Opinion | 02 Sep Cuando hace 18 años se crearon las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP) a través de la reforma de la seguridad social instituida en 1996, ello fue parte de una respuesta que dio el sistema político a una situación de creciente deterioro de la situación del Banco de Previsión Social, que en el mediano plazo seguramente llevaría a una inviabilidad y por ende estaba en riesgo de colapsar, en perjuicio de los futuros pasivos.
Las AFAP funcionan a través de una cuenta bancaria en la que el trabajador deposita sus aportes a efectos de obtener interés y contar con un retiro seguro, por lo que su suerte está atada a la rentabilidad de estas administradoras, que al final de su vida activa le devuelven sus aportes para un mejor pasar. Los fondos de las AFAP, a la vez, son por lo tanto una fuente posible de recursos para volcarlos a la inversión que resulte de la mayor ventaja posible para sus dueños, los trabajadores, y durante años, desde estas páginas, hemos planteado la necesidad de volcar buena parte de estos fondos a financiar proyectos concretos en beneficio directo del país y de los propios trabajadores, como podría ser la construcción de viviendas y financiación de inversiones de interés general, para desviarlos de la mera especulación financiera y para lo cual se habilitó hace un tiempo una ley por el propio gobierno del Frente Amplio.
El punto es que las AFAP cuentan con un ahorro de unos 5.500 millones de dólares disponible para financiar proyectos, pero éstos todavía no han aparecido, al punto que la gerente general de Unión Capital, Ec. María Dolores Benavente, señaló a El País que “antes no hacíamos las inversiones porque éramos pobres. Ahora somos pobres porque no hacemos las inversiones. Los recursos están, faltan los proyectos”.
Por supuesto, el contar con fondos para reciclar riqueza sería la mejor inversión posible para los propios trabajadores, es decir para sus aportes, desde que al propiciar fuentes de trabajo se minimiza la posibilidad de que el trabajador quede por el camino sin empleo y pierda los depósitos, a la vez de asegurar una mayor rentabilidad para su dinero a través de las ganancias adicionales.
Empero, hasta ahora esa posibilidad había quedado en la nada debido a que el dinero debe necesariamente contar con garantías de retorno, a la vez de existir un severo condicionamiento para el uso de este dinero a través de las normas que regulan el funcionamiento de las AFAP.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de promover una ley, que está en vigencia, modificatoria de los topes contra la rigidez de la tramitación de inversiones, que son los dos aspectos que han limitado el manejo de los capitales acumulados en las AFAP. Ocurre que las administradoras desde su creación han estado limitadas por los topes impuestos a sus inversiones en actividades empresariales como por las dificultades normativas para obtener autorización para invertir.
Lamentablemente, este instrumento no ha sido acompasado hasta ahora por el planteo del Poder Ejecutivo para financiar proyectos, como lo señala la gerente de Unión Capital, y en la misma línea la directora de República AFAP, Jimena Pardo, dijo que hoy “el sistema en el conjunto tiene invertidos unos 900 millones de dólares, pero una parte pequeña está destinada a proyectos productivos. El marco normativo es el adecuado y en la medida en que el estudio técnico y el instrumento financiero lo permitan las AFAP están dispuestas a invertir. Lo bueno es que hoy no hay una limitación de fondos porque la disponibilidad excede cualquier proyecto que se propone”.
A su vez Gonzalo Falcone, de SURA AFAP, consideró que “este podría ser un círculo virtuoso porque la inversión en infraestructura baja costos, genera accesibilidad al empleo y por consiguiente más aportes para las pensiones. Por eso para las AFAP el instrumento es ideal, porque además calza los tiempos de ejecución con la rentabilidad a mediano y largo plazo que se necesita. Además permitiría diversificar el portafolio de inversiones, hoy muy concentrado en deuda pública”.
Y en un país que necesita grandes inversiones en infraestructura, es un contrasentido que se cuente con instrumentos como la ley de PPP (participación público privada), y que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, justificara la ausencia de proyectos de infraestructura por defectos de este instrumento legal, al que consideró lento y con “demasiados requerimientos”, por lo que anunció que se harán modificaciones a esta ley, como forma de promover las inversiones hasta ahora ausentes.
Por lo tanto, hay dinero en las AFAP, hay necesidades de infraestructura a satisfacer, pero los proyectos no aparecen. Y si bien siempre la premisa es la de minimizar el riesgo para los dueños del dinero, que son los trabajadores, debe primar el suficiente sentido común como para tratar de embarcarse en financiar proyectos que signifiquen un reaseguro de las fuentes de trabajo, porque de otra forma lo que se termina haciendo es financiado burocracia estatal, a través de los bonos de deuda pública que compran las AFAP, porque eso sí pueden hacer --y de hecho es en lo que “invierten”--.