Rurales | 12 Oct La Federación Rural planteó durante el pasado Congreso de Intendentes los temas que más le preocupa a la gremial y a los productores, y en donde sostiene que es notorio que el Uruguay tiene atrasos importantes en materia de infraestructura, y es un tema que no admite más dilatoria. Sobre todo en lo que se refiere a caminería, pero también en puertos, y una eventual viabilización del ferrocarril.
Para dimensionar el problema vial, según Opypa, el volumen de cargas que soportan los caminos pasó de 6 millones de toneladas en el 2000 a 18 millones en el 2011. “Seguramente hoy es mucho mayor aun”, enfatiza el comunicado de la FR.
Según la misma fuente, “el 80% de las toneladas que pisaron nuestros caminos en el 2011, eran de granos y madera, 13% de leche y lácteos, y el 10% corresponden a la cadena cárnica. Los recursos requeridos para las inversiones necesarias son considerables, en parte por el rezago en su realización, y en parte por la magnitud de las cifras involucradas”.
También en los puertos se deberían realizar importantes inversiones a los efectos de una mejor y mayor explotación de los ya existentes. “Se necesitan mejoras en capacidad de movimiento de contenedores y graneles, se necesitan ampliaciones y dragados de canales a más profundidad, para que permitan el acceso de buques de mayor calado”.
Y en materia del ferrocarril, en el análisis de su viabilidad, “debería incluirse el ahorro y la disminución de riesgos que su reimplementación implicaría en materia vial, y las externalidades positivas que la misma podría producir”.
Sostiene que “es evidente que los recursos provenientes únicamente del sector público no serán suficientes, pero entendemos que el aumento de la carga impositiva al sector, no es el mecanismo de financiamiento adecuado. Nuestra propuesta pasa por, si bien el Estado debe ser el primer responsable de encarar el tema, se debería involucrar en este desafío a todos los actores de las principales cadenas productivas del país, teniendo en cuenta el uso que cada una de ellas hace de nuestra infraestructura”.
“En virtud de lo cual se debería estimular y facilitar el uso de instrumentos jurídicos y financieros ya existentes, así como fortalecer la institucionalidad vinculada a la gestión de los proyectos, desde su inicio hasta su seguimiento una vez puestos en funcionamiento. Para ello se deberá definir un plan, evaluar su costos, ver cómo se financia y sobretodo como se administra. Pues es fundamental asegurar que los fondos destinados para tal fin, no sean desviados para otros usos.

TENENCIA RESPONSABLE DE PERROS
En los últimos tiempos los daños producidos por perros sueltos han sido una permanente preocupación de los productores en todo el país. La Federación Rural en este sentido ha apoyado un proyecto de ley con este mismo nombre, que “aún duerme en el parlamento”. El mismo está en la línea de un proyecto que la Intendencia de Florida ha impulsado recientemente. El objetivo del mismo es promover acciones que apunten a formar conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable de los perros, acciones que busquen lograr que la población conozca el problema que ocasionan los perros sin dueños, y que permitan encontrar una solución real a este problema.
La propuesta es controlar la población de perros sueltos a través de campañas integrales cuyos medios serían: identificación individual de cada perro mediante chips, para poder determinar el responsable de su tenencia, y por lo tanto de los daños que el animal pueda provocar; campañas de castraciones; promover albergues para los animales sueltos, hasta tanto no se determine su dueño; campañas de adopción de mascotas; campañas de control de zoonosis e higiene ambiental; campañas de educación en tenencia responsable de animales.

INSEGURIDAD
El abigeato sigue siendo un serio flagelo para el sector, y junto con el daño de los perros, son una limitante importante para la producción ovina del país. La carne de estos animales es vendida a través de puestos de venta generalmente informales, y son consumidos por la población sin contar con los mínimos controles de sanidad.
“Además de los perjuicios económicos que causa a los productores, queremos destacar otras consecuencias negativas para el país: el desestímulo que produce a un rubro con tanto potencial para el país, pero en especial como alternativa productiva para el pequeño y mediano productor; el consumo de esos productos cárnicos sin control sanitario es un grave riesgo para el que los consume. Esos animales pueden haber sido dosificados y estar en pleno período de carencia, por lo tanto esas drogas pueden ser consumidos por humanos”.
“Pero además en estos lugares se pueden vender carne de animales muertos por otras razones, por ejemplo por alguna zoonosis, con los serios riesgos que ello implica”, asegura el comunicado. Hoy el país cuenta con recursos técnicos y organizativos que deberíamos fortalecer y estimular para tratar de no solo controlarlo, sino y más que nada, de desestimular este tipo de actividades que son las que promueven y mantienen al abigeato, solicitan. En el entendido de que la inseguridad es una responsabilidad de toda la sociedad, la propuesta de la Federación Rural es que en el marco de las Comisiones Departamentales de Seguridad, las Intendencias realicen controles en los expendios donde se venda carne o productos cárnicos. A través de visitas periódicas extraer muestras de los mismos, para eventualmente y con el apoyo de INAC, se puedan cotejar sus ADN con los ADN de muestras extraídas de animales robados, para determinar su procedencia y conformar el delito.