Opinion | 08 Sep Cuando la senadora Constanza Moreira presentó a las agrupaciones frenteamplistas que apoyan la lista al senado que encabeza bajo el sublema “Casa Grande”, propuso que la cámara alta debe integrarse con representantes de la sociedad civil, mujeres y jóvenes, de la capital e interior del país y de la diáspora. Según Moreira, “tienen que estar en el Parlamento los militantes sociales, los activistas, los sindicalistas y los que representan a organizaciones de derechos humanos, porque traen una manera distinta de hacer política”.
Rara mezcla para un país acostumbrado a elegir sus referentes políticos de otra manera, incluso sin exigirles que sepan de leyes al momento de legislar, y de muestra bastan algunas iniciativas discutidas en la interna frenteamplista que resultaron votadas por disciplina partidaria y poco convencimiento, como la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, entre otras.
Las organizaciones de la sociedad civil organizada actúan como mediadores entre la ciudadanía y el poder político. Se conforman bajo determinados lineamientos acerca de los cuales difunden y proponen estrategias para lograr una mayor concientización en la población. En Uruguay mantienen dificultades para proyectarse en las comunidades tanto como para lograr un recambio generacional que permita “pasar la posta” a los jóvenes y continuar trabajando.
Así lo señalan las estadísticas Civicus de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que indica un alto nivel de organizaciones pero una baja participación en la población y eso se comprueba al observar movilizados a los mismos actores en pro de un proyecto que involucra a la sociedad. Sin embargo, se ha pasado por alto su contribución en la innovación de políticas sociales a través de las cuales se fortalece la democracia.
Estas organizaciones generan además un capital social que permanece invisible a la vorágine u olvidados por los sistemas políticos que deberían utilizarlos para ayudar a construir una mejor ciudadanía. Y en este sentido, algunos ejemplos son claros.
La zona costera es el paseo obligado de los fines de semana para miles de sanduceros, y también el destino de las mayores críticas. Paysandú Nuestro lleva varias banderas, una de las cuales es transformar esa área en un lugar con mayores atractivos. Sus propuestas parten desde la lógica, la observación de lo que se hace en otros países sin mayores recursos y su prédica con el ejemplo.
Y ahí está el punto: no verbalizar lo que hace falta, sino ir a construirlo. Si digo que la costanera tiene residuos, responsabilizo a la autoridad municipal por no limpiar y a la comunidad sanducera por arrojar desperdicios en cualquier lugar, entonces haré lo que hacen todos. Ahora, ¿qué ocurre si tomo una bolsa, una pala y una especie autóctona para plantar?
Probablemente no se vea pero allí estará erguida y en silencio para transformarse en el testimonio que marcará las distancias entre la ejecución y el cabildeo. Justo ahí, donde nos sentamos a espaldas.