Opinion | 06 Sep Finalmente, ante la falta de apoyo en otros partidos, el Frente Amplio retiró el proyecto de ley que promueve cambios sustanciales en la figura delictiva de “abuso de funciones”, por la cual fueron procesados el exministro de Economía y Finanzas del actual gobierno, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, en ambos casos por irregularidades relacionadas con el sonado caso Pluna.
La iniciativa frenteamplista apuntaba a que se aplicara esta figura solo en los casos en que el implicado obtuviera algún beneficio económico comprobado por estas acciones al margen de la normativa vigente, por lo que quedarían sobreseídos ambos integrantes de la coalición de izquierdas, y también el intendente nacionalista de Colonia Walter Zimmer, procesado por el mismo delito.
Más allá de las razones esgrimidas, los tiempos electorales no son un buen momento para promover proyectos de ley de esta naturaleza, y menos aun cuando como se señala por voceros de la oposición, la iniciativa a esta altura tiene nombres propios, ya que quedarán sobreseídas connotadas figuras políticas involucradas nada menos que en un caso que todavía se está investigando.
Por cierto que debería modificarse esta amplia figura del abuso innominado de funciones, que se presenta como una gran franquicia en la que encuadran eventuales delitos difusos, y que es un recurso al que a menudo recurren jueces cuando no encuentran reales motivos para procesar.
Igualmente, el retomar el proyecto de ley en este sentido ha caído fuera de tiempo, desde que estuvo escondido años en comisión precisamente porque legisladores oficialistas estuvieron en contra de que se promoviera un proyecto de estas características, por entender que se beneficiaría a dirigentes políticos de la oposición que en anteriores períodos habían sido procesados por abuso de funciones, precisamente. Pero cuando la cosa se dio al revés y cayeron Lorenzo y Calloia por la misma figura delictiva, apresuradamente legisladores como Rafael Michelini, del partido de gobierno, decidieron reflotarlo.
Sin dudas que una figura delictiva que es prácticamente un “vale todo” y que ha sido utilizada no siempre con buen criterio, e incluso con sesgos controvertidos, debería ser sustituida por otra en el que se estableciera el delito con mayor precisión a efectos de encuadrarlo con sentido común en la normativa.
Debería por lo tanto aguardarse hasta la próxima legislatura para abordar un estudio serio y detenido de los alcances de los cambios, y sobre todo lejos de los tiempos electorales, para actuar con la debida ponderación en la redacción de un proyecto que debe tener un imprescindible equilibrio, para tampoco “bandearse” hacia el otro lado.