Opinion | 29 Sep La Cámara Argentino-China firmó en las últimas horas un convenio con China Dalian International Group, una de las principales empresas constructoras del gigante asiático, con vistas a la construcción de un puente de 43 kilómetros de longitud que uniría la localidad bonaerense de Punta Lara con Colonia del Sacramento.
Y decimos uniría, porque se trata de desenterrar un viejo proyecto que fue descartado a principios de la administración del expresidente Tabaré Vázquez por faraonesco, a la vez de haberse desmontado la gran y costosa infraestructura burocrática que se había montado en ambas orillas en apoyo a este trasnochado emprendimiento.
El acuerdo fue divulgado por el diario porteño “El Cronista”, que apunta que la inversión total asciende a 1800 millones de dólares, que serán financiados por dos bancos chinos. La iniciativa debe ser aprobada por el Congreso argentino, por lo que el Poder Ejecutivo de ese país enviará a esos efectos un proyecto de ley que prevé considerarse en el Parlamento a comienzos del año que viene.
Según el informe, el gobierno argentino llamará luego a una licitación internacional para la realización de la obra, que se anuncia será la construcción más grande del mundo entre las que se levantan sobre el agua, aunque no se menciona que --por tratarse de una obra binacional-- debe contar con el visto bueno de los dos países, y en este caso el anuncio daría como un hecho que hay anuencia de las dos partes.
El puente entre Colonia y Buenos Aires es una idea surgida hace varias décadas, que tuvo sus idas y vueltas, pero que ante lo costoso y sobre todo el efecto centralizador de la obra, contó con creciente oposición sobre todo en las provincias argentinas y en el interior de nuestro país, pero ha retomado fuerza en la vecina orilla meses atrás, luego de la visita del presidente chino Xi Jinping a la Argentina.
Igualmente, a mediados de junio, El Observador informó, citando a fuentes de Cancillería, que Uruguay descartaba de plano la iniciativa, de contar con la aprobación del gobierno y del Parlamento uruguayo.
En 1996 ambos países firmaron un tratado que preveía la construcción de esta obra, y en 2002 el entonces presidente argentino Eduardo Duhalde firmó un decreto en donde se lo consideraba “asunto prioritario”.
Estamos igualmente ante un intento de reflotar un tema que todavía cuenta con algunos seguidores y hasta promotores simpatizantes en este lado del Río de la Plata, más precisamente en Montevideo, donde nació la idea de construir el faraónico puente Colonia-Buenos Aires, que fuera descartado como prioridad cuando el advenimiento de la Administración Vázquez.
El diario Clarín de Buenos Aires indicó que la reciente visita a la Argentina del presidente chino Xi Jinping generó buen ambiente para reimpulsar la idea del puente. Se trata de una iniciativa privada que partió de empresarios argentinos y chinos y ha apuntado a la participación china a través de la constructora China Dalian International Cooperation Group (CDIG) y en caso de materializarse en un proyecto debería ser aprobado por los parlamentos de ambos países.
El director de la Cámara Argentino-China, Carlos Spadone, dijo que el proyecto demandará un período de construcción de no menos de dos años, y para dar vida al emprendimiento se dispondría de un crédito del Eximbank chino, en tanto el matutino porteño agregó que los representantes de la constructora Dalian que acompañaron al mandatario chino en su visita a Buenos Aires señalaron que disponen de unos 500.000 millones de dólares para invertir en iniciativas en el exterior.
Los antecedentes de la iniciativa de unir Colonia con Buenos Aires a través de un puente de 43 kilómetros, que partiría desde la localidad de Punta Lara, datan de hace 28 años, cuando los presidentes de Argentina y Uruguay, Raúl Alfonsín y Julio María Sanguinetti, se pusieron de acuerdo para avanzar sobre el citado proyecto. Poco tiempo después este intento dio lugar a la formación de una Comisión Binacional pro Puente Colonia- Buenos Aires, y en 1991, entonados con este proyecto que provenía de los gobiernos anteriores, los presidentes Carlos Menem y Luis Alberto Lacalle firmaron un llamado a licitación para elaborar el correspondiente proyecto, que contaba luego con el apoyo del entonces presidente Jorge Batlle, pero fue descartado en 2005 por nuestro país, por decisión política de la administración del expresidente Tabaré Vázquez. Luego, en 2011, el gobierno de Néstor Kirchner también decidió abandonar la citada comisión binacional.
Debe tenerse presente además que esta comisión siguió funcionando varios años con el proyecto ya enterrado, y tanto Uruguay como Argentina gastaron decenas de millones de dólares en sostener el funcionamiento de esta comisión por espacio de más de una década, para una iniciativa que al fin de cuentas promovía establecer un corredor de desarrollo turístico apoyado en el eje Buenos Aires-Montevideo-Río de Janeiro, el que naturalmente --desde el punto de vista geopolítico-- tiende a acentuar las asimetrías en cada país, en desmedro del interior, y acentuando como polos de actividad los corredores de influencia de las dos capitales, ajenos al país real.
En realidad, este proyecto nació en las dos capitales a través de visiones eminentemente centralistas, y no puede extrañar que la mayor oposición, en los dos países, partió desde los fuerzas vivas, emprendedores y dirigentes políticos del Interior, por considerar que la enorme inversión no agregaría ninguna infraestructura que propiciara el desarrollo armónico, que tanto se necesita, a efectos de reducir las desigualdades y generar logística para los sectores productivos de origen agropecuario que son la base de la economía de nuestro país, por ejemplo, y apuntarían más que nada a que Buenos Aires y Montevideo acentuaran su poder de concentración de población y actividad.
Es decir, que el intento que se procura recrear en algunos ámbitos bonaerenses, es una iniciativa trasnochada y del más rancio centralismo, lo que indica que mantienen vigencia todavía grupos que tienen una visión focalizada e interesada respecto hacia donde deben volcarse recursos en infraestructura en beneficio de sus concepciones, de espaldas al país real que en ambas orillas pugna por crecer y desarrollarse en base a similares oportunidades que las que se dan en las macrocefálicas capitales.