Locales | 06 Sep Tras la polémica decisión de dejar fuera de su banca al edil Gustavo Bonifacio, la edila Liliana Geninazza, coordinadora de la bancada del Frente Amplio, sostuvo que “está establecido en la Constitución que si alguien violó una reglamentación hay un tribunal y ese es el Senado de la República, pero lamentablemente los integrantes de la bancada del Partido Nacional se creen que son jueces”. “Indudablemente hay una posición de la bancada oficialista que esperemos que recapacite porque si no va a ser muy difícil este último año que nos queda” del quinquenio de gobierno departamental, agregó.
Empero la edila frenteamplista destacó “la forma en que actúa el presidente (Francis Soca del Partido Nacional). Es un presidente que procede muy bien, es imparcial y muy componedor, pero tal vez los coordinadores de la bancada nacionalista no tengan mucha fuerza dentro de ella porque salieron con una propuesta y luego resulta que entran del cuarto intermedio para dar vuelta su posició”.
“La verdad que con el coordinador de la bancada del Partido Nacional, edil Bartolo Silva y con el mismo presidente del cuerpo habíamos acordado otra cosa, pero lamentablemente jugaron otros poderes en la sala, ya que teniendo ediles tan tercos es muy difícil negociar, ya que lo acordado era el pase a comisión del tema, como ya ha ocurrido en otras ocasiones y si allí se considera necesario el juicio político, vuelve a sala informado para que --una vez votado por el plenario-- siga el debido proceso, pero no proceder en esta forma en que se actuó”.
En sala, Geninazza expresó que “por suerte nuestra Constitución tiene determinadas precauciones que impiden que una mayoría automática pueda arrasar con una minoría. Para eso se establece la forma de sancionar a un edil, que no es un funcionario y está puesto por el voto popular, por lo que otras personas que están puestas en su misma calidad no pueden expulsarlo”.
“Por lo que si se considera que hay una violación constitucional por parte de nuestro compañero Bonifacio, debería seguirse lo establecido constitucionalmente: votar un juicio político y que el tribunal que corresponde, que es la Cámara de Senadores, así lo establezca. En esta o en ninguna otra circunstancia en este país se va a ejecutar a alguien sin el debido proceso”.

OPERATIVO DE DISTRACIÓN
En intervención durante el tratamiento del tema, el edil frenteamplista Walter Duarte sostuvo que “se ha montado un operativo de distracción para no discutir el fondo del problema, que es que hay gente que puede ir a la calle y que hay que buscar una alternativa razonable en un plazo también razonable”.
“Es cierto que nunca debieron estar ahí --acampados permanentemente en Termas de Guaviyú-- pero hoy esa situación está y no nos podemos permitir que esa gente quede en absoluto desamparo. Además, la Junta Departamental nunca se ha negado a pasar un tema a comisión para que estudie y acompañe una solución humanamente razonable. Este es un precedente muy malo porque acá lo que se está pidiendo, entre otras cosas, es que una comisión que tiene competencia en temas sociales, estudie esta situación. Pero acá funcionan las manos de yeso y quien tiene la mayoría las hacen valer”.
Por su parte, Luis Lopardo refirió “al fusilamiento público del edil Bonifacio, hecho en forma ilegal por este cuerpo; se está violando el artículo 296 de la Constitución de la República. Quiero saber quién se va a hacer cargo. Del artículo 292 se hizo cargo Bonifacio, de este otro no sé quién se responsabilizará”.
En tanto Enrique Malel dijo que hay precedentes: “Lo de nuestra compañera Patricia Volpe también constituyó una grave violación a la Constitución de la República. Dijimos y lo vamos a repetir por si hay alguna duda: la Ley Orgánica Municipal interpreta la Constitución y dice que un tercio de los ediles (11 votos) acusa ante la Cámara de Senadores y es ésta la que destituye al edil, cargo electivo que no podemos decidir acá porque es una inconstitucionalidad de las más grandes”.