Paysandú, Martes 09 de Septiembre de 2014
Nacionales | 03 Sep El Senado aprobó por unanimidad el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que se considera revolucionario en la materia, y lo envió a Diputados. No hubo discusión sobre el tema y los legisladores de todos los partidos se limitaron a explicar las características del nuevo código. Por ejemplo, el senador colorado Ope Pasquet recordó que el CPP nuevo fue redactado por una comisión de expertos al frente de la cual estuvo el magistrado Dardo Preza, recientemente fallecido.
“Tiene el respaldo de los operadores del proceso penal, que conocen en profundidad la materia”, dijo el senador y consideró que eso es un respaldo importante para el nuevo código.
Explicó Pasquet que el nuevo CPP establece que los juicios penales pasarán a ser orales, públicos y serán los fiscales quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y dirigir las indagatorias. Luego, será el juez el que, en base a la opinión del fiscal y del defensor, resuelva el caso. Recordó que en la actualidad el juez dirige la investigación y además resuelve, lo que constituye, según los actores judiciales, una paradoja. Otra novedad que plantea el proyecto, agregó el senador, es que el procesado permanecerá en libertad hasta el momento de la sentencia, por lo cual solo a excepción de delitos graves, quedará en desuso la figura de la prisión preventiva. Además, plantea la creación de cargos de jueces que tendrán a su cargo los expedientes hasta el procesamiento y otros que asumirán competencia para el dictado de la condena. Hoy el mismo juez dicta sentencia y hace el seguimiento de la ejecución de la condena. Al acelerarse los procesos, se tenderá a solucionar uno de los grandes problemas de la justicia. Hoy el 64% de 9.813 personas que están privadas de libertad no tiene sentencia. Pasquet afirmó que el próximo gobierno tendrá que reforzar presupuestalmente al sistema, particularmente al Ministerio Público por las nuevas y preponderantes tareas de los fiscales. Según estimaciones, el nuevo CPP –que entrará en vigencia el 1º de febrero de 2017-- tendrá un costo anual de U$S 25 millones.
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