Opinion | 28 Ago Desde hace algunos días Uruguay cuenta con una nueva Ley de Turismo, que representa una puesta al día para la actividad de un sector de la economía nacional que en los últimos años ha tenido gran desarrollo y dinamismo.
La nueva ley, aprobada con el respaldo de todos los partidos con representación parlamentaria, establece los principios fundamentales de la actividad y la declara de interés nacional. Incorpora, además, el consejo nacional del sector, el fondo de fomento y los centros de conciliación.
En lo que respecta a avales, el proyecto fue enviado al Parlamento con el apoyo explícito del sector privado en abril de 2013 y fue elaborado por funcionarios del ministerio, en particular del área jurídica, en consulta con los operadores nucleados en la Cámara Uruguaya de Turismo.
La normativa modifica la ley de Turismo, Nº. 14.335 aprobada en 1974, que --tal como señaló la ministra de Turismo, Liliam Kechichian-- “no contemplaba los enormes cambios que la actividad había tenido en los últimos 30 años en el mundo”.
En concordancia con lo que la Organización Mundial de Turismo (OMT) promueve desde 1980, la nueva norma reconoce al turismo como un derecho humano, algo que Uruguay aún no había incorporado a su normativa.
Además, incluye facilidades que se introducen para estructurar el Sistema Nacional de Turismo Social e incorpora modificaciones de procedimientos que tienden a facilitar los trámites administrativos y la desburocratización de las gestiones para el Ministerio y los operadores turísticos, definiendo las nuevas modalidades de turismo.
Los centros de conciliación turística representan una figura novedosa para el país y su labor será sustancial en la medida que permitirán facilitar la conciliación entre las partes ante reclamos y quejas entre visitantes y prestadores de servicio, algo importante en una época en que la tecnología se ha metido en el negocio y, por ejemplo, cada vez más se reservan y venden paquetes turísticos por Internet. En este sentido, dichos centros permitirán que turistas y operadores solucionen rápidamente cualquier diferencia que pueda surgir.
La instalación de un Consejo Nacional de Turismo con carácter asesor y honorario e integrado por representantes de los sectores público y privado, así como la creación del Fondo de Fomento del Turismo --que administrará el Ministerio y habilita a establecer proyectos conjuntos con el sector privado, incluidas obras de infraestructura turística-- significan también interesantes incorporaciones.
En definitiva, contar con una nueva ley que permitiera acompasar los cambios surgidos en el sector era algo necesario y permitirá tener un marco de referencia claramente definido para el desarrollo de las distintas actividades vinculadas en el turismo, que en Uruguay genera unos 95.000 puestos de empleo y tiene un impacto del 6,5% en el PBI. No es poca cosa.