Opinion | 26 Ago Por norma, las campañas electorales no son un buen período para tomar muy en serio determinadas propuestas que se lanzan al viento con una intención que puede enmarcarse más bien en arrimar agua al molino propio que en proyectos realmente viables y sostenibles, pese a que suenen agradables al oído.
Así, desde la oposición surgen por ejemplo “ideas” fantásticas, como el pago de aguinaldo a los pasivos, lo que se reedita prácticamente en toda elección, aún a sabiendas de que los aportes por aguinaldo han sido incluidos en la generación del monto de la prestación, y que por lo tanto no hay ninguna obligación de hacerlo. Así, todo lo que se otorgue por encima de establecido por ley será captado de un fondo común y por lo tanto con costo directo a todos los contribuyentes, más allá de la necesidad de amplios sectores de pasivos de poder contar con algún peso más, sobre todo en períodos como las fiestas tradicionales.
Desde el candidato oficialista, a la vez, se promueven propuestas como las de rebaja tributaria a ponerse en práctica en el próximo gobierno, cuando quien lo propone es el propio partido en el poder, y la pregunta lógica es por qué ya no se aplica desde ahora, si es posible, y en cambio se está pidiendo el voto para poder hacerlo en la siguiente administración.
No es nada novedoso este tipo de propuestas, entre muchas otras que se lanzan todos los días como muy viables, aunque todos sabemos que una vez en el gobierno, como le ha ocurrido a todos los partidos, entra a tallar fuertemente el síndrome de la frazada corta, que no alcanza para tapar al mismo tiempo la cabeza y los pies.
Esta frazada es sinónimo de recursos, sobre todo cuando estamos ingresando en un período de cambios en el escenario internacional, que ya no es tan favorable como lo ha sido en la última década para nuestros productos de exportación.
Pero además de los actores políticos, han entrado a tallar también los corporativismos y grupos de presión, como el Pit Cnt, que ha salido a defender --luego de oponerse sistemáticamente--, la incorporación a la negociación salarial del concepto de “productividad”, que es un sano factor porque permite producir bienes y servicios a menor costo, pero es muy difícil de medir en determinadas áreas, como es por ejemplo el Estado, donde el concepto de “producción” y la productividad asociada, no tiene nada que ver con lo que se practica en un ámbito en el que el patrón es una figura difusa, y las responsabilidades y exigencias se diluyen. Por otra parte, cualquier negociación es positiva siempre y cuando esté regulada por un Estado neutral, y este no lo ha sido en absoluto.
A la vez, también el Pit Cnt propone como complemento o quizás como aspecto primordial, que se reduzca la jornada laboral a seis horas, en lugar de las ocho, lo que en los hechos significaría un incremento salarial o por lo menos de costo empresarial de más del 30 por ciento, que en el mejor de los casos --muy teóricamente-- se podría ver compensado con una mayor productividad, lo que por cierto aparece más como una forma de condicionar a los actores políticos que a una propuesta seria. Al final nuestro presidente tenía razón cuando fuera tan criticado al expresar que los uruguayos no queremos trabajar.
No debe perderse de vista, además, que estas “propuestas” se dan en un marco de sistemática pérdida de competitividad de las empresas uruguayas, pese al aumento del dólar en las últimas semanas --que todo indica que no tardará en reflejarse en los índices de inflación-- por lo que seguramente de prosperar un planteo de estas características --lo que seguramente no va a tener andamiento por su inviabilidad-- habrá un nuevo deterioro de la capacidad de competir en el exterior.
Pero sí es absolutamente imprescindible la mejora de la productividad como una materia en la que es preciso trabajar, lo que es fácil de decir pero no tanto de hacer en lo inmediato, desde que por ejemplo se requiere capacitación de la mano de obra, un reordenamiento y tecnificación en esquemas de trabajo e inversión, entre otros aspectos, por lo que se deben poner en marcha procesos de mediano plazo.
Además el costo salarial medido en dólares es muy elevado en nuestro país y esta factura se paga cuando se venden los productos en el exterior, sobre todo los que incorporan más valor agregado.
Estos factores son analizados precisamente por el economista Michele Santo en el semanario Búsqueda, sobre lo que razona que “la situación exige un grado de madurez muy grande por parte de todos los actores que participan en la negociación salarial”, y evaluó que “muy probablemente, en lugar de negociar aumentos de salarios nominales a futuro haya que negociar el mantenimiento de los mismos y la baja en aquellos sectores más afectados por el cambio del contexto exterior a cambio de mantener los puestos de trabajo”.
Incluso sostiene que “a nivel de los empresarios el deterioro del contexto económico global para los próximos trimestres debería llevar a una revisión a fondo de costos de sus empresas para detectar las posibles mejoras de eficiencia que permitan enfrentar mejor vientos no tan favorables”.
Pero esta revisión no estaría completa ni mucho menos sin la contrapartida del Estado, buscando una mayor eficiencia y reducción de la burocracia, en lugar de seguir aumentando la plantilla de funcionarios --como se sigue haciendo--, para bajar los costos que aplica a los empresarios y a la economía en general, mejorar la gestión de las empresas públicas para reducir los costos de la energía, de los combustibles y de las comunicaciones, que influyen severamente en los esquemas de costos empresariales y de los hogares, impulsando la inflación.