Opinion | 27 Sep De acuerdo a lo señalado por la representante empresarial en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), contadora Elvira Domínguez, el organismo pierde mensualmente unos cinco millones de dólares por concepto de certificaciones médicas falsas de trabajadores que acreditan tener una enfermedad que realmente no padecen.
La directora explicó a El Observador que el BPS paga mensualmente unos 13 millones de dólares por enfermedad, pero de esa suma unos cinco millones corresponden a certificaciones fraudulentas, y aclaró que este incremento en certificados fraguados coincide con la medida adoptada en 2010, a partir de cuando se derogó el doble control administrativo que antes realizaba el BPS.
Recordó asimismo la directora que hace unos dos meses la Policía de Canelones procesó a seis trabajadores del área de salud de ese departamento tras comprobarse que habían presentado certificados médicos truchos en sus respectivos trabajos, lo que se facilita por el hecho de que el documento se completa y el BPS cuando acredita “no tiene ningún tipo de control. Se ha visto de todo, se fotocopian, se falsifican firmas de médicos”.
Precisamente hace cuatro años el BPS ya no efectúa el doble control de las certificaciones médicas, cuando se pasó de recibirse 21.000 a 37.000 certificaciones médicas anuales, lo que Domínguez atribuye precisamente a los fraudes en los papeles que se presentan a la institución.
Ello se explica porque ahora basta con presentar una constancia de un profesional del prestador de salud del que es socio el empleado para acceder a este beneficio económico, en tanto antes de esa fecha las certificaciones estaban a cargo del organismo previsional.
Como es sabido, esta facilidad se presta para las “gauchadas” de facultativos a pacientes que les piden días ante cualquier amago de afección para no concurrir a trabajar, pero también debe tenerse presente que en su momento el BPS era en extremo severo para suscribir certificados, y ahora todo indica que se “bandeó” en cuanto a la franquicia para las certificaciones.
Ante estos abusos, lo que corresponde sin dudas es extremar los controles por el organismo responsable, para que estas facilidades no se transformen en un “vale todo” y al fin de cuentas resulten perjudicados los trabajadores que realmente son afectados por problemas de salud y que no están en condiciones de trabajar, que solo perciben el 70 por ciento de su salario cuando pasan al BPS y que podrían recibir un mayor porcentaje de no ser porque se pierde por las “avivadas”.