Edila Liliana Geninazza

Locales | 25 Sep En la última sesión del deliberativo departamental que finalmente agotó la totalidad de temas agendados que se extendían de dos sesiones anteriores, la edila Liliana Geninazza, del FA, expresó su censura y preocupación por el denunciado acoso sexual contra funcionarias de la Intendencia. Enfatizó que “el acoso sexual es un delito en el Uruguay, ya que desde el 11 de noviembre de 2009 está en vigencia la Ley 18.561, entendiendo por tal ‘todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producir un perjuicio en su situación laboral o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe’. La triste expresión de ‘¡a la cama o a la calle!’ con que amenazaban los patrones o jefes ahora se convirtió en delito”.
Sostuvo que “para que un tema de estas características se instale en la agenda pública se necesita, además, que la cuestión sea tratada públicamente, que la sociedad considere que es necesaria alguna acción por parte de las autoridades y que el problema sea competencia de la autoridad gubernamental. Todas estas condiciones están dadas para que consideremos como corresponde, los hechos denunciados de acoso sexual en la Intendencia Departamental por parte de un jerarca hacia varias funcionarias con vínculo laboral”.
Recordó que “el asesor letrado de la IDP, doctor Martín Etchebarne, confirmó a EL TELEGRAFO lo que venía trascendiendo en las redes sociales. De este modo la población sanducera se anoticia que nuevamente en la Intendencia de Paysandú se habrían producido hechos delictivos vinculados al poder, al género y al sexo. Vale comentar que inmediatamente, como ediles, utilizamos la herramienta del pedido de informes sobre lo acontecido pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.
Geninazza añadió que “consideramos que como actores políticos quizá no nos incumba tanto el detalle de los hechos, que desde luego conocemos, porque además se están dilucidando a través de la investigación y sumario administrativo por parte de la IDP y del Juzgado donde fue radicada la denuncia penal por constituir un delito. Estos lamentables hechos visibilizan la situación a la que aún hoy son sometidas muchas mujeres trabajadoras en la esfera privada o pública. Como sociedad debemos cuestionar esa visión patriarcal que nos atraviesa, naturalizando lo que no es natural y debe existir sanción social para patrones y jefes que abusando de su jerarquía laboral sometan a trabajadoras a expresiones de violencia, entre ellas el acoso sexual”.
Sostuvo también que “desde los sindicatos se debe actuar con celeridad, facilitando el trámite de la denuncia y protocolo del procedimiento posterior, brindando garantías a las trabajadoras y el debido resguardo ante las posibles represalias”. También dijo que “el intendente y sus directores deben respetar y hacer respetar determinadas pautas culturales y de valores sobre la mujer trabajadora”.