Senador Jorge Larrañaga

Locales | 09 Oct Para el senador Jorge Larrañaga la toma de posición de la Universidad de la República, que incluye declaraciones en apoyo a la campaña del No a la Baja en el próximo plebiscito de reforma constitucional, constituye una violación a la imparcialidad que debe tener la alta casa de estudios en una problemática de toda la sociedad.
El legislador nacionalista subrayó a EL TELEGRAFO que es conocida su posición contraria a la reforma constitucional, pero por otro lado lo de la Universidad “es de una parcialidad absolutamente preocupante, donde se interviene. Es sabida mi posición respecto al tema, pero tampoco es bueno que las autoridades de la enseñanza tomen partido por una de las posiciones que están en juego en la instancia plebiscitaria del 26 de octubre”.
“Yo lo que advierto es que muchas veces uno tiene la percepción de que la izquierda utiliza el estado de derecho como un traje a medida: si le queda bien el traje lo usa, y si ese traje --que se llama marco jurídico normativo-- no le queda bien, lo tira”.
“Considero que hay una década perdida en materia de seguridad y de educación, pero también ha existido una década de soberbia en algunos de los integrantes del gobierno”, sostuvo el aspirante ala vicepresidencia por el nacionalismo.
Consultado respecto a la encuesta que lo señala por mayoría como el dirigente con mayor capacidad de diálogo para llegar a acuerdos parlamentarios, Larrañaga evaluó que posiblemente ello surge de que tiene 15 años de experiencia en el Senado.
“Estuve cinco años en el 2000-2005, con un Parlamento sin mayorías parlamentarias, durante la Presidencia de Jorge Batlle. Ahí tuvimos que conseguir conformar mayorías parlamentarias incluso para leyes como la del ajuste fiscal, que nosotros no votamos, que entendíamos que era inútil en aquel momento. Pero después tuvimos que votar la ley de reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y el canje voluntario del endeudamiento interno del 2003, que fue el impulso de medidas que el gobierno de Batlle adoptó bajo la conducción de un ministerio de Economía, de un gran ciudadano como lo es Alejandro Atchugarry. Esos instrumentos legislativos salvaron al país del default”, recordó.

“ESCRIBANÍA DE GOBIERNO”
“Después estuve diez años en un Parlamento con mayorías parlamentarias del Frente Amplio, donde el Parlamento ha sido una suerte de escribanía de gobierno, donde las mayorías operativas del gobierno llegaban y levantaban la mano, donde aparecían los 16 votos en el Senado y los 50 votos en Diputados.
Entonces a partir del 1º de marzo del año que viene me parece que la realidad del país va a cambiar y nosotros hemos aportado al diálogo. Firmamos un acuerdo nacional cuando yo era presidente del Directorio del Partido Nacional, por abril de 2005, con la firma de todos los partidos sobre economía, relaciones internacionales, seguridad y educación, que después no se cumplió en la primera administración frenteamplista”, explicó.
También “logramos persuadir a nuestro partido para firmar el acuerdo nacional sobre la educación, del 23 de febrero de 2012, y lo firmamos todos los partidos, porque creíamos que era una forma de blindar a la educación para impulsar cambios que después no se dieron, porque el gobierno cedió a las presiones corporativas y a los empujes ideológicos internos que no le permitieron tomar el rumbo que la educación necesitaba para detener su caída y empezar a corregir la dirección”, precisó el dirigente sanducero.
“Por lo tanto, hemos tenido experiencia de acuerdo y en el Parlamento se sabe que mi palabra se cumple, y que tenemos la posibilidad de incidir en nuestro partido para ser partícipe de los entendimientos que el país
precisa”, apuntó.

NO SE RECONOCE LA INSEGURIDAD
En cuanto a la inseguridad, evaluó que las cifras indican un crecimiento del delito en prácticamente todas las modalidades, a lo que se agrega una gran cantidad que no se denuncian, “y no se quiere reconocer que tenemos problemas, con una situación carcelaria que es gravísima, con cerca de 11.000 presos”. Evaluó que en gran medida se ha evolucionado en las cárceles “cuando por fin se atendieron propuestas formuladas por el Partido Nacional. En el período del doctor Vázquez nos trataron de golpistas porque propusimos la transformación del cuartel de Punta Rieles en una cárcel y eso permitió 800 plazas nuevas de presos y ahora es una cárcel modélica”.
Acotó que “hay otras cosas que no se aceptan. Ahora, a 20 días de la elección, empiezan a decir que entran armas a las cárceles”.
“Pero si entran es porque la custodia encargada de revisión permite que se haga. Pero además hay una ley que le confiere a las Fuerzas Armadas el control de ingresos de las cárceles que no se cumple, porque no se ha podido poner de acuerdo el Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior, porque los policías no quieren ser controlados por los militares y los militares entienden que no tienen estatuto jurídico suficiente como para poder controlar a la Policía. Hemos propuesto la ampliación de la Guardia Nacional Republicana, el pasaje de militares a la Policía, que se logró en un número de 180 efectivos. Estamos proponiendo una guardia nacional, que nos parece que es fundamental porque tiene que haber otra arma contra la delincuencia, otro grupo dentro del Ministerio del Interior que ayude a la Policía, pero que a su vez genere controles y equilibrios en la distribución de los recursos humanos en todo el país”, fundamentó.
Mencionó como el ejemplo que en Paysandú hay comisarías part time, es decir que funcionan la mitad de los días a la semana, en localidades del interior departamental, como Merinos y Piedra Sola, en tanto que hay otros lugares en los que han desaparecido los destacamentos policiales.
“Estamos, por lo tanto, ante zonas resignadas en materia de seguridad ciudadana”, subrayó Larrañaga.