Opinion | 07 Oct Uruguay cuenta actualmente con 10 ambientes naturales ingresados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que, con sus ríos, sierras, montes, humedales, pastizales, quebradas, zonas marinas, costeras e islas, además de sus respectivos valores culturales asociados, conforman 123.500 hectáreas de territorio que se han comenzado a manejar con visión de protección y conservación.
Estos logros, aún incipientes, han sido parte de un proceso que comenzó hace seis años atrás, con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y el ingreso al mismo del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos.
En ese sentido, el director de la División SNAP, Guillermo Scarlato manifestó “hoy sabemos mejor qué queremos conservar, y dónde está lo que queremos conservar, y ese saber se alcanzó a través de un proceso largo que contó con una amplia participación, no sólo de técnicos sino de las comunidades como protagonistas”.
Se trata de una concreción importante que ha exigido un esfuerzo de institucionalización del SNAP para ganarse su lugar no sólo con asignaciones presupuestales que permiten contar con personal técnico y profesionalizar el trabajo en esta área, sino también en la consolidación de una conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger nuestros ecosistemas y realizar un manejo responsable y adecuado de las distintas actividades que se desarrollan en los mismos.
Uruguay posee más del 90% de sus tierras bajo propiedad privada y carece de grandes extensiones de territorios “improductivos” o de difícil aprovechamiento (montañas, selvas, desiertos, etcétera), que son los que en muchos países formaron parte de las principales áreas naturales protegidas. De aquí surge uno de los principales desafíos para el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), y para el SNAP en particular, el de articular protección y uso productivo del territorio.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es aún una herramienta joven. A pesar de ello, las áreas protegidas que lo integran cubren el 70% de los paisajes del país, muchas de las cuales están comenzando a ser gestionadas con una perspectiva de sostenibilidad en su uso para contribuir a la conservación de sus valores naturales y culturales a largo plazo. Su potencial para armonizar el cuidado del ambiente, y en particular el compromiso social de las comunidades cercanas, lo están convirtiendo en una interesante herramienta para compatibilizar la preservación de nuestros paisajes y ecosistemas con el desarrollo económico --por ejemplo a través de turismo-- y social.