Opinion | 25 Sep En una campaña electoral signada por la falta de debate entre los candidatos presidenciales con posibilidades de acceder al sillón presidencial debido a que el expresidente Tabaré Vázquez ha declinado la posibilidad de participar en este tipo de instancias --lo que es de lamentar, desde que de la confrontación de ideas y propuestas pueden surgir elementos esclarecedores para el ciudadano que depositará el voto el 26 de octubre-- los temas de “debate” surgen a través de los medios de prensa en base a planteos concretos tanto de los candidatos presidenciales como de sus directos colaboradores, del tenor de las acusaciones y “datos” o afirmaciones lanzados con mayor o menor asidero, naturalmente con una alta carga de subjetividad.
Según señalan las encuestas de opinión pública, en esta coyuntura los temas que más preocupan a la ciudadanía son la inseguridad, con una amplia mayoría, y le seguirían los problemas en educación, en salud, empleo y vivienda, en base a la percepción de los encuestados.
Sin dudas la inseguridad por sí sola es un tópico que es presentado, y no porque sí, como uno de los fracasos más notorios de los dos últimos gobiernos, y tema de creciente insatisfacción y preocupación ciudadana, porque han sobrado las declaraciones, aclaraciones y evaluaciones del oficialismo pero faltado las respuestas que por lo menos permitan inferir que se está yendo por el buen camino.
A un mes del acto electoral, los principales dirigentes de la oposición --Lacalle Pou y Pedro Bordaberry-- colocaron en el centro de la discusión el indiscutible reclamo popular por una mayor seguridad, con algunas propuestas propias y sobre todo una andanada de críticas dirigidas a Tabaré Vázquez. Este igualmente no declinó el reto, sino que respondió señalando que su ministro del Interior sería el actual, Eduardo Bonomi, y a la vez retando a los otros candidatos a que hicieran públicos los nombres de quienes serían sus ministros en caso de ganar las elecciones. En esta particular óptica del exmandatario todo parecería reducirse a nombres, cuando en realidad lo que está en juego son concepciones de las políticas en materia de seguridad, con el énfasis en los instrumentos a utilizar pero naturalmente dentro de los lineamientos políticos de quien sea el presidente, como es natural.
Esta apelación de Vázquez motivó que Bordabery por ejemplo replicara que su ministro “seguro que no va a ser Bonomi”, en tanto Lacalle Pou dijo que anunciará quien sería su ministro del Interior luego de las elecciones de octubre si pasa a un balotaje.
Por cierto que los ministros del Interior que han pasado por los gobiernos del Frente Amplio, empezando por el patético José Díaz y siguiendo por Daisy Tourné, fueron un muy buen ejemplo de cómo no debe actuar un ministro del Interior de ningún gobierno, aunque en su descargo debemos señalar que si bien cada uno dio su impronta personal a la gestión, lo hicieron atendiendo las reivindicaciones históricas de la izquierda en el sentido de que la delincuencia no es un mal en sí de la sociedad, sino supuestamente consecuencia de la marginación a la que han sido sometidos durante largo tiempo amplios sectores de la población.
Y para no ser menos, debe recordarse que Díaz promovió e instrumentó la denominada Ley de Humanización de las Cárceles, y por lo tanto argumentando defensa de los derechos humanos de los delincuentes devolvió a las calles a cientos de éstos, que en su gran mayoría reincidieron y tuvieron a la población como víctima de sus tropelías. Pero los derechos humanos de los vecinos agredidos no contaban para este particular modo hemipléjico de ver las cosas en base al cristal ideológico básico.
Tourné siguió más o menos por esta senda, aunque con algunos correctivos a la luz de la mala experiencia, pero sin dejar de priorizar el tema de la problemática social como eje del mal y por lo tanto siguiendo con el rótulo de víctima para los malvivientes y el estigma de culpabilidad sobre la sociedad. Bonomi, con errores y aciertos, empero, reconoció que no solo cabía esperar el resultado de políticas sociales, sino que es preciso dotar de mejor armamento e instrumentos a la Policía para cumplir su misión de prevención y represión, y su gestión ha sido mucho mejor que la de sus antecesores, aunque no se haya despojado íntegramente de la venda ideológica.
El tema de los recursos no es menor, y el haber mejorado la dotación presupuestal y dar más apoyo en la tarea de represión ha sido un soporte significativo en este tema, y revela por lo menos cierta sensibilidad y reconocimiento de que el camino que se recorría estaba lejos de las respuestas que se re claman. Pero sería un profundo error considerar que los problemas se solucionan solo con mejorar la gestión del Ministerio del Interior y de la Policía, pese a su importancia, sino que está también de por medio el actualizar leyes, tanto en el caso de los adultos como en la minoridad, el dar mejores instrumentos legales a los jueces y reglas claras de juego, en establecer institutos que realmente trabajen eficazmente en la contención y rehabilitación de los menores, para hacer que éstos no gocen de plena impunidad para entrar por una puerta y salir por la otra en los juzgados, agilizar los procesos judiciales y mecanismos de control de los jueces. Y para ello debe contarse con voluntad política del gobierno de turno, para hacer lo que se debe hacer en defensa de los ciudadanos honestos, cuyos derechos humanos no parecer tener prioridad.