Opinion | 13 Sep En un período preelectoral en que la dirigencia política y la población están particularmente sensibles a las encuestas de las empresas que relevan opinión, se dio a conocer en las últimas horas un sondeo efectuado por la consultora Factum que indica que si bien hay mayoría relativa de opiniones a favor de la baja de la edad de imputabilidad a 16 años, con un 48 por ciento a favor y un 40 en contra, nos encontramos con que de mantenerse congelado este escenario hasta octubre no sería aprobada la reforma constitucional que es promovida por un sector del Partido Colorado, con el apoyo de otro sector del Partido Nacional.
El proceso para plantear la reforma llevó primeramente a la recolección de firmas para poder presentar el proyecto a ser refrendado o rechazado por la ciudadanía en los próximos comicios nacionales, con referencia a una problemática que tiene muchas puntas, naturalmente, y más de una biblioteca, y en una materia en la que lamentablemente también hay componentes ideológicos muy notorios, pese a que las opiniones a favor o en contra de la iniciativa cortan transversalmente a los partidos.
En síntesis, de lo que se trata es de que a los menores a partir de los 16 años autores de delitos graves como homicidios, violaciones o rapiñas se les pueda recluir en recintos específicos para menores pero con medidas de contención y rehabilitación de real eficacia, así como aplicar penas más duras y lo que realmente es más importante, que los antecedentes se mantengan una vez cumplida la mayoría de edad. Cabe señalarse que en los casos de delitos menores como hurtos, violación de domicilio, etcétera, seguiría rigiendo el Código del Menor que actualmente se utiliza hasta alcanzar la mayoría de edad.
Uno de los problemas es que si bien es cierto que la legislación actual penaliza el delito desde los 13 años de edad, en los hechos es extremadamente benigna con los menores delincuentes, con una pena máxima de 5 años para casos de hechos extremadamente graves, por lo que de cumplir esa pena, el joven estará listo para volver a sus andanzas sin siquiera una mancha en su legajo. Y lamentablemente la reincidencia en estos casos es altísima, porque además de que se trata de casos de difícil recuperación, por decir lo menos, en los hechos no existe un sistema penitenciario que busque rehabilitar al menor.
Por otra parte, estos centros de reclusión de menores no cuentan con la seguridad necesaria para evitar eficazmente las fugas de los internos, por lo que frecuentemente se escapan como si estuviesen en su propia casa. La fuerte propaganda por el “no” y el silencio de quienes defienden o promueven la iniciativa sin dudas ha sido determinante para un aparente cambio de opinión en la ciudadanía, pese a que ésta todavía siga apoyando mayoritariamente la reforma constitucional.
Pero hay aspectos que deben ser tomados en cuenta y que fueron precisamente el disparador de que se planteara la reforma, y tienen que ver con la resistencia del partido de gobierno de asumir que la paz ciudadana, la integridad física de los vecinos, del trabajador, del estudiante, del pasivo, del empresario, es un bien supremo a preservar, por encima de las supuestas causas que pretenden justificar la violencia contra la sociedad. Porque no existe nada más violento que ver cómo un delincuente --por más que se trate de un menor-- se tome la vida de un ser querido en una rapiña, se adueñe con total impunidad lo que llevó años de trabajo y esfuerzo para adquirir, no se pueda dejar un vehículo o moto de trabajo estacionado en cualquier calle incluso céntrica porque no se sabe si estará allí o en qué estado apenas unos minutos más tarde, o simplemente vivir con miedo de salir a la calle o temblar cada vez que nuestros hijos vayan a un baile un sábado de noche.
Por lo tanto es cierto, la reforma constitucional no es una solución de fondo al problema, y lo mejor sería que mediante leyes se establecieran penas más duras y se modificase la norma para que los antecedentes penales se mantengan una vez cumplida la mayoría de edad, se crearan verdaderos centros de rehabilitación con seguridad acorde a la peligrosidad y el daño que producen estos delincuentes a la sociedad, etcétera. Ni siquiera es bueno que todo esto se haga por una reforma constitucional, porque la Constitución no debe usarse para lo que una simple ley puede lograr con eficiencia.
El real problema es la postura del partido de gobierno, que ya ha demostrado con creces que no pretende cambiar en nada todo esto y que con sus mayorías regimentadas tampoco permitirá que las cosas cambien. Al fin y al cabo, ser joven no es delito, como tampoco ser adulto no es delito, ni ser anciano es delito. Pero es fácil captar el voto de ese sector mostrándose como defensores de los jóvenes, y se los convence de que “los otros” los ponen a todos como delincuentes.
Se joven no es delito. Ser delincuente sí. Hay que atacar la delincuencia, con o sin reforma constitucional, en lugar de manipular adolescentes.