Opinion | 08 Sep Entrando en el último mes previo a las elecciones nacionales, sin dudas que va ganando en calor y en sensibilidad de sus protagonistas la campaña electoral, cuando además es evidente que el resultado de las elecciones no presenta certezas en cuanto a su definición de acuerdo a las encuestas, lo que precisamente exacerba muchas veces pasiones y motiva juicios extremos siempre interpretados en código electoral, pese al intento de disimularlo por quienes así actúan.
Y si bien también hay un común denominador en lo que refiere a que ha llegado el tiempo de las propuestas, no puede soslayarse que campañas son campañas, y que en la misma medida llegan los eslóganes, los enunciados fáciles, el “como te digo una cosa te digo la otra”, el de la descalificación de los adversarios, de descartar ideas a priori simplemente porque provienen de otras tiendas y, en suma, el de priorizar la suerte propia por cualquier otra circunstancia. No es nada que no se presente, elección tras elección, en realidad, porque el ciudadano común en realidad no suele inclinarse por bucear en propuestas y muchos menos munirse de los programas de los respectivos partidos para analizarlos, tal vez porque suele haber diferencias sustanciales entre lo que se propone y lo que luego se hace en el gobierno, por decisión de quienes están en el poder pero sobre todo porque las circunstancias mandan por sobre las buenas intenciones y las decisiones simpáticas.
En esta oportunidad se da además que los tres grandes partidos han estado ya en el poder, y el ciudadano tiene la posibilidad colocar en una balanza los pro y los contra de las propuestas y los eslóganes, y en lo posible discernir entre lo que no va a ser posible y la realidad, entre las promesas lanzadas al viento y lo que se puede cumplir. Porque, a fuer de sinceros, todos los partidos han cumplido solo parte de sus propuestas o promesas, y han caído también en los mismos errores y vicios que sus antecesores, en la rotación del poder que se da en toda democracia.
En los dos últimos períodos ha estado en el gobierno la izquierda, y más allá de errores y aciertos, como los ha tenido todo gobierno, no puede soslayarse que ha sido protagonista de los mismos vicios que los gobiernos de los partidos tradicionales en cuanto a los amiguismos y --lo que es igualmente cuestionable-- en el reparto de cargos por rigurosa cuota política. Y no solo en el gobierno nacional, sino también en las administraciones municipales, comenzando por el período en el que el Dr. Tabaré Vázquez asumió como intendente de Montevideo.
Lamentablemente, la consigna de designar los más capacitados para los cargos en la función pública en el lugar que fuera, por encima de sus inclinaciones partidarias, no ha pasado de eso, de una consigna, porque llegada la izquierda al gobierno nacional hace más de nueve años, la realidad ha resultado muy diferente a lo que se promovía en las tribunas en la campaña electoral, porque desde este punto de vista las dos administraciones frenteamplistas han puesto en práctica en el gobierno exactamente lo contrario a lo que pregonaba cuando era oposición.
Por cierto, cuando se menciona “los más capacitados” se piensa en que no necesariamente los más aptos para desempeñar cargos de gobierno estén todos en la colectividad cívica que gana las elecciones, pero han sido rara avis los ciudadanos no pertenecientes a la izquierda que han sido designados para cargos de gobierno, por lo que los eslóganes no han pasado de eso.
Peor aún, tanto durante la Administración Vázquez como la de José Mujica, con muy escasas excepciones que confirman la regla, ha primado sistemáticamente la cuota y la confianza política por sobre la idoneidad técnica, es decir siguiendo la línea que durante décadas habían puesto en práctica los partidos tradicionales en cuanto a la designación en los cargos públicos, al punto que hay áreas del Poder Ejecutivo y de la administración que son “feudos” de tal o o cual sector político, y por lo tanto “los más aptos” en realidad deben pertenecer a este grupo, o si no no tienen ninguna chance de ser designados.
Así, como antes habían hecho el Partido Colorado y el Partido Nacional, con el paso de los años los cargos de confianza en entes y en otras dependencias del Estado se han llenado con “compañeros”, es decir personas del color y confianza política del que está en el poder. En buena medida estas designaciones han tendido a colocar a compañeros de ruta, a dirigentes y candidatos que no lograron ser electos por voto popular, a los que se les dan cargos en entes, o como “asesores” bien pagos en ministerios.
Los “mejores hombres (o mujeres) para los cargos” como se ha pregonado, no es entonces más que un enganche electoral, aunque en cada campaña se afirma que las cosas van a ser distintas a lo que se ha hecho, para encontrarnos con que la realidad desvirtúa por compromisos políticos las intenciones que se puedan tener cuando llega la hora de las designaciones.
Lamentablemente, se genera desencanto y decepción entre miles de votantes de buena fe que en algún momento creyeron que las cosas podían cambiar con un nuevo gobierno, para encontrarse que en lo que refiere al poder y al ejercicio de los cargos, la idoneidad pasa a un segundo plano si no se trata de una persona que goce de la confianza política del gobernante. Incluso dentro de la propia coalición se ha postergado a personas capacitadas para contemplar a tal o cual sector, porque de lo contrario la cuota de poder queda mal repartida y ello es una garantía de futuros roces en la relación interna y en el propio Parlamento, cuando están de por medio intereses sectoriales o corporativos antes que el interés general.
En este “cambalache” de hacer una cosa distinta a la que se pregona no hay ninguno de los partidos que ha estado en el poder que esté en condiciones de lanzar la primera piedra, porque quien más quien menos llega con compromisos internos que no puede o no considera conveniente eludir a la hora del reparto. Por lo tanto los mejores hombres o mujeres ocuparán la mayoría de los cargos solo si se dan las circunstancias, teniendo en cuenta que las cuotas políticas internas y los compromisos priman a la hora de las decisiones para quien llega al poder, más allá de los enunciados de buenas intenciones.