EXPERTAS EN DERECHO ADOLESCENTE EXPUSIERON
EN CONGRESO BINACIONAL EN CUP

Locales | 07 Oct Las doctoras Susana Falca, consultora jurídica de Unicef Uruguay, y Claudia Ramírez, secretaria jurídica de INAU, quienes expusieron en el marco del Congreso Binacional de Familia, Infancia y Adolescencia, coincidieron en que Uruguay incurriría en violaciones a los compromisos internacionales asumidos al firmar la Convención de los Derechos del Niño, si se aprobara la reforma que propone la baja en la edad de imputabilidad penal.
Ramírez aclaró que su exposición en el marco del citado congreso se debió a un trabajo realizado para una maestría en infancia y políticas públicas que está cursando, por lo que refleja una posición personal y no la posición de INAU. El trabajo se titula “La propuesta de la baja en la edad de imputabilidad, su contradicción con los principios de derecho penal juvenil, emanados de la Convención de los Derechos del Niño y del Código de la Niñez y la Adolescencia”, y deja en claro la postura de la profesional con respecto al tema.
“La propuesta de reforma la vinculé con la teoría del derecho penal del enemigo”, encuadró. “El Estado debe satisfacer una presión de la sociedad que se transluce en discursos políticos que ponen en juego los sistemas más perversos de presión social. Yo entendí que --no tanto capaz la opinión pública, sino yo diría la opinión política a través de los medios de comunicación-- cuando un adolescente comete un delito se hace alarde del tema de la inseguridad, de los fracasos de las políticas públicas y de quienes las ejecutan, entonces entran a buscar culpables, desde el punto de vista común y desde el derecho penal”.
Ramírez consideró que “hay cuestiones que tienen que resolverse desde lo social, desde lo normativo también, pero es más fácil pasarlo a la órbita del derecho penal y seguir penalizando” y agregó que “penalizar a los jóvenes más jóvenes no va a restablecer el orden social, no va a extinguir el delito, y tampoco va a traer seguridad a la ciudadanía”.

PRINCIPIOS
Desde el punto de vista técnico la profesional sostuvo que “la Convención de los Derechos del Niño es un instrumento de derechos humanos, y por lo tanto está teñido de un principio que es fundamental, el de no regresividad”. Según Ramírez, esto significa que “cuando los estados ratifican los tratados internacionales sobre derechos humanos y los incorporan a su normativa interna, se obligan a proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos. Entonces mal estaríamos protegiendo si la convención habla de los 18 años y eso no se debería volver atrás, eso Uruguay lo ratifica y lo ingresa a su ley interna, por lo tanto sí se estaría violando la Convención de los Derechos del Niño”.
Para la funcionaria existe ya mucha normativa aplicable, si bien pasible de ser mejorada y advirtió que de modificarse, se podría incurrir en un problema de seguridad jurídica. También señaló que se contravendría otro principio consagrado en la convención, por el cual la privación de la libertad siempre va a ser en la última de las medidas a adoptar, lo que según Ramírez se revertiría en caso de aprobarse la reforma propuesta.
Por su parte, la consultora jurídica de Unicef Uruguay, Susana Falca, aludió a los compromisos asumidos por el país al suscribir la Convención de los Derechos del Niño. Según la consultora, las disposiciones de la convención “no afectan la soberanía del Estado, porque cuando éste se compromete frente a la comunidad internacional lo hace soberanamente, sino no puede firmar un tratado internacional”.

FIJADA A LOS 13
Estos compromisos, explicó, se reflejaron en la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otras cosas a definir la edad por debajo de la cual no se reconocerá capacidad para infligir la ley penal. “El Estado uruguayo cuando aprobó el Código de la Niñez decidió, consensuó, que esa edad iba a ser fijada a los 13 años”, señaló. Agregó que también se comprometió en esa firma a la creación “de un proceso de naturaleza especial, proceso penal, al que van a ser sometidas las personas menores de edad”.
La profesional enfatizó además en que “no es conveniente introducir en la Constitución disposiciones que tienen que ver con política criminal” y coincidió con su colega en que “la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla. Acá tenemos el principal escollo que la propuesta nos presenta, por eso considero que transgrede estos principios básicos que la convención establece”.
Otra violación a la Convención de los Derechos del Niño en enfatizó la doctora Falca es que “el estado uruguayo no puede ahora establecer una edad por debajo de los 18 años solamente a los efectos de reprocharle penalmente la conducta en casos de infracción a la ley penal, porque el artículo 1 dice: “salvo que el estado parte haya establecido otra edad inferior a todos los efectos”.
“Es decir, a la mayoría de edad, y en Uruguay, por disposición del Código Civil, incluso por disposición constitucional, los 18 años son la mayoría de edad.
Yo entiendo que esta propuesta está violentando el artículo 1 de la convención”. La consultora de Unicef también mencionó que ya existen medidas legales que permiten, por decisión del juez, mantener los antecedentes penales de los menores de edad, así como existe un servicio encargado de la ejecución de las penas que se apliquen a los menores, como es el Sirpa, ambos aspectos contenidos en texto del proyecto que se pondrá a consideración el próximo 26 de octubre. El Sirpa, dijo, “no es servicio descentralizado, es una comisión delegada, sería como el debe crear por ley el servicio descentralizado, pero es algo que también está previsto por la ley”. Falca concluyó que le parece “legítimo presentar a la ciudadanía una propuesta de reforma, pero debemos analizarlo seriamente y no exponer al Estado uruguayo a responsabilidad con la comunidad internacional, porque seguramente va a incurrir, en caso de aprobarse”.