Nacionales | 06 Sep El empresario Hernán Antonio Calvo Sánchez, que representó a la aerolínea española Cosmo en el remate de los siete aviones Bombardier que pertenecieron a Pluna, declaró durante tres horas en el juzgado del Crimen Organizado ante la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez. Fue citado como indagado a partir de la investigación que intenta determinar si hubo algún delito en la subasta de los aviones en 2012, donde se presentó como representante de Cosmo, ofertó 13,7 millones de dólares y se quedó con los siete aviones que pertenecían a Pluna, informó Subrayado.
El indagado, conocido como “el caballero de la derecha”, había trabajado para el empresario argentino Juan Carlos López Mena, propietario de la naviera Buquebus y la aerolínea BQB. En tal sentido, se sospechó desde entonces que Calvo se presentó por López Mena, quien en última instancia se quedaría con los aviones. Dos años después, el dueño de Cosmo, Antonio Álvarez, dio a conocer una supuesta trama a la que se prestó para que López Mena se quedara con los aviones.
Álvarez envió al diario El País correos que intercambió con Calvo Sánchez en los que da cuenta del acuerdo que había para que este ejecutivo se presentara como representante de Cosmo en la subasta. Luego de adquirir los aviones, Álvarez se llevaría 13 millones de dólares por prestar el nombre de la empresa, y los aviones quedarían para López Mena. Los 13 millones de dólares corresponden a la garantía que debía pagar Cosmo para quedarse con los aviones. Pero ni Calvo Sánchez ni Cosmo pagaron, por lo que la subasta quedó truncada.
Los aviones quedaron en poder del Estado y tras meses de negociación, López Mena accedió a pagar el aval que el Banco República (BROU) le había otorgado a Calvo Sánchez. Pagó el aval con un préstamo que recibió del BROU, informó El Observador. Luego la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley que cerró Pluna y llamó a la subasta. Por tal motivo, López Mena pretende recuperar las cuotas que pagó. La Justicia investiga entonces si hubo algún delito (fraude o estafa) alrededor de la subasta. Por este motivo, el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el ex presidente del BROU, Fernando Calloia, fueron procesados sin prisión por abuso de funciones. Ambos tramitaron y otorgaron el aval a Calvo Sánchez sin los debidos controles ni siguiendo las normas.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA JUECES
El Ministerio del Interior (MI) y la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) acordaron la creación de un protocolo de seguridad destinado a la protección de los jueces. Esta medida fue tomada como respuesta ante los reclamos de los magistrados, luego de que el pasado lunes balearan la casa de la jueza penal Julia Staricco.
El presidente de la AMU, Rolando Vomero, dijo a El Observador que no se descarta la posibilidad de que una de las medidas sea la incorporación de vigilancia con cámaras de seguridad. En tanto, la vocera de la AMU, Cristina Cabrera, indicó además que se trata de crear medidas que sean viables, “sin perjuicio de los casos puntuales que registran más gravedad, que ya se han tomado y se van a a seguir tomando”. Añadió en el caso de las cámaras, que su instalación no plantearía dificultades y sería una herramienta que ayude también a reforzar otras medidas.
Respecto al caso Staricco, Vomero dijo que el ministro Eduardo Bonomi explicó que “todas las pruebas que existen apuntarían a que no existe un atentado sino un hecho delictivo”, aunque continúa la investigación. En tanto, las negociaciones para la elaboración del protocolo continuarán en las próximas semanas, documento que se realizará a partir de un trabajo conjunto entre el MI y la AMU.

EXPLOTACIÓN PETROLERA
El presidente de ANCAP, José Coya, destacó que el acuerdo alcanzado con la empresa venezolana PDVSA, para la explotación petrolera en campos maduros del país caribeño es altamente beneficioso para Uruguay, publicó el portal de Presidencia.
“Hemos llegado a un nuevo acuerdo, en este caso con el presidente de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), Eulogio del Pino, por el cual esta empresa y Ancap se asociarán en una empresa mixta para la explotación petrolera en los campos maduros”, señaló el jerarca. Añadió que la participación de PDVSA en la sociedad será del 60% y la de Ancap del 40%. Adelantó también que la petrolera estatal se asociará, a su vez, con una tercera compañía, en una participación de 51 y 49% respectivamente, a fin de que ésta financie la totalidad del proyecto con PDVSA, del que no adelantó el monto estimado. Subrayó que Ancap estaba trabajando desde hace dos años en concretar el acuerdo que permitirá al ente incorporarse a la extracción de crudo en el área de más antigua explotación de Venezuela.
Coya sostuvo que el emprendimiento será favorable en el conocimiento y experiencia que ganarán los recursos humanos de ANCAP al trabajar en un campo real en el que hoy se extrae petróleo, y por las utilidades económicas que la iniciativa aportará al organismo. “Siempre estamos hablando de barriles de petróleo, que es la manera de pensar todas estas operaciones”, agregó. “Si hablamos de una producción diaria de entre 10.000 y 20.000 barriles, a nuestra empresa le pueden quedar libres entre 3.000 y 5.000 barriles por día. Esa cifra extendida a lo largo de un año equivale a más de un cargamento anual, es decir más de 100 millones de dólares”, explicó. “Esperamos terminar en dos meses la fase de contratos con la petrolera venezolana para hacer realidad este tema que para nosotros será fundamental”, añadió el titular de Ancap. “Vamos a ser operadores de petróleo en Venezuela en poco tiempo y eso le va a aportar la experiencia necesaria a nuestros técnicos para estar preparados para lo que se viene aquí”, destacó Coya, respecto al proceso de explotación de hidrocarburos en nuestro país.

INTENTARON ESTAFAR A ABOGADOS Y EMPRESAS DE LA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) investiga un presunto robo de identidad informática por el que abogados y empresas recibieron notificaciones falsas del Poder Judicial. Esas notificaciones provenían de la Unidad Administrativa de Notificaciones Electrónicas de la SCJ, por lo que las personas que recibieron el correo se comunicaron con el Poder Judicial.
Una investigación de urgencia de la SCJ determinó que esos correos no provenían de la estructura judicial, sino de “piratas informáticos. Está corroborado por el sistema que esos correos no salieron de la estructura del Poder Judicial”, informó a Subrayado el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabrat. En los correos se intentaba conseguir el depósito de dinero en una cuenta bancaria y si no lo hacían podían ser citados por la Justicia y hasta procesados.