Opinion | 22 Sep Aunque no es una materia que rinda réditos electorales --teniendo en cuenta el período en que nos encontramos--, por cuanto es un tema espinoso y de instrumentación a mediano y largo plazo, no puede perderse de vista que el país se está debiendo un debate y una definición racional y realista en torno a la seguridad social, sobre todo en lo que refiere al tema previsional.
Globalmente estamos ante una realidad de envejecimiento poblacional, con mayor énfasis en los países desarrollados, en tanto en Uruguay estamos ante un escenario que tiene aspectos positivos y negativos. Es indudable que las personas viven más tiempo y a la vez tienen mejor calidad de vida, pero a la vez se acelera el advenimiento de desafíos impostergables, entre los cuales el tener que afectar crecientes recursos a los organismos previsionales y asistenciales para atender requerimientos inherentes a la edad avanzada.
Un estudio del Banco Mundial sobre la seguridad social en América Latina indica, al referirse a nuestro país, que el conjunto de normas que mejoraron la cobertura de activos (o la formalidad), la reforma de la salud que estimuló la formalización y la mejora en los mecanismos de recaudación del Banco de Previsión Social (BPS) y del conjunto del sistema impositivo, a juicio del organismo han tenido “un fuerte impacto en mejorar la ecuación de equilibrio del sistema de jubilaciones y pensiones”, aludiendo a la reforma constitucional de 1996.
Ocurre que la problemática previsional y su salud financiera, sobre todo, no pueden desligarse del escenario socioeconómico, porque está atado al aumento de salarios, producto del crecimiento económico que generó (dados los mecanismos indexatorios del Uruguay) una mejora de las jubilaciones y pensiones.
El documento indicó que adicionalmente, mecanismos como las primas por edad y las revaluaciones diferenciales que favorecían a los jubilados y pensionistas de más bajos ingresos “mejoraron la suficiencia de jubilaciones y pensiones. El sistema mixto creado en 1995, si bien aún está lejos de entrar en el punto de maduración va a mejorar, según las proyecciones, el monto de las jubilaciones”, indicó el documento.
Por supuesto, una mejora respecto a lo que había no quiere decir que esté todo solucionado, sino que en realidad está menos mal, y prueba de ello es que más tarde o más temprano asoman los problemas, desde que además no estamos ante una situación rígida, sino muy cambiante, porque en pocos años se plantean nuevas realidades y con ellas parámetros diferentes.
No puede soslayarse que el envejecimiento de la población continúa siendo un desafío para la estabilidad financiera del sistema, si tenemos en cuenta por ejemplo que la tendencia indica que la relación de dependencia irá en aumento en los próximos años y que “de no aumentar fuertemente la productividad habrá que apelar al menos a reformas paramétricas”, de acuerdo a este estudio. El modificar paramétricas significa --entre otros aspectos-- cambiar la edad de retiro y/o los años de trabajo exigidos para poder jubilarse, entre otros aspectos en juego, cuando además estamos ante ecuaciones económicas en la que los voluntarismos tienen un precio que no siempre se está en condiciones de pagar.
Así, debe tenerse en cuenta a la vez que la reciente flexibilización del acceso a jubilaciones y pensiones que ha permitido desde el año 2007 aumentar los niveles de cobertura con una edad de retiro de 60 años y 30 años de actividad hacen dudar si la ecuación financiera será sostenible en el mediano y largo plazo sin volver a alterar algunos de los parámetros jubilatorios. Precisamente, la indexación (ajuste de pasividades según evolución del Índice Medio de Salarios) no puede ser modificada a menos que se reforme la Constitución.
En este contexto, los parámetros disponibles para modificar son la edad de retiro, los años de aporte y las tasas de reemplazo, a no ser que se disponga de recursos ilimitados para subsidiar el sistema, lo que no es el caso, más allá de situaciones puntuales o coyunturales.
Incluso este escenario ha dado lugar a comentarios del presidente José Mujica, quien ha mencionado el desafío que tendrán las próximas generaciones para sostener este esquema, a menos que se incorporen reformas para atender una realidad que no puede soslayarse, y que deberá dar lugar a medidas que no van a ser simpáticas ni mucho menos.
Y las salidas posibles refieren a alternativas que podrían adoptarse aisladamente o en forma complementaria, lo que de una u otra forma afectaría las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que el actual sistema, a pesar de ser mixto, “en su componente de reparto encubre muy fuertes transferencias de rentas generales ya sea vía impuestos afectados o transferencias para cubrir el déficit (las cuales combinadas representan el 40% del gasto)”, indica el informe del Banco Mundial.
Debe reconocerse que se ha logrado mejorar en los últimos años, producto del crecimiento y consecuente mayor recaudación, pero ello no permite igualmente generar un sistema autosostenible ni mucho menos. Los problemas no son acuciantes actualmente, desde que todavía estamos ante un período de relativa bonanza y mejora del empleo, lo que da algo de aire para evitar sobresaltos mientras tengamos un escenario favorable por el aumento de la actividad interna ante la favorable coyuntura internacional.
El punto es que esta dependencia directa entre recaudación y egresos, sin margen o colchón para atenuar imprevistos, plantea que este esquema demandará mucho más recursos si decae la actividad económica y fundamentalmente el empleo, lo que nunca es de descartar cuando se suceden los ciclos económicos.
Se infiere que este sistema provisional e infraestructura de apoyo a la tercera edad es muy dependiente de la coyuntura, y que requiere una adecuación progresiva ya impostergable para hacer las cosas con tiempo y contar con determinado margen de maniobra, para que las cosas no se nos vengan encima y tener que salir desesperadamente a apagar incendios por no haber generado a tiempo el diseño de alternativas mediante un acuerdo del sistema político que diluya los costos políticos que nadie quiere pagar.
Por lo tanto hay que afrontar cuanto antes la realidad, en lo posible lejos de los tiempos electorales que condicionan todas las decisiones, con un análisis ajustado y crítico para elaborar un diagnóstico certero y con respuestas a tono con la magnitud del desafío.