Nacionales | 03 Oct El director de la División Adquisiciones y Suministros de la Cámara de Diputados fue procesado con prisión por realizar maniobras fraudulentas por más de 60.000 dólares. Además del funcionario, que presidía el sindicato de trabajadores de Diputados, fueron procesados tres cómplices, que cumplían la función de “proveedores fantasma”, informó El Observador. A pedido del fiscal Juan Gómez, el juez Néstor Valetti procesó al funcionario parlamentario como autor de “un delito continuado de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación o alteración de certificado”. Gonzalo Andrade, que estaba preso en la cárcel departamental de Cerro Largo por narcotráfico, fue procesado con prisión como coautor del delito de fraude. También fue procesado con prisión como coautor Carlos Suárez, que si bien estaba en libertad, tiene antecedentes por receptación. En tanto, una mujer sin antecedentes penales, fue procesada sin prisión pero con medidas sustitutivas de arresto domiciliario por 90 días.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el año pasado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Germán Cardoso (Partido Colorado), quien ordenó realizar una investigación administrativa que detectó las maniobras. Luego, su sucesor en la Presidencia de la Cámara, Aníbal Pereyra (Frente Amplio), dispuso una pericia caligráfica para identificar quién había firmado las boletas de las compras irregulares, que reveló que había sido el jefe de compras, quien renunció al sindicato que presidía cuando se dispuso el sumario administrativo. La Comisión de Asuntos Internos se reunirá el lunes para analizar el sumario del funcionario, en el que Pereyra propondrá destituirlo. “Como presidente, voy a sugerir de que se instrumente la sanción máxima, que es la destitución. Lo amerita la gravedad de las irregularidades”, remarcó y reconoció que “hubo debilidades” en los procesos de control, porque de lo contrario “no podría haber pasado”. Añadió que se comenzó una auditoría externa en la Cámara de Diputados para encontrar errores en los procesos y fortalecer los mecanismos. Además aseguró que entraron 40 nuevos funcionarios a través de un concurso para agilizar los atrasos en el funcionamiento.

INCAUTAN ARMAS Y 130 CORTES
Según Búsqueda, el Ministerio del Interior investiga un presunto intento de desestabilizar el sistema carcelario con motines e ingresando armas de fuego a centros penitenciarios. Familiares de reclusos presentaron la denuncia de que había dos armas en dos módulos distintos de Santiago Vázquez.
A través de dos requisas realizadas esta semana se encontraron esas armas, además de seis palancas de marihuana, 130 cortes, 20 puntas, 11 litros de escabio y nueve celulares. En la primera de las requisas se encontró un arma calibre 7 milímetros y 12 municiones en poder de un preso. Cuando comenzó la requisa desde una celda tiraron por la ventana una pistola calibre .22 con dos proyectiles, por lo que no se pudo identificar al recluso que la tenía, informó Subrayado.
El director nacional de Policía, Julio Guarteche, señaló que no identifica una intencionalidad política en estos ingresos de armas aunque la denuncia realizada por familiares fue consistente, pues las dos armas que dijeron estaban allí. “Existe corrupción, lo tenemos claro, estas cosas pasan porque hay corrupción. Hicimos esfuerzos considerables para detenerla, pero ningún esfuerzo es perfecto. Hay que saber cuál ha sido la participación de algún funcionario”, aseguró. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, dijo que recorre las cárceles continuamente, habla con todos los actores del sistema y no identifica actualmente un clima de posible motín aunque aclaró que “esto es muy dinámico”. En cuanto al refuerzo de las medidas en los últimos días, a causa de estas denuncias, señaló que no hubo cambios. “La seguridad siempre está reforzada. Es una manera de prevenir, tenemos que ser proactivos y no esperar a que pase algo. El INR es proactivo”, insistió. Añadió que “antes de entrar nosotros, en el año 2012, un arma de estas que ingresó por corrupción fue la que dio muerte al agente Oseas Pintos en abril de 2012. No podemos admitir que hoy, después de tanto sacrificio que se ha hecho, aparezca una pistola”.

ACCIDENTE EN OBRAS DEL PUENTE GARZÓN
Una retroexcavadora se hundió en la laguna Garzón durante las obras de construcción del puente que unirá a los departamentos de Maldonado y Rocha, provocando preocupación en la población local, particularmente por el impacto medioambiental que puede generar. El accidente se produjo cuando la máquina, propiedad de la empresa constructora Saceem, adjudicataria de las obras, se hundió en la laguna, en el momento en que operarios realizaban trabajos de cimentación, explicó a El Observador el alcalde de Garzón y José Ignacio, Fernando Suárez. El incidente ocurrió cuando se estaba removiendo arena para constituir un talud, como parte de los trabajos preparatorios para la construcción del puente. La principal inquietud de los vecinos radica en el vertido a las aguas de la laguna de gasoil, aceite y, eventualmente, otros fluidos contaminantes. En tal sentido, el alcalde envió un informe a las intendencias de Maldonado y Rocha, señalando que está a la espera de los informes técnicos que elaboren los organismos competentes, como el Ministerio de Transporte y Obras y Públicas y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Suárez señaló que siempre se mostró “afín” a la obra y se contemplarán “situaciones ambientales”, aunque también reconoció que “nunca está en los planes que una máquina se vaya para el medio de la laguna”. hasta el momento la empresa estaba esperando la llegada de una grúa especializada para poder extraer a la retroexcavadora de la laguna, según el alcalde.

LEY PROHÍBE COMPRA DE TIERRA A ESTADOS
Uruguay promulgó una normativa que establece la prohibición de la tenencia de tierras para explotación agropecuaria a cualquier empresa en la que tenga participación directa o indirecta algún Estado extranjero. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento, y rubricada por el presidente José Mujica y los ministros de Ganadería, Tabaré Aguerre, de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y Economía y Finanzas, Mario Bergara.
La normativa tiene como objetivo establecer como “interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular, la tierra”. “El Poder Ejecutivo no podrá disponer que la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias pueda ser ejercida por sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones con capital accionarial representando por acciones al portador, cuyos titulares controladores sean entidades nacionales propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismo”, señaló el texto de la ley. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Enzo Benech, apuntó que la ley implica mantener una coherencia con la política de concentración de la tierra que defiende el Gobierno de Mujica y recordó “que hay mucha (tierra) en poder de extranjeros porque siempre fue un tema muy discutido pero difícil de legislar”. En tal sentido manifestó que el tamaño territorial de nuestro país y la posición internacional que el país tiene como productor de alimentos en un mundo cada vez más demandante, “lleva a que muchos Estados se interesen por nuestra tierra”.
“Es una forma de legislar y dejar claramente establecido que en Uruguay los Estados extranjeros no pueden comprar tierra”, agregó Benech. Explicó que en caso de que a Uruguay le interese que un estado invierta en la tierra, la misma ley prevé una cláusula de contemplación a través de un pedido formal que debe ser estudiado. Advirtió que la ley solo prohíbe la compra de tierra a Estados extranjeros, no a personas físicas o empresas extranjeras, y en caso de ser sociedades anónimas deben poseer acciones nominativas “porque queremos saber quién compra nuestras tierras”, sentenció.

CLASES DE INGLÉS PARA 50.000 NIÑOS
El aprendizaje de inglés a través del Plan Ceibal se extendió este año a más de 50.000 niños y 2.000 maestros en 400 escuelas de todo el país. Para el próximo año se prevé la universalización del programa “Ceibal en inglés” en las escuelas urbanas del país, en los grados de cuarto, quinto y sexto, explicó Claudia Brovetto, coordinadora del programa. El mismo tiene una modalidad de enseñanza mixta, es decir, parte del aprendizaje ocurre mediante videoconferencia y otra parte es presencial.