Opinion | 30 Ago Aunque el presidente José Mujica anunció con tono triunfal --haciéndose eco de expresiones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, vertidas en comisión legislativa-- que la Justicia brasileña cerró la posibilidad de juicios laborales de exempleados de Varig en Brasil contra Pluna, por lo que consideró acertada la medida de cierre intempestivo de Pluna, datos divulgados sobre potenciales litigantes difieren sustancialmente con la ola de juicios que el gobierno había argumentado en su momento como uno de los motivos para el cierre traumático y quiebre de la empresa, con pérdidas estimadas en unos 300 millones de dólares.
Es que en el tema Pluna hay mucho paño para cortar y tantos puntos oscuros y contradictorios que indican que no solo se fue desprolijo en todo el proceso en los dos últimos gobiernos, --como corolario de anteriores situaciones en las que también se perdió mucho dinero por el Estado para mantener una aerolínea de bandera nacional-- sino que lo que es mucho peor, hubo ocultamiento de procedimientos, de gestiones y de reuniones secretas, hasta desembocar en un remate fraguado y posteriores acciones irregulares que culminaron con los procesamientos del exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco de la República Fernando Calloia.
A partir de documentación del estudio brasileño Magalhaes e Pacobahyba, que defendía a Pluna en los juicios laborales que se le entablaron en Brasil por responsabilidad solidaria por haber estado asociada con la desaparecida Varig, se supo que los juicios solo eran 191 y que si se hubiesen perdido todos, las obligaciones para Pluna no hubieran pasado de los 15 millones de dólares.
Esta cifra contrasta rotundamente con los anunciados 7.000 juicios y 3.500 millones de dólares que el gobierno de Mujica anunció en julio de 2012 que se cernían sobre Pluna, y que se argumentó para iniciar todo el proceso de liquidación de la aerolínea.
Sobre este tema el candidato presidencial colorado exhibió documentación que le fue suministrada en Brasil confirmando estos elementos, y señaló rotundamente que lo asegurado en aquel momento por el gobierno equivale a una confesión pública de que la quiebra fue fraudulenta porque los directores del Estado actuaron en función de los intereses de éste y no de la sociedad anónima. “Eso va contra las normas del derecho concursal y comercial. Están reconociendo que utilizaron a una sociedad anónima independiente con una finalidad espuria”.
Es que más allá del fragor de la contienda electoral, que siempre tiende a generar distorsiones, estamos ante documentos y hechos que indican que nunca se estuvo ante la posibilidad de 7.000 juicios y que este argumento para acelerar un proceso plagado de irregularidades nunca fue ni remotamente confirmado, tratándose de una perla más en el largo collar de hechos y decisiones que se precipitaron con el resultado de enormes pérdidas el país.