Opinion | 08 Oct A esta altura, en que todo suele decodificarse en términos electorales, se acentúa el color del cristal con que suelen verse las cosas según convenga a los intereses de uno u otro, y por lo tanto se desdibuja más que nunca por donde pasa el interés general, aún en temas de particular importancia, como es el caso de las agresiones a la comunidad, por cuanto estamos también en medio de una campaña electoral que tiene entre sus ingredientes a dilucidar el plebiscito sobre el proyecto de reforma constitucional de la baja de la edad de imputabilidad.
Precisamente en este escenario varios menores han sido nuevamente protagonistas en los últimos días de pedreas a vehículos, sobre todo ómnibus en los accesos a Montevideo, en un caso notorio con rotura de parabrisas y heridas al conductor de una unidad de transporte interdepartamental, que se suma a situaciones similares contra todo tipo de vehículos prácticamente a diario, y que se repite en menor medida en otras ciudades, incluida Paysandú, como hemos dado cuenta en más de una oportunidad en EL TELEGRAFO.
El punto es que desde el partido de gobierno se ha pretendido minimizar estos hechos, como si fueran una cosa menor en el marco del clima de inseguridad que se vive en el país y peor aún, atribuyendo aviesas intenciones a la oposición por hacerse eco de estos hechos, a pocos días de las elecciones nacionales.
El rostro ensangrentado del conductor, el parabrisas del ómnibus destruido, los pasajeros golpeados y aterrados, y el ómnibus que a duras penas pudo ser llevado algunos cientos de metros a un lugar seguro, evitando un serio accidente y posiblemente saqueos, generó la lógica conmoción en una población que asume que estos ataques en cualquier momento pueden pasar a mayores, con el posible desenlace --como ya ha pasado-- de algún vehículo volcado o chocado al irse del carril como consecuencia del estallido del parabrisas y el conductor perdiendo el control del rodado, como ocurre frecuentemente en estos casos.
Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír --sostiene el refrán-- o de un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer y que se mantiene en sus trece ante una problemática que rompe los ojos en cuanto a la grosera impunidad con que actúan estos menores, aunque ciertamente también hay mayores involucrados. Incluso prominentes figuras del gobierno tratan de minimizar los hechos y hasta atribuyendo aviesas intenciones a la oposición y el periodismo por dar cuenta de estas situaciones “con intenciones electorales”, cuando todos sabemos que no es un tema nuevo y que se viene arrastrando desde hace muchos años, sin que se adopten las medidas que permitan controlarlo o reducir riesgos, sin nadie que asuma responsabilidades sobre las consecuencias. Así, tenemos por ejemplo la reacción del Ministerio del Interior, en particular los dichos del ministro Eduardo Bonomi, acerca de que los últimos episodios habían tenido características “extrañas”, dando a entender que hay implicancias políticas, y en esa misma línea, días atrás el director nacional de Policía, Julio Guarteche, expresó que desde julio no se denunciaban pedreas a ómnibus y por eso lo consideró “raro”. No obstante, en otro pasaje de la entrevista admitió que en lo que va del año hubo 200 denuncias por pedreas en varios puntos de Montevideo, algunas, precisó, más graves que el hecho puntual en los accesos a Montevideo en el que resultó lesionado el conductor del vehículo y una pasajera. Guarteche dijo que en ese incidente no había intención de robo y que lo que se buscaba era simplemente causar una tragedia.
Pues de eso se trata, precisamente, de actos criminales y de delitos contra la propiedad y la integridad física de los que acierten a pasar por el lugar. Los hechos hablan por sí solos y ante el ciudadano común ya resulta imposible tapar el sol con un harnero, y por cierto que quienes tienen esa actitud ya no logran convencer a nadie más o menos objetivo de estas “conspiraciones” de los otros partidos, porque lo que se debe hacer es asumir que se está ante un problema que es de delincuencia y no es de izquierda ni de derecha, y por lo menos buscar experiencias en otros lugares en la dirección de prevenir que más temprano que tarde algunos de estos atentados se transformen en tragedia, con pérdidas de vidas humanas, porque lo que está sucediendo es mucho más grave que unos simples “botijas que se pasan de la raya”, como intentó minimizar el presidente José Mujica.
Así, incluso en países desarrollados se han instalado alambradas de suficiente altura como para prevenir el lanzamiento de objetos desde los puentes, incluyendo la colocación de acrílicos antivándalos, lo que además está en el ABC de las medidas de prevención, de la misma forma que la construcción de murallones en las zonas críticas, al costado de los accesos. A ello debería agregarse el retiro de las precarias construcciones y asentamientos marginales que se levantan al costado de la ruta, que es donde vive la mayoría o gran parte de quienes protagonizan estos ataques, sin olvidar patrullajes constantes con efectos disuasorios, y solo para empezar a hacer algo que valga la pena en defensa del ciudadano agredido. De otra forma, tarde o temprano sucederá una tragedia mayor. Basta imaginarse lo que podría suceder si el chofer de un ómnibus pierde la conciencia o simplemente el control de su vehículo tras recibir el impacto de un proyectil, que entra por el parabrisas a la velocidad de carretera. Por supuesto que nadie se hará cargo de esa “travesura”, pero la realidad es que el verdadero responsable será el Estado, por omisión, por no haber tomado a tiempo las medidas que debió tomar a sabiendas que eso iba a terminar pasando.