Nacionales | 27 Ago El total de personas privadas de libertad que desarrollan más de una actividad en el sistema penitenciario es 5.026 sobre 8.970, resalta el informe del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El subdirector del organismo, Gustavo Belarra, expresó que los reclusos que trabajan o estudian tienen mejor capacidad de relacionamiento y convivencia al quedar en libertad y destacó el rol de los operadores penitenciarios.
“Cuando el director del INR, Luis Mendoza, manifiesta que se terminó la política de la tranca es que pasamos de un paradigma netamente de custodia a una apuesta a la inclusión de las personas privadas de libertad, pensando en el exterior a los muros perimetrales”, dijo Belarra.
La “Unidad Nº 5 Santiago Vázquez”, con 1.990 entre 3.186 internos, cuenta –según el informe— con la mayor cantidad de personas integradas a tareas educativas o laborales. En tanto, en la Unidad Nº 2, los 91 internos realizan actividades para combatir el ocio durante el cumplimiento de la pena.
El desglose total de los datos por unidades indica que 1.824 personas trabajan, 995 estudian, 617 realizan actividades socioculturales, 676 practican deportes y 843 participan en más de una actividad. Entre esos indicadores no están incluidas la Unidad Nº 6 Punta de Rieles y la Unidad Nº° 16 de Paysandú, publica Presidencia.
Belarra recordó que por dos días de trabajo se disminuye un día de pena y por estudio se disminuye según la cantidad de horas fictas, tal como consta en la ley N.º 17.897, promulgada en 2005. La citada ley prescribe que los internos pueden disminuir la pena hasta un máximo de cuatro meses por año.
En ese orden, Belarra sintetizó que la misión institucional del INR como auxiliar del sistema penitenciario es la custodia de las personas que tienen una sentencia por parte de la Justicia en un contexto de respeto a los derechos humanos y garantía para la integridad física.
Con la finalidad de aumentar las posibilidades de rehabilitación de los internos, el Ministerio del Interior incorporó un escalafón civil especializado u operadores penitenciarios. “Porque la Policía lo ha hecho lo mejor que ha podido pero no necesariamente es su rol en lo que hace a la gestión de los sistemas penitenciarios”, resaltó el jerarca.

JUSTICIA RECHAZÓ JUICIO CONTRA EL ESTADO
La jueza civil Gloria Seguesa desestimó una demanda del empresario Fernando Barboni, quien reclamó al Estado una indemnización de U$S 1.000 millones por los daños y perjuicios que le causó a su empresa Glenby S.A. el hecho de que el Estado no le entregara en tiempo y forma el predio de la estación central de AFE y su playa de maniobras, donde desarrollaría un proyecto inmobiliario.
El fallo de la jueza Seguesa rechazó en primera instancia el reclamo del empresario en el entendido de que no le asiste razón debido a que cuando se puso fin al contrato, el Estado todavía estaba en plazo para entregarle los bienes.
Se trata de uno de los juicios más abultados que se ha tramitado contra el Estado. Barboni reclamó U$S 1.000 millones porque entiende que esa es la ganancia que le hubiera reportado su proyecto, que incluía la construcción de cinco torres de apartamentos, otra de oficinas y un hotel.

UNOS 1.500 CLIENTES SIGUEN SIN LUZ
Unas 1.500 personas del Interior del país permanecen sin luz, luego de que los fuertes vientos destruyeran cables y columnas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia y San José. El encargado de Relaciones Públicas de UTE, Ariel Ferragut, dijo a El Observador que se logró restablecer el servicio al 90% de los clientes afectados. En la tarde de ayer, eran 17.000 clientes de UTE que se encontraban sin suministro de energía eléctrica y --según Ferragut-- hoy terminará de restituirse la luz a los 1.500 clientes que faltan.

AUMENTA BRECHA, SEGÚN ENCUESTADORAS
El politólogo Luis Eduardo González presentó nuevos datos de tendencias de opinión sobre el nivel de corrupción en el sector público. Según reveló el director de Cifra en Telemundo, el 24% de los uruguayos piensa que hay menos corrupción que hace diez años; el 35% de la población considera que hay más corrupción que diez años atrás y el 32% considera que existe igual nivel de corrupción. El 9% no opinó al respecto.
En cuanto a la opinión dentro de los partidos políticos, en el Frente Amplio el 46% considera que existe menos corrupción que hace diez años, 32% percibe que hay igual corrupción y el 15% considera que existe más. El 7% no opinó. En este sentido, González aseguró que “la mitad de los votantes frentistas creen que la corrupción en el sector público es igual o peor”. Dentro del Partido Nacional, el 54% considera que existe más corrupción, el 33% percibe que la corrupción es igual, el 8% asegura que hay menos corrupción y el 5% no opina.
En el Partido Colorado la tendencia es similar que en el Partido Nacional. El 53% de los colorados considera que hay más corrupción que hace diez años. el 34% percibe que la corrupción está igual, 4% considera que hay menos corrupción y 9% no opina.
Por su parte, la última encuesta de la consultora Factum, divulgada por Telenoche, establece que --de los consultados-- el 50% respondió que prefiere a Tabaré Vázquez como presidente y el 48% a Luis Lacalle Pou. Un 2% se mantiene indefinido y la pregunta solo incluía a estos dos candidatos. Si se toma en cuenta la evolución desde febrero a hasta agosto, Vázquez perdió nueve puntos porcentuales, mientras que Lacalle Pou aumentó 14 puntos porcentuales. Esto demuestra que la brecha de preferencia se ha achicado.
En tanto, entre Vázquez y Pedro Bordaberry, la diferencia es mayor. El 52% prefiere al candidato frenteamplista, mientras que el 43% opta por el del Partido Colorado. El 5% contestó que se mantenía indefinido y en relación a la evolución desde febrero, Vázquez perdió un 8% de preferencia, Bordaberry aumentó un 9% y la brecha entre ambos también se redujo.
Si bien en ambos casos Vázquez recibió mayor aprobación que los candidatos opositores, a lo largo de los meses, el candidato frenteamplista fue perdiendo preferencia. Por el contrario, tanto Lacalle Pou como Bordaberry la incrementaron.
Bottinelli dijo en Telenoche que el resultado de la intención de voto sumado al de preferencia presidencial “está demostrando una situación crecientemente difícil para el Frente Amplio, y una posición mucho más cómoda y holgada para la oposición”.

AGUA EN EVENTOS PÚBLICOS
El martes 2 de setiembre se votará en el Senado el proyecto de ley para hacer obligatoria la venta de agua potable en espectáculos públicos. Según explicó a El Observador el senador Alfredo Solari, presidente de la Comisión de Salud del Senado, el tema “no parece que levante dificultades” y “habría ambiente para aprobarlo”. “En el caso de que tuviéramos que hacer cualquier modificación, volvería a la cámara de representantes y ahí sí, no da el tiempo para aprobarlo porque el receso comienza el 15 de setiembre, así que tenemos muy poquitito tiempo”. El proyecto fue presentado por el diputado frenteamplista Horacio Yanes, resultó aprobado en la Cámara Baja en noviembre de 2012 pero recién se discutirá en la Comisión de Salud del Senado la semana próxima. La iniciativa afirma en el Artículo 3 que “en los espectáculos públicos, ya sea que se realicen en centros de espectáculos u otros ámbitos, de modo permanente o transitorio, deberá suministrarse agua a los concurrentes, de forma pública y gratuita, mediante bebederos o dispensadores que deberán señalizarse de modo visible, con la leyenda ‘bebederos públicos’ o ‘dispensadores públicos’”.También se “deberá asegurar la venta de agua mineral en los locales o espacios debidamente autorizados”.
El Ministerio de Salud Pública fiscalizará el cumplimiento de la norma y todo lo recaudado por multas será destinado a programas de educación del consumo de agua potable. Según el proyecto presentado por Yanes, el objetivo apunta a “la creación de entornos saludables y fomentar la educación y divulgación del consumo de agua”.