Locales | 11 Oct La Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) reclama mayores acuerdos para establecer una cartera de tierras, a fin de solucionar el déficit habitacional y avanzar en la reglamentación total de la Ley de Ordenamiento Territorial. El presidente de la Mesa Nacional, Darío Rodríguez, informó a EL TELEGRAFO que a nivel municipal hay un acuerdo con diversas intendencias, con experiencias “pioneras” desarrolladas en Montevideo, con “resultados positivos” en Soriano y Flores, o de “letra muerta” en San José.
Rodríguez recordó que existe una Ley de Ordenamiento Territorial desde 2008 que “es de avanzada, ordena el país, su zona costera y los diversos desarrollos productivos”. Esta iniciativa, en particular, otorga amplias facultades a las comunas “para que realicen planes de ordenamiento de sus territorios y en ese marco habilita a una cartera de tierras y planificación de las ciudades con la extensión de los servicios”. En tal sentido, el directivo anunció que Fucvam bregará para integrar la comisión nacional prevista en la Ley de Ordenamiento y las respectivas comisiones departamentales. “Independientemente de quiénes ganen en las municipales, para nosotros es relevante que tengan una sensibilidad sobre la materia” y resaltó la experiencia de la federación en el desarrollo urbano de las ciudades, “bajo una lógica de integración con generación de población heterogénea”.
La entidad reclama, además, la necesidad de establecer un Plan Nacional de Vivienda quinquenal 2015-2020, con “un símil que sería la política en materia energética, asumida por todos los partidos políticos”, al tiempo de acordar con Fecovi y el Plan de Vivienda Sindical un documento en común que contiene los reclamos de las cooperativas. Rodríguez apuntó a la existencia de un “talón de Aquiles” en la falta de financiación de nuevas cooperativas y la reglamentación total de la ley “porque hay mucha presión desde que el suelo es una mercadería y algunos agentes inmobiliarios no quieren que se regulen estos aspectos”, explicó.
Propuestas del plan
El primer punto de la propuesta refiere a la vivienda de interés social que “históricamente se subvencionó el interés de los préstamos, luego se subvencionó el capital con 374 UR que no se amortizaban y en la actualidad existe el subsidio a la permanencia”. El plan destaca la necesidad de evitar la mercantilización de la vivienda que reciba apoyo del Estado, sino reglamentar y considerarla un bien de uso a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). En el caso del suelo de propiedad pública, así como inmuebles pertenecientes al Estado, aptos para vivienda, deberán pasar automáticamente al Ministerio de Vivienda para integrar su cartera de tierras.
En este sentido reclaman la “aprobación inmediata del proyecto de Ley de Inmuebles Abandonados”, presentado por los legisladores Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni en el Parlamento y acelerar el pago de deudas al Estado a través de inmuebles, tomándolos al valor catastral. “En el caso que el deudor no esté de acuerdo con el procedimiento se le exigirá el pago inmediato de la deuda, en cuyo defecto se procederá a la ejecución de la misma”, añade.
El tercer aspecto apunta a destinar recursos para el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, “asignándole mensualmente, a través del presupuesto, no menos del equivalente al 2% de la masa salarial” y propone la creación de un impuesto al juego, grabar la extracción de utilidades de las zonas francas, crear un impuesto a la vivienda vacía con la excepción de las residencias de temporada, grabar la tierra urbanizada improductiva “no solo con la contribución inmobiliaria, sino con un impuesto director de la Fondo Nacional de Vivienda”, promover la inversión de las AFAP y emitir valores negociables en UR o UI. Seguidamente el plan propone la exoneración de IVA a la vivienda de interés social, subsidio a la permanencia, estudiar los mecanismos de ajuste de las amortizaciones “para evitar que evolucionen por encima de los salarios de la población objetivo” y financiar los ingresos de nuevos cupos a cooperativas habitadas “con el objetivo de que la población que ingresa mantenga el perfil de las familias que crearon la cooperativa”.La propuesta incluye la construcción de “una línea de crédito para el mantenimiento edilicio de los complejos con más de 30 años”, estudiar la forma de cobro de los institutos asesores (IAT) que hoy perciben el 60% de sus honorarios con el desembolso por parte de la ANV de la primera cuota del préstamo, desglosar cuánto corresponde a cada tarea de lo cobrado y un mayor control del Ministerio de Vivienda al trabajo desarrollado por los IAT. El plan resalta que dentro de los rubros se deberá cumplir con la reglamentación relacionada a la seguridad en la obra. “Esto no debe hacerse a expensas de los fondos para construir”, puntualiza. Finalmente proponen un ámbito de intercambio entre el ministerio, las cooperativas y los IAT, con el fin de arribar a soluciones para los problemas constructivos o financieros, exonerar de restricciones a la construcción en altura, definir y poner en práctica un mecanismo de depreciación de la vivienda y transparentar la forma de calcular los costos de tasación, además de la metodología de evaluación de los proyectos presentados ante el ministerio.