Opinion | 16 Sep El sistemático rechazo del expresidente Tabaré Vázquez a participar en debates con otros candidatos a la Presidencia es un elemento negativo en la campaña electoral, por lo menos para el ciudadano común, que se pierde la posibilidad de asistir a una confrontación y comparación de ideas y propuestas, como se hace en las grandes democracias, donde es impensable que un candidato pueda rehuir el debate y quedar así expuesto a las durísimas críticas de la opinión pública.
Igualmente, pese a este vacío, recientemente se dio en la Rural del Prado un encuentro con exposiciones de cuatro aspirantes a la Presidencia --Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres-- que en alguna medida fue un paliativo para esta ausencia de debates y permitió que aunque sea indirectamente pudieran confrontarse propuestas y evacuarse dudas en cuanto a respuestas de los postulantes en determinados temas.
El evento organizado por cámaras empresariales dio lugar a que el público pudiera formular preguntas sobre una diversidad de temas y conocer la óptica de los candidatos en torno a determinadas problemáticas, cuando cada candidato dispuso de cinco minutos para hablar sobre seis temas importantes para el futuro del país, como lo son la inserción internacional, campo laboral, competitividad, política fiscal, infraestructura y reforma del Estado.
Por cierto que hubo respuestas con matices entre los candidatos, los que no ocultaron su perfil político ideológico a la hora de las definiciones, cada uno tratando de maximizar las bondades de su propuesta y a la vez argumentando con críticas sobre las de los demás, en lo que también fue en buena medida para la oposición la oportunidad de un juicio a la gestión desarrollada por el Frente Amplio en los dos últimos gobiernos.
Hubo así un desencuentro notorio entre Vázquez y Lacalle, cuando el primero consideró que la actual política fiscal, pese al déficit del 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) es correcta, en tanto el aspirante nacionalista dijo que en su gobierno en caso de acceder a la Presidencia se bajará este déficit al 1,5 por ciento del PBI. No puede obviarse, en el escenario de esta diferencia, que este déficit se ha dado en un período en que han aumentado significativamente los ingresos por efectos de exportaciones de productos primarios, impulsados por la favorable coyuntura internacional, lo que indica que el gasto público ha aumentado espectacularmente. Y lo que es más grave, gran parte de ese incremento se incorpora como gasto fijo.
Pero más allá que un costo fijo consolidado deja de ser un elemento coyuntural para transformarse en un problema estructural, como lo son también las carencias de infraestructura vial y ferroviaria, el aspecto de la reforma del Estado aparece como el gran déficit pendiente durante las dos administraciones de la coalición de izquierdas al frente del gobierno. Los uruguayos no debemos olvidar que en su Presidencia, a poco de asumir, Vázquez prometió que llevaría a cabo la “madre de todas las reformas” del Estado, la que todavía estamos esperando, y en la misma línea se manifestó también el presidente José Mujica al inicio de su administración.
Recientemente desde esferas de gobierno se ha señalado que la incorporación de elementos informáticos para la gestión del gobierno es la “verdadera” reforma del Estado, haciendo hincapié en que el informe de Naciones Unidas sobre desarrollo del e-gobierno, que mide la utilización de medios electrónicos en diferentes tipos de trámites y otras actividades ha situado este año a nuestro país en el primer puesto en América Latina y el 26º en el mundo.
Al divulgar el informe del organismo internacional, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, fue categórico al manifestar con entusiasmo que esta modernización es la verdadera reforma del Estado que requiere Uruguay, y que está pendiente desde hace muchos años.
Sin embargo en otras esferas de gobierno se reconoció que si bien es un paso importante, la utilidad de los servicios en línea es relativa, por cuanto no se ha masificado por los usuarios o por los propios funcionarios públicos encargados de su manejo, y buena parte de la población todavía es renuente a hacerlo o simplemente las ignora.
Pero sin dejar de reconocer la importancia de modernizar los sistemas informáticos y los accesos al Estado a través de Internet, no debe perderse de vista que una reforma en serio debería ser mucho más que avances en el e-gobierno, que equivale a la simplificación de trámites para quienes tienen la posibilidad de hacerlo, mientras persiste la burocracia en el sector público en todas sus áreas.
Y estamos ya superando una década de bonanza, en la que se contó por lo tanto con ingresos adicionales que hubieran permitido llevar adelante verdaderas reformas estructurales y con un gobierno que cuenta con el respaldo de la central sindical --incluso muchos de sus dirigentes están en altos cargos estatales--, algo muy a tener en cuenta en un país que hasta que la izquierda llegó al gobierno ha sido rehén de las directivas políticas de los sindicatos.
Por lo tanto, la “madre de todas las reformas” del Estado, quedó solo en la promesa. No hubo decisión política y no se ha cambiado un ápice el “paquidérmico” Estado, como lo calificara el actual jefe de Estado, teniendo en cuenta que significa un obstáculo para el desarrollo, pesa gravosamente sobre la economía y explica gran parte del gasto sin retorno que ha llevado el déficit fiscal al 3,3 por ciento. Queda entonces planteada la duda si “la madre de todas las reformas” realmente está en la agenda de todos los partidos para el próximo período, o si el paquidermo seguirá acumulando grasa por cinco años más.