Locales | 31 Ago La venta de combustibles fuera de expendios autorizados --que son solamente las estaciones de servicio-- está prohibida, pero la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) actúa solo frente a denuncias concretas, según dijo a EL TELEGRAFO el presidente del organismo, Daniel Greif.
“Los puestos de venta tienen que estar registrados, y en ese caso tienen que cumplir con toda la normativa y la reglamentación existente, y solamente puede ser una estación de servicio”. Preguntado sobre si bajo ciertas características se puede tener un expendio de nafta en una casa particular, dijo enfáticamente que “no, no se puede. Es un combustible peligroso y requiere ciertos cuidados y exigencias que están en la normativa”. Aclaró que “hay algunos casos especiales para consumo propio, por ejemplo en establecimientos rurales, pero no se puede comercializar”.

DENUNCIAS DE VECINOS
El ingeniero civil Greif reconoció que hay reventa ilegal de combustibles. “Es cierto, lo venimos controlando y tuvimos algunas acciones que implicaron la participación de la policía. En esos casos, actuamos frente a denuncias, no tenemos un equipo de inspección. Además, por la lógica que tienen los mercados informales y en particular con el tema de los combustibles, que tienen un aspecto de seguridad --donde están involucrados tanto en el supergas como en los combustibles líquidos--, no es sencillo. Se trata de formalizar todo lo que se puede, pero lo que queda afuera de la formalidad es difícil de ubicar y lo mejor es trabajar en base a denuncias, y tratar que formalice o que cierre”. En algunos casos, “se trabaja con la informalidad a través de políticas sociales, educación, y a veces obligando a que no la ejerza o que la formalice”.
Las denuncias recibidas por la Ursea no son de las estaciones de servicio ante la duda de qué hará el cliente con tanto combustible, sino que “son denuncias de vecinos que lo ven como un riesgo y en ese caso actuamos, inspeccionamos y les notificamos que no pueden comercializar, y si continúan quedan expuestos a que se pase a la Justicia Penal, porque es un delito”. Agregó que “administrativamente nosotros podemos poner multas, pero esos casos no se resuelven con multas, y lo que queda es advertirles que se pasará a la Justicia y actuar con la fuerza pública y confiscar lo que sea utilizado para la comercialización. Esas son las sanciones que podemos aplicar (confiscar y denunciar) porque lo importante es que no siga ejerciendo una actividad peligrosa”.

PAYSANDÚ Y SALTO
La mayoría de las denuncias que han recibido “han sido en Paysandú y Salto por el tema de la diferencia de precios con la venta de nafta con tarjetas, que cuando aparecieron generó ese incentivo de pagar con tarjeta y ganar esa diferencia del 24%, sobre todo para el que pone nafta en una moto y paga al contado. Con ese sistema se generó una condición para ese mercado informal”.
La medida que se adoptó por parte de la Dirección General Impositiva para minimizar esas situaciones fue la de “topear” la venta de combustibles con tarjeta, ahora fijada en algo más de dos mil pesos por cada vez que se pone y por día, y no más de 130 litros mensuales, y “lo que nosotros hemos hecho es sancionar al abastecedor (la estación de nafta) que está abasteciendo a una persona para la distribución en bidones. Si lo ubicamos primero le advertimos que no lo puede hacer y podemos llegar a sancionarlo por la cantidad que le vende y la modalidad, que es generalmente en bidones”. Consultado sobre si hay registros de accidentes, incendios o explosiones en casas donde se vende nafta informalmente, Greif dijo que “hasta ahora no sucedió, pero es un riesgo que está latente. Hemos encontrado un caso donde tenían un freezer que no funcionaba lleno de botellas con combustible, en una casa que había gurises en la vuelta y había también un pequeño comercio adelante; era como parte de otras actividades.
Pero la convivencia con los vecinos y el barrio generaba potencialmente un problema grave”. Afirmó que “las veces que se ha actuado ha sido en forma eficiente, pero en la medida que recibimos la denuncia” y en los últimos meses “no hemos recibido ninguna, pero recuerdo que el año pasado sí hubo de Salto y Paysandú y actuamos”.