Opinion | 16 Sep Resulta notorio que la actividad industrial, agropecuaria, forestal, minera y turística, entre otras, ha crecido en los últimos años en Uruguay. A modo de ejemplo cabe recordar que según el Anuario Estadístico Industrial 2014, Uruguay es el segundo país de América Latina en crecimiento relativo de la industria, por encima de Brasil, Venezuela, Perú y Colombia.
En abril pasado, al informar esta noticia, el ministro Roberto Kreimerman resaltó, entre los datos positivos, que Uruguay es considerado un país emergente dentro de los países que se industrializan y su performance fue superior a la de América Latina.
Su grado de industrialización lo ubicó en el quinto lugar y segundo en crecimiento relativo, afirmó y, en tal sentido agregó que esto “nos satisface mucho porque el nivel de industrialización está íntimamente relacionado con el nivel de desarrollo de las sociedades”.
En tanto, la producción agrícola de Uruguay es un ejemplo en la región, que tiene el mayor potencial de crecimiento de América Latina como productor de agroalimentos.
En paralelo a estos desarrollos, el gobierno uruguayo ha reforzado su área de controles ambientales. Y está muy bien dado que cualquiera de los rubros de actividad antes mencionados implica potenciales impactos ambientales.
La Dirección Nacional de Ambiente aumentó en más de un 80% la capacidad de control, lo que significa mayor cantidad de emprendimientos y empresas controladas. Asimismo, fue aumentada la cantidad de sectores a controlar, agregándose el minero y el sistema de engorde a corral (feedlot) y estando en proceso de incorporación el sector tambero.
Por otra parte, se ha consolidado un sistema de denuncias cuyo objetivo es facilitar la fiscalización ambiental por parte del ciudadano común: actualmente cualquier uruguayo desde cualquier punto del territorio puede realizar a través de un formulario electrónico su denuncia. Estas nuevas herramientas permitieron ampliar el número de empresas sujetas a control y abarcar otros sectores de producción que antes no estaban incluidos.
Dicha mejora era sumamente necesaria en una Dirección Nacional de Medio Ambiente otrora largamente postergada pero que en los últimos años contó con presupuesto quinquenal para crecer y extender sus competencias en forma más efectiva en todo el territorio nacional. Se trata de un rumbo que el próximo gobierno nacional deberá potenciar aún más para estar a tono con una realidad que demanda estar atentos a la planificación y el contralor ambiental.