Santiago Maccio

Locales | 01 Oct La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, al igual que otras cámaras empresariales, no fue consultada por el gobierno respecto a la redacción de la Ley de Inclusión Financiera, como tampoco se hizo en el caso de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, señaló a EL TELEGRAFO el gerente de gremiales de la citada institución, Santiago Maccio, quien se hizo presente en la sede del Centro Comercial e Industrial de Paysandú en oportunidad de la charla ofrecida para divulgar alcances de la primera de las normativas mencionadas. Manifestó Maccio que la Cámara de Comercio “está siempre en contacto con todos los centros comerciales e industriales, que para nosotros son los referentes. A través de ellos transmitimos de primera mano las novedades en lo que respecta a nuevas normativas, que es el principal canal para que llegue al pequeño, mediano y gran comerciante, y que hacen que el empresario deba estar tomando decisiones en el nuevo marco”. “En esta oportunidad nos convoca un tema muy importante, porque la ley ya está aprobada, y para eso venimos con la contadora Ivonne Casullo, especialista en temas financieros, con amplia experiencia en la banca privada, a efectos de transmitir los principales conceptos, el contenido, el alcance, los plazos, los medios de pago electrónicos que surgen por esta normativa, para que el comerciante pueda tener una idea más acabada de las decisiones a tomar internamente, en la utilización de herramientas tecnológicas, como son los Pos”, precisó el entrevistado.

NO SE TUVO EN CUENTA
Respecto a la postura de la cámara acerca de la Ley de Inclusión Financiera, Maccio evaluó que “en el caso de este tipo de acciones hay algunos aspectos que no compartimos por el solo hecho de que no se ha tenido en cuenta el aporte del sector empresarial. Cada vez que ha salido este tipo de normas, como la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, no se tomaron en cuenta los aspectos que queremos trasladar desde el sector empresarial.
Por ejemplo, en el Interior, en la zona agropecuaria, donde hay por ejemplo que pagarle el sueldo a un empleado, ahora va a tener que recorrer 30 o 40 kilómetros al lugar más cercano para estar, vía su tarjeta electrónica, en condiciones de cobrar su salario”.
“Pero la normativa está vigente, y hoy si bien la cámara no comparte otros aspectos y está transitando otros caminos, --porque hay aspectos hasta de inconstitucionalidad--, para la operativa diaria lo principal de hoy es la información que estamos proporcionando”, evaluó el dirigente empresarial, quien consideró que “evidentemente surge que esta norma parece haber sido diseñada detrás de un escritorio pero sin tener en cuenta los aspectos prácticos.
Y esa es nuestra preocupación, porque nosotros estamos permanentemente recorriendo el país, y la realidad es bastante diferente a la que perciben desde el centralismo de Montevideo y por eso desde el sector empresarial lo quisimos trasladar a las autoridades, mientras estaban diseñando esta normativa, con poca suerte”, puntualizó el entrevistado.
“Pero hay que ir amoldándose, informarse, asesorar y que el comerciante se lleve de primera mano elementos sobre qué decisión es mejor para su pequeña empresa”, manifestó Maccio.