Opinion | 04 Sep La problemática de la inseguridad todavía no se ha instalado fuertemente en la campaña electoral de cara al 26 de octubre, pero es un elemento que está presente en las evaluaciones, propuestas y críticas de los dirigentes políticos de todos los partidos, en el caso del oficialismo frenteamplista para defender lo que se ha hecho y lo que no en los dos últimos gobiernos en esta área, y en los partidos de oposición con fuertes críticas --también de la población naturalmente-- y con algunas propuestas que apuntan a abordar el tema desde ángulos que pasan por las antípodas de la tolerancia y la inacción que ha manifestado muchas veces la coalición de izquierdas.
Por supuesto, no hay verdad absoluta respecto a cómo se debe combatir la delincuencia que atenaza y condiciona a la población en sus hogares, en la calle, en cualquier lugar público, a pie o en vehículo, pero seguramente ningún ciudadano, por encima de ideologías y la inclinación partidaria que tenga, puede estar indiferente a todo lo que se proponga o haga al respecto, y sobre todo a la necesidad de que las respuestas sean de fondo y radicales, ante la gravedad de la situación.
Más allá de la propuesta de reforma constitucional de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, promovida por el Partido Colorado y el sector herrerista del Partido Nacional, hay un alineamiento de la población que no responde necesariamente a la postura de cada partido, porque es una problemática que responde al pensamiento y situación de cada uno, y no puede extrañar que aunque ha ido decayendo en las encuestas ante una fuerte ofensiva del grupo de “No a la baja”, por lo menos el 50 por ciento de la población está dispuesto a votar por el cambio, pese a los argumentos de que esta baja ya está recogida por la ley y no se necesita por lo tanto una reforma constitucional.
Pero lo que seguramente no ha asumido todavía el sistema político, sobre todo quienes no coinciden con la reforma, es que más que una reforma constitucional, se trata de un mensaje directo de los uruguayos al sistema político, del “hagan algo” para contener a los menores que roban, agreden, asesinan, violan, y tienen un alto grado de impunidad por las leyes vigentes.
En el caso del candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez, se da un caso curioso: durante su gobierno tuvimos ministros del Interior nefastos, como el Dr. José Diaz, con la ley que liberó centenares de presos porque había “hacinamiento” y se violaban derechos humanos, por lo que era mejor tenerlos en la calle que en prisión (¿?).
En la misma línea se desarrolló la gestión de Daisy Tournée, en todos los casos priorizando la situación de los delincuentes antes que la de la población, en tanto ante el proceso manifiesto de auge de la delincuencia, la gestión del actual titular Eduardo Bonomi ha intentado poner en práctica otra mirada, pese a no perder las raíces, reconociendo que puede que la delincuencia no solo tenga raíz social, sino que también haya otros valores por ahí. Por lo tanto no puede perderse de vista la necesidad de equipar a la policía, darle instrumentos para responder a esta exigencia, y que la represión se necesita, aunque se sigue rechazando la reforma constitucional de la baja de la edad de imputabilidad.
Un ingrediente que plantea un elemento nuevo en el debate es la incorporación del exministro del Interior Dr. Daniel Borrelli como integrante del equipo de Vázquez y asesor en materia de seguridad, tratándose de un profesional de formación jurídica que actuó durante los gobiernos de Jorge Batlle pero que podría ser parte clave del equipo en esta área de Vázquez en caso de ser ungido nuevamente presidente de la República, y quien precisamente promueve acciones que distan un abismo de las que hasta ahora ha llevado adelante el Frente Amplio en sus dos gobiernos.
Según ha trascendido, la presencia de Borrelli respondería en mayor medida a la afinidad personal con el expresidente --ambos son masones-- que a afinidades político-ideológicas, pero igualmente vale para ratificar su pensamiento en base a la experiencia vivida en su cartera.
Entiende Borrelli, en reportaje que publica el semanario Búsqueda, que “madurar en el Poder Judicial hace que uno no tenga ideología política determinada”, y la vez “se críe con un norte que fue la Constitución de la República y dentro de eso con una profunda vocación por el derecho penal desde el punto de vista de la prevención y la represión, no de la defensa del delincuente”.
Tras señalar que un elemento revulsivo en la delincuencia es el crecimiento del narcotráfico, considera que el consumo de pasta base es el detonante de la mayoría de la delincuencia, “de la inseguridad de los barrios. Hoy ya dejó de ser seguro cualquier barrio”, y dijo que de ejercer un cargo de seguridad en el próximo gobierno adoptaría medidas como “mucha presencia policial en la calle”, para “prevenir mediante la disuasión”, a la vez que considera que es preciso “potenciar la Guardia Republicana”, como promueven algunos candidatos de la oposición.
Consultado respecto a que en buena parte de la izquierda uruguaya persiste un fuerte cuestionamiento a la represión, reafirmó que “si uno quiere atacar la inseguridad, uno de los factores es la represión, no queda otra”, en tanto proclamó que “como juez siempre defendí la idea de proteger a la víctima y luego reprimir con fuerza. Cuando era juez, desde las propias filas de la izquierda se me decía represor. Cuando el delito se comete, ya hay una víctima y esa persona queda con un trauma”.
Ahora, la interrogante que se plantea, con gran lógica por el ciudadano común, es si en un eventual gobierno de Vázquez primaría la “visión Díaz” de victimizar a los delincuentes, o la de Borrelli, con marcado énfasis en la represión y la tolerancia cero.