Opinion | 22 Ago Con manos “enyesadas” nuevamente la mayoría regimentada del Frente Amplio bloqueó la formación de una comisión investigadora en el Senado a efectos de obtener datos precisos del oficialismo respecto a cuál ha sido el origen del severo déficit registrado en el último balance de Ancap, un aspecto que refiere nada menos que a la principal empresa de “todos los uruguayos”, monopólica por más datos, y nada menos que en el área de los combustibles, pese a lo cual arrojó un déficit de 169 millones de dólares.
No es un tema menor, aunque desde la izquierda se ha intentado minimizarlo sosteniendo que se trata de una “maniobra política” de la oposición.
El episodio a que nos referimos tuvo lugar hace pocas horas, cuando en sesión de la Cámara Alta se pretendió que se explicara el porqué de este déficit. El Frente Amplio rechazó la formación de una investigación pedida en esta oportunidad por el Partido Colorado para conocer en detalle las cifras, y ante esta negativa, el senador Ope Pasquet, del sector de Pedro Bordaberry, anunció que presentaría un pedido a la Justicia.
En este caso no se trata solo de los precios que fija el ente por sus costos, sino que también un alto porcentaje del valor de surtidor corresponde a impuestos, por lo que se trata en todos los casos de un mazazo que nos aplica todo el Estado, con afán recaudatorio, para hacerse de recursos a efectos de seguir financiando el funcionamiento del Estado.
En este caso concreto, los legisladores oficialistas al hablar de transparencia proclamaron que se ha actuado con “honestidad” en Ancap, pero en lugar de presentar el respaldo de los números y habilitar que precisamente se investigue si esto es así, pretende que todos los demás hagan una profesión de fe respecto al accionar en la empresa monopólica. Sin embargo lo mismo dijo en cada oportunidad que pudo el gobierno sobre Pluna, hasta que la olla se destapó y dejó en evidencia que no alcanza con la palabra del político.
Además, de acuerdo a nuestro ordenamiento institucional, el Parlamento está para controlar y no solo para refrendar con manos levantadas regimentadas lo que se hace desde los otros poderes del estado, sobre todo el Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, los elementos de intereses político-electorales son muy fuertes nada menos que a pocos meses de una elección nacional, pero de la misma forma que el Frente Amplio sostiene que hay intereses de la oposición, esta última considera que se está tratando de proteger al candidato a la Vicepresidencia por la coalición de izquierdas, Raúl Sendic, quien durante varios años ejerció la presidencia de Ancap y en su presidencia --y la anterior de Daniel Martínez, posible candidato frenteamplista para la intendencia de Montevideo-- se generó este abultado déficit.
Por supuesto, nadie en su sano juicio, a no ser por un exceso de credulidad, puede creer que se cierre la investigación a cal y canto si todo estuviera bien, porque además los ciudadanos ya nos hemos quemado con leche: con una argumentación similar, durante años el gobierno se negó, por la misma mayoría de manos de yeso, a que se investigara por el Parlamento sobre denuncias respecto al manejo de la empresa Pluna.
Pero más cercana en el tiempo estalló el conocido affaire de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que también derivó en dos procesamientos de representantes del gobierno, pese a que cuando se puso el tema sobre la mesa la coalición de izquierdas rechazó todo planteo precisamente por atribuir intenciones políticas a quienes lo denunciaban. Y en este caso también hubo delito, encubierto por el propio gobierno. Tal como en más de la mitad de las más de diez investigaciones bloqueadas por el Frente Amplio, donde en instancias judiciales se probaron groseras irregularidades.
Y así se está actuando nuevamente en el caso Ancap, donde los hechos hacen suponer con buenas razones que hubo manejos turbios, irregulares, ilícitos o dudosos --eso se puede saber solo cuando llegue a su término la investigación por las vías correspondientes--.
Pero lo que sí ha quedado harto demostrado es que no se puede pedir a los uruguayos que miremos hacia otro lado y que hagamos acto de fe en quien está en el gobierno, aunque sea del “impoluto” Frente Amplio, porque el poder corrompe, quienes integran los partidos son seres humanos y por lo tanto sujetos a caer en tentaciones, como siempre ha ocurrido.
Pero en lugar de cerrar filas para ocultar a quienes así actúan, un partido que se precie de honesto y de responder a las expectativas populares debe ser transparente en la gestión y actuar con toda la severidad del caso con quienes han traicionado la confianza, en lugar de lamentarse después y salir con un “no sabíamos” cuando se habían denunciado reiteradamente estas prácticas y se estaba a tiempo de actuar en consecuencia.