Locales | 15 Sep La Dirección General de Casinos (DGC) rechazó --a través de un comunicado-- los conceptos vertidos por funcionarios de la Sucursal Paysandú contra decisiones del gerente local, la consecuente medida de paro como reclamo salarial y cuestionamientos a la gerencia, de lo que diéramos cuenta en nuestra edición anterior.
Señalan los jerarcas del organismo que “como se reconoce en la propia nota, la opción asumida por el gerente de la sala Paysandú está perfectamente amparada por la normativa vigente, constituye su pleno derecho y no merece observación alguna por parte de esta dirección”.
Añaden que “el derecho a optar y la opción del gerente en cuanto al cobro del porcentaje no es materia gremial y no pertenece al ámbito de las relaciones laborales entre la DGC y sus funcionarios. Por tanto, no constituye de ninguna manera objeto de discusión, presión o negociación a desarrollarse con esa dirección o con ninguna de las reparticiones del organismo”.
“Muy por el contrario, y como es su deber, la Dirección General respalda en todos sus términos y va a garantizar el derecho del gerente y la legitimidad de su opción de cobro, pues así lo establece la norma, sin que medie ni exista necesidad de aprobación de parte de los funcionarios. La naturaleza variable del porcentaje como de las sumas válidas en cada sala marcan las reglas elementales de la remuneración en Casinos del Estado, aceptadas por todos desde el propio ingreso al organismo y que operan en ambos sentidos”, considera. Asimismo, subraya que “de lo contrario, cuando recientemente se operó la destitución de dos funcionarios con mucha antigüedad en ese establecimiento, que perpetraron graves irregularidades ¿no se vio aumentada la parte del porcentaje a repartirse entre el resto de los funcionarios de sala? ¿no se registró acaso un aumento de los ingresos de cada funcionario?”.
Indican paralelamente las jerarquías del organismo que las reacciones de los funcionarios y las medidas de paro consecuentes constituyen “una grave equivocación y un razonamiento muy desafortunado. Muy lejos de la reivindicación de un derecho o de una protesta legítima, es un acción sin sentido que toma de rehén y perjudica injustamente a la DGC, ya que no tiene parte en el asunto y ninguna posibilidad de atender un reclamo que no pertenece a las relaciones laborales del organismo”.
Finalmente, la dirección general “invita” a los funcionarios a “reflexionar con tranquilidad” y “pensar con más profundidad” sobre la situación planteada, cambiando la actitud y “razonamientos que no ofrecen ninguna síntesis positiva, que no sirven al organismo y que solo conducen a acumular daños y perjuicios para todos”.