Nacionales | 01 Sep La Cámara de Senadores votará mañana martes las modificaciones impuestas en el Código del Proceso Penal (CPP), uno de los reclamos más importantes del sistema judicial, en tanto establece que los juicios penales pasarán a ser orales, públicos y serán los fiscales quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y dirigir las indagatorias. Posteriormente el juez, en base a la opinión del fiscal y del defensor, resolverá el caso.
Hoy el juez dirige la investigación y además resuelve, lo que constituye --según los actores judiciales-- una paradoja. Otra novedad que plantea el proyecto es que el procesado permanecerá en libertad hasta el momento de la sentencia, ante lo cual solo a excepción de delitos graves, quedará en desuso la figura de la prisión preventiva. Además, plantea la creación de cargos de jueces que tendrán a su cargo los expedientes hasta el procesamiento y otros que asumirán competencia para el dictado de la condena. En la actualidad, el mismo juez dicta sentencia y hace el seguimiento de la ejecución de la condena.
En la última visita a la estancia de Anchorena, el 26 de julio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia le pidieron al presidente José Mujica que aprobara el CPP en esta legislatura, porque de lo contrario debería presentarse el proyecto en la próxima legislatura. El actual CPP generó críticas de parte de todo el sistema judicial y uno de los pronunciamientos más duros estuvo a cargo del fiscal de Corte, Jorge Díaz.
“Nuestro proceso penal no respeta los derechos de los ciudadanos”, dijo durante la apertura de un seminario sobre la nueva ley del CPP, dirigido a jerarcas policiales y magistrados.

AFAP PIDEN PROYECTOS PARA INVERTIR US$ 5.500 MILLONES
Los partidos políticos en campaña electoral coinciden en señalar que la falta de infraestructura es el cuello de botella que amenaza el crecimiento del país, al tiempo que las AFAP están listas para invertir US$ 5.500 millones pero los proyectos no aparecen.
“Antes no hacíamos las inversiones porque éramos pobres. Ahora somos pobres porque no hacemos las inversiones. Los recursos están, faltan los proyectos”, dijo a El País la gerente general de Unión Capital, María Dolores Benavente. Jimena Pardo, directora de República AFAP y Gonzalo Falcone, vicepresidente de SURA, también indicaron a El País que el marco normativo vigente, incluyendo el que instrumenta las obras por Participación Pública Privada (PPP), es el adecuado para canalizar la inversión de los fondos de pensiones y que el único freno es la estructuración de proyectos productivos que garanticen rentabilidad y seguridad a mediano y largo plazo.
La ley de PPP fue planteada como la gran palanca del cambio en materia de inversión en obras públicas. Sin embargo en julio pasado, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, justificó la ausencia de proyectos de infraestructura por defectos del instrumento legal, al que consideró “lento” y con “demasiados requerimientos”. Así anunció modificaciones a la ley como forma de promover las inversiones.
Sin embargo, las tres AFAP consultadas por El País, que concentran más del 80% del mercado, aseguran que el marco legal vigente es “ideal” para invertir y que el problema radica en la falta de proyectos que deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo. El ahorro de los trabajadores en el sistema asciende a US$ 11.038 millones, y la ley permite que el 50% (US$ 5.519 millones) pueda ser invertido en el sector productivo, no directamente sino a través de diversos instrumentos financieros como acciones, obligaciones negociables, fideicomisos, etc.

DGI DEVUELVE US$ 47: Y COBRA US$ 82: POR IRPF
La campaña de declaraciones juradas del IRPF y el IASS, marcó que 113.900 contribuyentes tendrán saldos a favor por US$ 46,7 millones, mientras que otros 46.200 pagarán a la Dirección General Impositiva (DGI) US$ 81,7 millones.
El País accedió a datos cerrados al viernes, donde las declaraciones de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rentas de trabajo totalizan 159.816, seguidas por las de Impuesto al Valor Agregado por servicios personales con 42.560. En tanto, la cantidad de declaraciones correspondientes al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) son 12.185 y las de IRPF por rentas de capital 2.330.
Por otra parte, este año la DGI volvió a implementar el “borrador” de IRPF y IASS por lo cual confeccionó y envió 40.000 declaraciones, de las cuales solo 137 fueron rechazadas. En tanto, hubo 9.416 aceptadas y en el resto de los casos los contribuyentes prefirieron asesorarse en los locales del organismo.
Como resultado de las declaraciones juradas, 113.919 contribuyentes de IRPF y IASS tienen un crédito a favor por un total de $ 1.106,7 millones (unos US$ 46,7 millones). En tanto, hay otros 46.222 contribuyentes con saldos a pagar, por un monto total de $ 1.937,7 millones (unos US$ 81,7 millones). Todos los años, entre junio y agosto, la DGI realiza un período de ajuste de esos tributos correspondiente al año anterior y a partir de las declaraciones juradas se determinan saldos a pagar o créditos a cobrar por parte de los contribuyentes.
En esta ocasión, el trámite lo tuvieron que hacer obligatoriamente las personas que durante 2013 tuvieron más de un empleo y generaron ingresos que sumados superaron los $ 411.315 en el año. Asimismo, quienes quieren beneficiarse de las deducciones por pago de alquiler o cuota hipotecaria deben presentar una declaración. En esos casos --salvo que la persona tenga más de un ingreso-- se generan saldos a favor. Quienes tengan ese crédito, pueden cobrarlo en cualquiera de las redes de cobranza autorizadas por la DGI, entre agosto y diciembre. Entre aquellos con más de un ingreso, --salvo que hayan aportado de más en 2013-- se generan saldos a pagar, que pueden abonar en cinco cuotas mensuales iguales hasta el 22 de diciembre, en las redes de cobranza habilitadas o a través de Internet. Si bien el organismo extendió hasta el viernes 5 de setiembre inclusive el plazo para la presentación de las declaraciones para los contribuyentes que ya agendaron turno, los números de documentos no variarán demasiado.

JUSTICIA CITARÁ A CASTILLO, ABDALA Y POLGAR
El subsecretario de Economía, Jorge Polgar, el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, y el coordinador del Pit Cnt, Marcelo Abdala, fueron citados por la Justicia penal por una denuncia vinculada al plan de vivienda sindical. A fines de julio la empresa Walltech S.A., propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo, presentó una denuncia penal por una estafa de US$ 150.000 contra un gestor vinculado al Plan de Vivienda Sindical del Pit Cnt. Se trataba de la tercera denuncia penal contra el mismo privado, quien tenía contratos firmados con el encargado del plan, el dirigente sindical Eduardo Burgos. En los últimos días, la fiscal Sandra Boragno pidió a la jueza Fanny Canessa las citaciones de Polgar, Castillo y Abdala. La magistrada fijó las audiencias para mediados de setiembre.
El 1° de setiembre de 2011, el Banco Hipotecario y el Pit Cnt firmaron un convenio para que la institución estatal participara en el financiamiento para la adquisición de viviendas comprendidas en el Plan de Vivienda Sindical, cuyos créditos serían otorgados “en forma individual”. Lo primero que quiere despejar la Justicia es la vinculación del Banco Hipotecario con el Plan de Vivienda Sindical.
Según el convenio en poder de El País, la financiación de la construcción corría por cuenta del promotor privado, luego el BHU realizaría el análisis y la precalificación de los posibles sujetos de crédito. La fiscalía también solicitó al Pit Cnt que envíe al juzgado el informe sobre la investigación del Plan de Vivienda Sindical que realizó el año pasado, luego de que se conocieron las denuncias en la Justicia.Ese informe consideró que Burgos, que firmó contratos sin autorización del secretariado de la central, cometió “errores”.
Sobre los mismos gestores hay otras dos denuncias penales presentadas por empresarios uruguayos. Entre 2011 y 2013, los privados actuaron en representación de al menos tres sociedades anónimas que oficiaban como promotoras. Cada una de ellas tenía un contrato con el Pit Cnt firmado por Burgos, quien decía representar a la central de trabajadores. No obstante, a fines de 2013, cuando salieron a luz las irregularidades y denuncias, el Pit Cnt formó una comisión investigadora y concluyó que Burgos no tenía facultades para conceder ninguno de esos contratos, que además los integrantes del Secretariado desconocían. Las tres denuncias coinciden en señalar que las presuntas maniobras no podrían haberse ejecutado sin los contratos del Pit Cnt que avalaban a los gestores para negociar viviendas y le daban un viso de credibilidad al negocio.
Por otra parte, en el marco de una demanda civil presentada por una empresaria de Rocha, el Secretariado del Pit Cnt resolvió que los 37 gremios que fueron citados a una audiencia de conciliación deben presentarse y la mayoría de ellos dirá que desconoce los detalles del Plan de Vivienda Sindical. La empresaria reclama a la central obrera y los privados la suma de US$ 2.850.000.