidad puede ser consecuencia de factores diversos. “Algunas de las causas sin duda tienen que ver con que las empresas se financian fuera del sistema financiero formal, probablemente a través de proveedores o familiares”, precisa el estudio.
Las empresas que utilizan algún tipo de crédito bancario para financiarse es del 15%, y dentro de este grupo, las de servicios (18%) y la industria (17%) son las que lo hacen en mayor medida, y los comercios (11%) los que menos recurren a este tipo de herramientas. En tanto, al discriminar por tamaño de empresa, las medianas se distancian por más del doble en el uso de créditos bancarios (36%), respecto a las micro (14%) y pequeñas (17%).
Como contrapartida, el 7% de las empresas utiliza algún tipo de crédito no bancario, es decir instituciones financieras de microcrédito o crédito para Mipymes. Pero a medida que aumenta el tamaño de la empresa se reduce el porcentaje de uso de créditos: las microempresas son las que mayor uso hacen de este tipo de recurso (7%) frente al 3% de las empresas de tamaño mediano. No puede obviarse que estamos ante una problemática tan compleja como importante, porque debe tenerse presente que las pymes constituyen una fuerza vital en la economía de Uruguay, al representar por ejemplo la fuente laboral más importante en el sector privado.
En el país existen precisamente 136.691 mipymes: micro (114.456), pequeñas (18.399) y medianas (3.836), lo que da una idea de la incidencia del sector y de cuán importante resulta para el país contar con un sector vigoroso y dinámico, para lo que precisamente el acceso al crédito es un elemento muy influyente para su desarrollo y muchas veces hasta su subsistencia.
El informe del ministerio en torno a este tema señala que una de cada cinco mipymes tiene dificultades para acceder a herramientas de financiación. Este grupo de empresarios considera como el principal motivo la carencia de garantías reales (34%) y en segundo lugar los costos elevados (12%). También se sostiene el estado de formalización como una de las dificultades más mencionadas por los entrevistados.
Por su parte, de acuerdo a datos de República Microfinanzas, la mayoría de los clientes no lleva registros contables, mezclan la economía familiar y de la empresa, al tiempo que desconocen instrumentos financieros. También “desconfían” del mundo financiero y poseen bienes con irregularidades (titulación, planos) que no pueden utilizar como respaldo. Asimismo, destaca que por regla general el microempresario produce, vende y cobra, sin separación de roles.
Estos datos provenientes del sistema financiero son en realidad una radiografía de la situación de las pequeñas y microempresas del Uruguay, teniendo en cuenta que su tamaño y ramo de actividad las limita severamente en cuanto a sus posibilidades de expansión y gestión, y a la vez conlleva muchas veces la necesidad de mantenerse en el sector informal cuando los ingresos condicionan severamente la posibilidad de aportes a la seguridad social y pago de impuestos, ante la dicotomía entre hacer frente a los gastos diarios o insertarse en el esquema regular.
Igualmente, en este marco de dificultades que persisten, el ciclo de crecimiento de la economía del país se ha dado simultáneamente con un aumento de la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el sector de servicios, a la vez de verificarse en el período una mejora en el porcentaje de emprendimientos que trabajan en la formalidad, según se desprende de la Encuesta Nacional de Mipymes comerciales, Industriales y de Servicios realizada por la consultora Equipos Mori por contrato del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
La amplia mayoría, el 84 por ciento, corresponde a empresas micro, es decir que ocupan a cuatro personas como máximo y sus ventas anuales no superan los 249.000 dólares, excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en tanto otro 13 por ciento nuclea hasta 19 personas y facturan no más de 1,3 millones de dólares al año y el 3 por ciento restante involucra a empresas medianas, con 99 trabajadores como máximo y ventas por 9,3 millones de dólares al año.
Asimismo, de este universo de empresas pequeñas, la gran mayoría corresponde a comercios y servicios, en tanto solo un mínimo responde a la categoría de industrias, con el común denominador de que la mayoría de las mipymes se localizan en Montevideo, donde predominan las empresas de servicios, en tanto en el Interior la distribución por sectores es más pareja.
Este sector de actividad del país se caracteriza por nuclear la mayor parte de la mano de obra de las empresas que están trabajando en el Uruguay, por vender sus bienes y servicios prácticamente en un cien por ciento en el mercado interno y por ser donde existe mayor informalismo. Este aspecto ha mejorado en los últimos años, aunque naturalmente la consolidación de esta tendencia todavía depende de los condicionamientos del escenario socioeconómico más que la voluntad de quienes se encuentran en esta situación.
La coyuntura económica favorable del país, que todavía se mantiene pese a la incertidumbre internacional, sin dudas que alienta las inversiones, lo que es particularmente importante en el caso de las pequeñas empresas, que suelen tener poca capacidad de previsión por falta de capital y que cuando existen mercados promisorios tienen la posibilidad de arriesgar una ampliación o modernización de sus emprendimientos, pero con el condicionamiento que implica el generar un retorno más o menos inmediato de la inversión ante su escaso respaldo económico-financiero.
La formalización es sin dudas una necesidad imperiosa en todas las áreas de la economía, porque por un lado significa poner en un pie de igualdad a todos los sectores, tanto empresarios como trabajadores, para beneficio general, si tenemos en cuenta que implica acceder a las prestaciones de la seguridad social, incluyendo pasividad y seguros de salud, y a la vez posibilitaría que puedan reducirse las cargas sociales y de impuestos, cuando todos pagan y por lo tanto puede atenuarse la carga que se aplica siempre sobre los mismos sectores, que pagan por ellos y por los que evaden.