En el planteo a presidenciables de la expo prado

Rurales | 31 Ago A través de un documento conjunto llamado “Aportes al nuevo gobierno 2015”, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR) solicitan la derogación de las leyes de inclusión financiera, de responsabilidad penal del empleador, del Impuesto al Patrimonio, de minería de gran porte y de Responsabilidad Laboral en los Procesos de Descentralización Empresarial. Además, las dos gremiales del campo reclaman mantener un régimen cambiario flexible, el equilibrio fiscal, simplificar y modernizar el sistema impositivo y delinear un programa de inversión en infraestructura.
En el marco de un año de elecciones nacionales, los presidenciables estarán presentes en la Expo Prado que comienza el próximo miércoles, no solamente con su visita, sino además a través de un espacio en el que el sector privado podrá realizar preguntas el viernes 12, a partir de las 9 horas.
La charla se titula “Forjando el porvenir: La agenda económica 2015 en adelante” y los disertantes serán Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez. Esta charla es organizada por la Asociación Rural del Uruguay, las cámaras de Industrias del Uruguay, Mercantil de Productos del País, y Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, y la Federación Rural.
“La Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural asumen, como lo han hecho a lo largo de su accionar institucional histórico, el compromiso de reivindicar aquellas condiciones que son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de nuestra ruralidad”, sostienen a través de un comunicado en conjunto.
Uruguay, en su sector agropecuario, “ha experimentado importantes cambios en los últimos años, colaborando eficientemente con el crecimiento de los saldos exportables del país, el desarrollo de su entorno, diversificando sus producciones, incrementando su productividad, mejorando los niveles de vida de todos los agentes directa o indirectamente vinculados con el mismo y de la sociedad en su conjunto”.
Aseguran que para posibilitar el mantenimiento de una evolución positiva hacia el futuro, es imprescindible mantener un marco social y económico que favorezca la acción del capital productivo y humano del país, superando con la acción conjunta de todos los agentes los inevitables problemas coyunturales que nos puedan afectar. En este sentido, las gremiales rurales históricas entienden necesario, a los efectos del bien colectivo, manifestar a sus

INSTITUCIONAL ECONÓMICO
En lo institucional, “respetar firmemente el sistema democrático republicano establecido en nuestra Constitución, manteniendo especial observancia de los derechos y obligaciones imperantes para gobernantes y gobernados, la estricta vigencia de la separación e independencia de los poderes del Estado y el compromiso con los objetivos superiores de la nación”.
“Respetar sin excepciones ni excusas principios constitucionales fundamentales como el derecho de propiedad privada, el de libertad de trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita; oponiéndose firmemente a toda aquella iniciativa que pueda generar en definitiva, pérdida de libertad”, añaden.
En lo económico, “gestionar el Estado de tal forma que cumpla sus roles eficientemente, sin significar una traba al desarrollo de la economía en su conjunto, promoviendo políticas de acceso a mercados, conjuntamente con el sector privado, de modo de reducir la vulnerabilidad externa. Respetar las políticas de equilibrio fiscal en el largo plazo, limitando así su incidencia en la fijación de la tasa interna de interés y, por lo tanto, en el nivel de inversión”.
Además, “mantener un régimen cambiario flexible que respete las variaciones en el tipo de cambio real de equilibrio, de forma de no afectar la competitividad de los sectores productivos y en particular los exportadores”. También “mantener vigente el cumplimiento de los objetivos delineados en la presentación de la reforma tributaria de 2007: Incremento en la equidad de la distribución del ingreso disponible; simplificación, racionalización y modernización del sistema de impuestos; eficacia en la recaudación; e incentivo a las inversiones”. Reafirmar, con relación al agro, “lo establecido en la mencionada reforma tributaria fijando como base de tributación la renta real, neta o bruta, de los establecimientos, eliminando impuestos específicos o ciegos que tanto distorsionan la actividad productiva”.
“Asegurar el libre juego de la oferta y la demanda en precios de productos e insumos, no limitando arbitrariamente exportaciones o importaciones, ni modificando el entorno, distorsionando el funcionamiento del mercado y afectando, fundamentalmente, los eslabones más débiles de la cadena. Actuar evitando y controlando monopolios, oligopolios, monopsonios u oligopsonios, públicos o privados, garantizando las mejores condiciones para la libre competencia y transparencia de los mercados. Asegurar que en insumos y servicios básicos para la producción se verifique la vigencia de precios internacionales evitando distorsiones en la competitividad del país”.
Infraestructura y educación
Referido a la infraestructura, “programar un sistema de inversiones en carreteras, caminería en general, ferrocarriles, vías férreas y adecuación de los puertos para la colocación de la producción uruguaya en los mercados externos, haciendo uso de los recursos que dispone el Estado, de líneas internacionales de crédito y de los acuerdos públicos privados de forma de evitar que en un futuro cercano se llegue a un ‘apagón logístico’”.
En lo social, las gremiales reclaman que se facilite “el acceso de la población rural a la educación y a la capacitación específica, en particular atendiendo la adolescencia en su etapa de educación media, ofreciendo alternativas válidas en la formación para los oficios con base técnica, concomitantemente introducir cambios en los programas formales que dignifiquen y hagan conocer la ruralidad del país. Priorizar el gasto público dirigido a las mejoras en la atención de la salud pública en el Interior, facilitando y acercando el acceso de la población rural a los avances de nuestro tiempo, en igualdad de condiciones que el resto de los habitantes del país”. Además, “apoyar la acción de Mevir ayudando al acceso de los trabajadores rurales a una vivienda digna en las cercanías de los lugares de empleo”.
En materia de seguridad rural, “propulsar la sensibilización del Poder Judicial, intendencias departamentales, Ministerio Público y Fiscal, ministerios del Interior, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria y Energía y de Salud Pública, DGI e INAC a los efectos de prevenir, perseguir y sancionar todo tipo de delitos contra las personas, sus familias y sus bienes.
A través de una actuación conjunta y coordinada entre dichas instituciones, con el apoyo del Poder Legislativo sancionando normas más efectivas y severas, se promueva entre otros, el combate real al flagelo, en aumento, del abigeato”.
En lo ambiental, se refieren a la minería de gran porte: “Las gremiales rurales históricas consideran que dichos emprendimientos no deberían llevarse a cabo hasta tanto no se cuente con las garantías ambientales imprescindibles.
Su ejecución puede poner en peligro la salud humana y la identidad del país como productor y exportador de alimentos saludables, seguros y confiables”. En cuanto a la sustentabilidad de la producción, reclaman “promover acciones y políticas que ayuden al crecimiento productivo basado en el equilibrio de los recursos ambientales, sociales y económicos, pilares indiscutibles del desarrollo en el largo plazo.

DISCREPANCIAS
Respecto a las discrepancias legislativas a considerar, indican que en los últimos períodos legislativos se aprobaron leyes que, oportunamente, las gremiales rurales argumentaron su posición contraria por considerarlas negativas para el sector y por ende para el país. “Por consiguiente nuestras instituciones entienden necesario derogar, entre otras, las siguientes normas legales: ley Nº 19.210 Inclusión Financiera; ley Nº 19.196 Responsabilidad Penal del Empleador; ley Nº 19.126 Actividad Minera de Gran Porte; ley Nº 19.088 Impuesto al Patrimonio y leyes Nº 18.251 y 18.099 de Responsabilidad Laboral en los Procesos de Descentralización Empresarial”, concluyen.