Nacionales | 04 Sep Los dueños de las estaciones de servicio votaron anoche la realización de un paro de actividades los días 29 y 30 de setiembre. Esta sería la primera vez que las estaciones de servicios cierran sus puertas, dijeron fuentes del sector a El País.
La medida cuenta con la aprobación de más del 50% de las estaciones que componen la gremial de propietarios que están ubicadas en el interior del país, excepto Canelones. Consultado sobre la medida, el presidente de la Unvenu, Daniel Añón, dijo que “la paramétrica o cálculo del margen de ganancia está en juicio y la cantidad de costos nuevos” como “seguridad, uso de las tarjetas, aumento de mano de obra”.
Añón añadió que los estacioneros mantuvieron contacto con las autoridades de Ancap desde principios de año; sin embargo, a partir de junio “ni nos han llamado”, expresó.
A principios de este año, más de 120 estaciones de servicio se pusieron de acuerdo en presentar una demanda contra Ancap ante la Justicia. El diferendo entre los estacioneros y la empresa pública surgió luego de la aplicación de una nueva paramétrica a partir de este año sin tomar en cuenta una serie de costos exigidos por los empresarios. El año pasado se realizó un relevamiento entre la Unvenu y técnicos de Ancap en 52 estaciones de servicios de todo el país a efectos de establecer el impacto de otros costos no incluidos en la paramétrica que afectaban la bonificación de las empresas. Luego de ese relevamiento se creó una comisión conformada por representantes del ente y la gremial para determinar cómo poder incluir esos costos en la paramétrica.
Sin embargo, Unvenu sostuvo que Ancap no tomó en cuenta esas variables y para el cálculo que se aplica, solamente incluyó el ajuste salarial de los trabajadores de las estaciones de servicios que rigió a partir de enero.
A fines de marzo, una asamblea de la gremial resolvió reclamar al directorio del ente que disponga la inmediata corrección de los errores de cálculo cometidos en varios rubros que conforman la fórmula de la paramétrica en base a la cual se determina el precio de comercialización de combustibles a las estaciones de servicios. Los comerciantes indicaron que de no revertirse el “progresivo deterioro de la rentabilidad del sector, consecuencia directa de las medidas unilaterales tomadas por Ancap, la Unvenu deberá poner en marcha una batería de medidas” con el objetivo de “salvaguardar” la economía de las estaciones.

REDUCCIÓN DE BRECHA SOCIAL, SEGÚN MIDES
Entre 2006 y 2013 en Uruguay, casi 700.000 personas dejaron la pobreza, el ingreso por persona creció 47 %, se crearon 221.000 empleos, aumentó la asistencia a la enseñanza en todos los tramos, la mortalidad infantil bajó de 11,8 por 1.000 nacidos vivos a 9 por 1.000 y la cantidad de asentamientos mermó 11 %, según un análisis del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
El secretario de Estado señaló que el informe “Revisión de indicadores básicos de desarrollo social 2006-2013” representa y explica el logro de los cambios concretados en derechos humanos desde la perspectiva socio-cultural en este país de 3,3 millones de habitantes. El documento presentado en la ocasión se centra en seis indicadores: ingreso y pobreza, trabajo, educación, tecnología, vivienda y salud. La cantidad de personas en situación de pobreza fue en 2013 la tercera parte de la registrada en 2006, lo cual equivale a unas 697.000, una declinación que se verifica en todos los departamentos del país, al igual que en zonas urbanas y rurales y para todos los tramos de edad.
En el caso de los menores de 18 años, la reducción fue de 50 % a 21 % del total de personas en esa franja etaria en el período estudiado. Antes uno de cada dos niños y adolescentes era pobre y ahora uno de cada cinco lo es. En cuanto a la indigencia, en 2013 representa la quinta parte de lo que era en 2006, por lo cual se puede decir que está casi erradicada, sostuvo Olesker.
La relación entre el departamento que tenía más pobreza respecto del que tiene menos también se reduce de modo constante. Artigas registró en 2006 el mayor índice de pobreza del país, a razón de 30 % más que el departamento que tenía menos, que era Maldonado, mientras que en 2013 esa situación se redujo a 17 %. Se puede decir que la brecha entre los extremos se redujo a la mitad, dijo.
En materia de ingresos, el promedio por persona creció 47 % entre 2006 y 2013, mientras que el laboral promedio aumentó 31 %. En esta materia también se verifica un igual desempeño en todos los departamentos del país.

COMIENZA DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES DE FONASA
El Banco de Previsión Social (BPS) realizará ente el 22 y el 26 de setiembre la devolución de aportes excedentarios al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
El calendario establece que el primer día podrán efectivizar el cobro las personas cuyo documento de identidad tenga como último dígito post guión 0 y 1.
El día 23 corresponderá a documentos terminados en 2 y 3, el día 24 a los dígitos 4 y 5, el día 25 a los dígitos 6 y 7; y el día 26 a los documentos terminados en 8 y 9.
Las personas que tengan saldos podrán cobrar en las redes de pagos habilitadas, previa presentación de la cédula de identidad. El BPS brindará información en su página web y vía telefónica. Desde el miércoles 10 de setiembre, se podrá consultar si se tiene o no devolución, y en caso positivo saber el monto.
Este año serán unas 117.700 personas las que recibirán devoluciones por un total de $ 1.930,6 millones.

MAGISTRADOS PEDIRÁN CÁMARAS EN CASAS DE JUECES
La Asociación de Magistrados del Uruguay solicitará una audiencia con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a raíz de lo ocurrido con la jueza Julia Staricco, a quien le balearon su casa e hirieron a uno de sus custodios, informó a El País el juez Rolando Vomero, presidente de la Asociación de Magistrados.
Entre otras medidas, los magistrados solicitarán al ministro que coloquen cámaras de seguridad en los domicilios de los jueces, indicó. En un comunicado, la Asociación de Magistrados “repudia enérgicamente el atentado de que fuera objeto” el martes 2 de setiembre, “la señora jueza Letrada en lo Penal Dra. Julia Staricco, que violenta el Estado de Derecho y socava las bases del Sistema Republicano Democrático de Gobierno, al poner en riesgo el pilar institucional fundamental para el resguardo de los derechos y garantías ciudadanos”.
Además, los magistrados reclaman “de las instituciones gubernamentales pertinentes el máximo refuerzo de la seguridad personal y laboral de los señores jueces y sus familias, en protección de su propia integridad y la del sistema jurídico vigente, base de nuestra institucionalidad y garante de la misma”.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que “hay distintos actores de la Justicia que tienen custodia” aunque no quiso especificar cuántos.
Según Bonomi, el balazo al custodio de la jueza Staricco está más relacionado con “ladrones de autos” que con un atentado a la magistrada ya que, dijo, “realizar algo contra la persona que sería el blanco no tiene nada que ver con actuar contra la custodia, que es el que está preparado para repeler la agresión”. El ministro insistió: “Lo que hicieron fue lo más riesgoso por saber que quien estaba adentro del auto eran policías”.