Locales | 23 Sep El contador Iván Posada, diputado del Partido Independiente, dictó recientemente una charla en el salón de actos “1º de Julio” de diario EL TELEGRAFO, en la que dio a conocer su óptica respecto a los alcances de la denominada Ley de Inclusión Financiera, y expresó sus reparos ante el presunto impacto positivo de la norma, a la vez de subrayar que hay implícita una “bancarización” con objetivos fiscales, apuntando a una formalización de la economía.
Hizo hincapié en que en nuestro país hay una cultura extendida del uso del dinero en efectivo, y consideró que habrá serias dificultades para que las pequeñas empresas puedan efectuar sus depósitos donde elija cobrar el trabajador, y puso como ejemplo que las tres cuartas partes de los usuarios de tarjetas del Mides optan por retirar el dinero en efectivo en lugar de usar la tarjeta, pese a que de esta forma quedan exonerados del pago del IVA.
El legislador dijo que la Ley de Inclusión Financiera, “en cuya discusión participé, pero votamos en contra en la sesión parlamentaria, por cuanto esta ley fue apoyada solo por el partido de gobierno, por el Frente Amplio”, tendrá más impactos negativos que positivos, teniendo en cuenta los instrumentos que promueve.
Destacó que “en realidad nosotros compartimos el objetivo de fondo, que es la formalización de la economía, que creo que es un objetivo plausible, que significaría mejoras para la sociedad en su conjunto, pero este país tiene de alguna manera una cultura que no se adapta o no es proclive a utilizar medios de pago electrónico”.
“En realidad la gran mayoría de la población sigue pagando sus consumos en efectivo, y un ejemplo de que el solo hecho de establecer una bonificación estímulo a través de la reducción del IVA no va a tener mayor impacto surge si nos atenemos por ejemplo a los que son los tarjeta habientes del Mides, que tienen una tarjeta del Banco de la República. Si pagan con la tarjeta tienen una exoneración total del IVA, es decir no dos, tres o cuatro puntos como está planteado ahora, sino que es del cien por ciento, y por lo tanto no pagan IVA”, explicó.
Acotó que sin embargo “de estos tarjeta habientes, tres de cada cuatro prefieren ir a retirar el dinero en efectivo y van al cajero para llevarse el dinero y hacer las compras en efectivo. Eso es para un determinado nivel de ingresos, pero en realidad está extendido a gran parte de la población, porque no hay costumbre de usar los medios de pago electrónicos. En todo caso algunos sectores hacen más uso de la tarjeta de crédito, y fundamentalmente aprovechando las promociones, como diez cuotas a precio contado, entre otros plazos”.

PROBLEMA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
“Pero no es así en cuanto a la tarjeta de débito. Esta se da a todo aquel que recibe pago a través del banco, y determina que los propios trabajadores elijan donde cobrar. Una empresa grande o mediana generalmente tiene cuenta en más de un banco y eso podrá manejarlo de otra manera, pero las pequeñas a veces no tienen cuenta bancaria, y esto les va a significar tener que ir a depositar en varios bancos eventualmente ante la elección de sus trabajadores de cobrar en varios lugares”, precisó el representante del Partido Independiente.
“Asimismo se permite la interoperabilidad de los cajeros automáticos, lo que en principio uno lo ve como un beneficio para el usuario, pero en los hechos termina siendo contraproducente, porque se desestimula la competencia entre las redes de cajeros. Si da lo mismo, si en definitiva los usuarios pueden sacar en cualquiera, se pierde el elemento fundamental de mejora del servicio y esto --sobre todo en el interior del país-- es un problema a la hora de cobrar”, evaluó.

“ES UNA BANCARIZACIÓN”
Para Posada, “pensemos que se supone que todos los que en definitiva tienen su trabajo van a terminar cobrando por vía de las instituciones bancarias, y este es el otro aspecto, porque se habla de inclusión financiera pero en realidad lo que se ha hecho es una bancarización. Esto es así porque otras entidades que podrían competir, como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, ANDA, en la medida en que esta ley se va a poner en vigencia a los efectos de la prestación del pago de nómina a los 30 días de reglamentación del Banco Central, los únicos que están preparados para ingresar al mercado son los bancos, porque los otros tienen problemas de conteo, tienen problemas de organización que superar para tratar de dar un servicio de esa naturaleza y en consecuencia van a quedar afuera”, consideró.
Consultado en cuanto a la entrada en vigencia de la normativa destacó que todavía “no está exactamente definida. La ley fija un plazo tope de dos años, pero tiene que haber cronogramas de puesta en marcha, y todavía no se conocen. Pero habrá que esperar y todo esto está como un marco dictado pero que todavía no tiene plena vigencia”.

OBJETIVO FISCAL
Preguntado sobre la esencia de los reparos surgidos desde determinados ámbitos, en el sentido de que el objetivo fundamental de la ley es que el Estado se inmiscuya en lo que hace el ciudadano, indicó que “creo que detrás de un objetivo de formalización de la economía hay un objetivo fiscal, porque el Estado cuando tiende a dar instrumentos para formalizar la economía por el hecho de pagar a través de las instituciones bancarias termina siendo un elemento de formalización. Lo que pretende es tener mayor información a efectos de cruzar esa información para evitar evasiones, lo que no está mal. Lo que cuestiono en todo caso es que los procesos de adaptación tienen que estar en función de que se tiene que producir un cambio cultural y esos cambios culturales no se hacen por decreto”. Para Posada “la idea de formalizar está bien, manejar información para evitar evasión está bien, pero también deberá haber garantías sobre el uso de esa información, porque uno se encuentra con que muchas veces se reciben llamados telefónicos ofreciendo préstamos de tal o cual empresa de intermediación financiera, y se pregunta cómo es que lo están llamando, porque hay ahí una invasión de la privacidad, y es una lógica que además de vendernos préstamos termina siendo negativo desde este punto de vista del uso de los datos”.
“Otro aspecto que ha promovido el gobierno refiere al tema de la inclusión financiera, y en realidad los préstamos de nómina van a ser en las tasas de interés alrededor de catorce puntos reales por encima de la inflación, es decir alrededor del 22 a 23 por ciento de préstamos sobre el propio sueldo. Ahí hay un privilegio a la hora de cobrar de parte de los bancos, y me parece que sigue siendo demasiado caro y desde el punto de vista de la inclusión hay un largo trecho todavía”, evaluó el diputado.