Opinion | 30 Ago La época preelectoral no es un buen momento, desde el punto de vista de la especial sensibilidad del ciudadano común pero sobre todo de los actores políticos --en que todo se distorsiona y se potencia en base a códigos de interés electoral--, para formular propuestas sobre la reducción del gasto público y su racionalización, por cuanto inevitablemente surgirán los pases de facturas consabidos desde otras tiendas partidarias y de tratar de sacar ventajas políticas tratando de confundir términos ante la opinión pública.
No es una estrategia novedosa, sino que se ha utilizado en todas las campañas electorales, y es así que difícilmente algún partido salga a anunciar lo que realmente va a hacer en cuanto a medidas si se evalúan a priori los posibles costos políticos de la pérdida de votos, por las distorsiones en cuanto a la adjudicación de motivos y consecuencias de determinadas medidas que se deben adoptar ante las circunstancias.
De lo que no puede haber discusión es que buscar el equilibrio fiscal no es una política de derecha ni de izquierda --o por lo menos no debería ser-- sino una práctica de sentido común, como se hace en todo hogar en que se busca no endeudarse por encima de las posibilidades, tratar de equilibrar las cuentas y en lo posible tener aunque más no sea un pequeño margen de ahorro para cuando surjan avatares o imprevistos de los que nunca se está a salvo.
En el caso de un gobierno, el gasto público, las inversiones, deben establecerse en un orden racional de prioridades, en base a políticas de Estado, preferentemente, aunque con la decisión y eventualmente la impronta del gobierno de turno.
Pero claro, cualquier gobierno que asuma la conducción de un país, como sucederá en Uruguay el 1º de marzo de 2015, no estará con las manos libres ni nada que se parezca, sino que tendrá que dar continuidad a políticas, decisiones y situaciones que provengan del anterior, y por lo tanto se estará ante compromisos inevitables en el gasto público, y sobre todo de una rigidez en determinadas áreas que será un piso en nuestro caso ya muy alto.
Esta no es un peculiaridad de Uruguay y ni siquiera del subcontinente, que en base a la favorable coyuntura internacional se ha visto beneficiado por ingresos adicionales por la venta a muy buenos precios de sus producciones primarias, sobre todo granos, y la disponibilidad de dinero ha permitido mejorar situaciones sociales acuciantes en base a políticas que no siempre se han dirigido a atender las causas de esta problemática, sino con sesgo asistencialista de corto plazo.
En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la mayor preocupación que existe sobre Uruguay actualmente “es el control sobre la inflación y el nivel de competitividad frente a los principales socios comerciales”, aunque también figura el deterioro de las cuentas fiscales.
“Las últimas estimaciones pronostican una desaceleración del crecimiento para el año corriente: se estima un aumento del PBI del 0,3 por ciento durante 2014”, sostuvo la Cepal en un estudio económico de América Latina y el Caribe, que recortó en 0,5 puntos su previsión de crecimiento para la región en 2014, a causa de la debilidad de la demanda externa y un bajo dinamismo de la demanda interna.
“Aunque las estimaciones inflacionarias se han reducido en comparación con el año previo, no han desaparecido. Las predicciones indican que la inflación se situaría en un rango de entre un 8 y un 9 por ciento en 2014, en tanto las cifras continúan mostrando la tendencia al deterioro de las cuentas fiscales”, señaló.
Asimismo, el organismo consideró que tomando en cuenta que la recaudación tributaria de la Dirección General Impositiva “estaría cercana a su máximo nivel potencial, en un escenario de relativo enlentecimiento de la economía, la rigidez de los pagos de la seguridad social (pasivos y salud) podrían implicar una cierta dificultad para la próxima administración, que asumirá en 2015”.
Esto es precisamente parte del gasto rígido a que nos referíamos, el que adquiere luego carácter estructural y que por lo tanto debe afrontarse en todos sus términos en cualquier circunstancia, cuando hay recursos y cuando no hay, producto de los ciclos económicos de un país y del mundo. Sobre todo en el caso de Uruguay, que es altamente dependiente de los avatares de la economía internacional y es tomador de precios, con alta dependencia de la producción primaria y altos costos de producción cuando se trata de incorporar valor agregado a lo que se exporta e incluso se vende dentro de fronteras.
El punto clave, además, es que en esta década de escenario mundial favorable para estos productos primarios, los ingresos adicionales no se han volcado a la inversión en infraestructura y reconversión de la economía para promover fuentes de trabajo con un valor agregado indispensable en tecnología, mano de obra calificada y consecuente mejor precio final, dado a que a través del Estado al mismo tiempo se ha aumentado el gasto por encima del adicional de la recaudación, al punto de que ha crecido el déficit fiscal pese a estos mayores ingresos que ha recibido el país.
Esta coyuntura se le presentará al próximo gobierno, que si tiene buen tino, deberá encarar un ajuste en las cuentas, como en toda economía doméstica, para no seguir acumulando déficit.