JUNTA DEPARTAMENTAL

Locales | 19 Sep En la sesión de anoche del plenario de la Junta Departamental se decidió pasar a consideración del Senado el caso del edil frenteamplista Gustavo Bonifacio. Así lo sugirió la Comisión de Asuntos Internos en informe firmado por los ediles nacionalistas Bartolo Silva y Javier Pizzorno, así como el edil frenteamplista Luis Lopardo. El mismo consistió en un solo y lapidario párrafo: “Habiendo estudiado el tema de referencia esta comisión considera que los artículos 291º y 292º de la Constitución de la República no son de aplicación por esta Corporación, sino que es el artículo 296º de la Carta Magna el que corresponde aplicar”.
De esta forma se anuló lo actuado en la sesión anterior, porque quedaron sin efecto los dos primeros artículos constitucionales argumentados por el mocionante, edil Ramón Appratto, para el retiro inmediato del edil Gustavo Bonifacio de su banca.
Pese a que el informe de Asuntos Internos fue votado únicamente por la bancada del Partido Nacional, se aplicó el artículo 296º, que dice: “Los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta (…) La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

RECURSO DE REPOSICIóN
El coordinador de la bancada nacionalista, Bartolo Silva, solicitó alterar el orden del día para tratar ese punto, en forma conjunta con el recurso de reposición contra la resolución 520/2014 presentado por el edil Gustavo Bonifacio, que figuraba entre los asuntos entrados.
Bonifacio decía: “Con fecha 4/9/2014 el plenario de la Junta Departamental de Paysandú votó sobre tablas mi destitución del cargo, aunque diga ampararse en los artículos 291º y 292º de la Constitución, sin forma de proceso, ni la debida oportunidad de ejercer el legítimo derecho de defensa. En razón de que este no es el proceso prevenido por la Ley para destituir a un edil de conformidad a lo dispuesto por el artículo 38º inciso segundo de la Ley Orgánica Municipal, conviene a mi interés promover los presentes recursos”. Pidió entonces que “previo a los trámites de estilo la Junta Departamental se sirva reponer el acto administrativo impugnado por su calidad de contrario a derecho, por tanto ilegal e ilegítimo, declarando la nulidad del mismo”.
La Junta Departamental derivará el caso al Senado de la República, mediante aplicación del artículo 296º y a pesar de que anoche sus ediles no lo hayan votado, se había sugerido en primera instancia desde la propia bancada del FA.
ENFRENTAMIENTO VERBAL
Cuando el plenario avanzaba en el tratamiento de temas pendientes de consideración sumados de sesiones anteriores, una nota remitida por la Junta Departamental de Salto con las palabras vertidas por el edil Antonio Cardozo, referentes a publicidad del gobierno con dineros públicos, complicaron la sesión.
Hubo expresiones políticas de la edila nacionalista Patricia Vásquez Varela respecto al eslogan “Ser joven no es delito” y de la minimaratón de 5 kilómetros prevista para mañana. Con posterioridad, el edil Javier Pizzorno fue observado por el presidente Soca, quien puso a votación si el cuerpo entendía que sus expresiones estaban estaban fuera de tema. Esto se aprobó por mayoría de 13 en 24, en tanto también el edil Claro Suárez itervino en la discusión.
Desde la bancada frenteamplista intervinieron varios ediles, entre ellos Luis Lopardo, Liliana Geninazza, Saúl Villagrán y Hermes Pastorini, con argumentos a favor de las actividades programadas e incluso invitando a participar a los propios ediles, como sugirió Geninazza.Dado que la discusión quedaba en el mero terreno de argumentos políticos, a las 22.20, Walter Meirelles del Partido Nacional pidió que se cortara el debate mediante la moción de orden que dispone automáticamente el artículo 50º del Reglamento Interno, lo que no fue aprobado por el plenario.
Continuó así el intercambio de acusaciones entre ambas bancadas sobre gastos en propaganda política y el plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores.