Opinion | 20 Oct La mezcla en un diez por ciento del bioetanol a elaborarse desde diciembre en la planta de ALUR, recientemente inaugurada por el presidente José Mujica en Nuevo Paysandú, es sin duda un aporte a la reconversión energética que incluye tanto la generación de electricidad como los combustibles, y por ende representa ahorrar significativamente en la factura petrolera.
Por cierto que las inversiones en este campo son costosas, y en un mundo muy cambiante, con ciclos de altas y bajas en las cotizaciones de commodities como el petróleo, lo que se haga tiene mucho de futurología en cuanto al período en que eventualmente se pueda amortizar la inversión y el ahorro efectivo que pueda lograrse en determinado lapso, porque todo dependerá de variables que quedan fuera de nuestro dominio, como el valor del dólar, los costos internos, la cotización de los granos y del propio petróleo.
Lo mencionó el presidente Mujica, con buen tino, cuando dijo en Paysandú que “empezamos a producir alcohol agrícola en momentos en que el precio del petróleo tiende a bajar. Y dentro de poco vamos a escuchar los gritos que ya conocemos de que es más barato importar. Como si pudiéramos adivinar el futuro con claridad y no estar expuestos a estos fenómenos”.
Por supuesto que estamos expuestos a estos fenómenos en esta y en una diversidad de áreas, en tanto somos tomadores de precios y de situaciones, y no nos hemos caracterizado precisamente por llevar adelante políticas de Estado que nos permitan trazar reglas de juego claras y habernos puestos a cubierto hace unos cuantos años a estos avatares, muchos de ellos impredecibles.
Y es cierto, estamos encarando producción de biodiesel y alcohol carburante que no teníamos cuando el precio del petróleo estaba por las nubes, y se ha gastado en infraestructura, a través de empresas satélites de Ancap como ALUR, para elaborar un biocombustible que a esta altura, como dijo el mandatario, debe salir más caro en la boca de surtidor que si compramos el petróleo y lo refinamos.
Pero como hemos señalado en más de una oportunidad, hay un valor intrínseco en este carburante de origen nacional y con materia prima renovable, que refiere al reciclaje de recursos dentro de fronteras, lo que significa trabajo y movimiento muy importante en infraestructura, así como una reducción de la dependencia de las importaciones de crudo.
Por lo tanto, con los vaivenes a que siempre hemos estado expuestos, no es del caso cargar las tintas sobre el gobierno por haber propiciado estas inversiones en el área energética, como se está haciendo por ejemplo con la generación de electricidad mediante energía eólica y biomasa, así como por el sistema fotovoltaico, porque se están sumando generadores en una diversificación muy alentadora, y que debió haberse encarado ya desde mucho antes.
Y acá llegamos sí a otro escenario relacionado con decisiones políticas que se adoptaron en su momento y que hoy forman parte del problema, que tienen que ver con la propia existencia y encima con las recientes inversiones en la planta de La Teja para refinar petróleo y obtener combustible desulfurizado, en base a las exigencias de los motores modernos para obtener mayor rendimiento y preservar el medio ambiente. Ocurre que contar con una refinería de petróleo en Uruguay es simplemente el lujo de la miseria, porque la mentada defensa de la “soberanía” en este caso no existe, desde que siempre estamos dependiendo de la importación.
A la vez, los altos costos de Ancap, debido a la limitada capacidad de refinado y la ineficiencia crónica de empresas públicas, con exceso de funcionarios, burocracia y baja productividad, no ayudan en nada a la ecuación económica de los consumidores, que son rehenes del monopolio y las medidas gremiales en el ente y empresas satélites.
En suma, tenemos la misma dependencia que si tuviéramos que importar el combustible ya refinado, con una enorme inversión para desulfurización y altos costos, cuando podríamos importar naftas, gasoil y otros carburantes ya refinados para ahorrarnos la monstruosa estructura monopólica de la planta de La Teja.
Es decir, que si analizáramos la utilidad de la planta de Ancap --de cuyo refinado sobran naftas, que debemos exportar a bajo precio, insólitamente-- nos encontramos con que solo sirve para dar empleo a los cientos de funcionarios y la burocracia del ente, con muy elevados sueldos y beneficios, pero que no representa nada que valga la pena para el país, porque siempre dependemos del petróleo importado y pagamos combustibles tan o más caros que los ya refinados.
Por tanto, la actual baja de los precios del crudo es una buena noticia para Uruguay, pues ayudará a compensar el balance negativo de la caída de los granos sobre las exportaciones y evitar un mayor deterioro de la balanza de pagos. Pero estamos ante una gruesa falla estructural que no ha sido corregida con el paso de los años para no chocar contra la estructura sindical e intereses creados con el monopolio de Ancap.
Como contrapartida, la apuesta a los biocarburantes, pese a los costos en la actual coyuntura respecto al petróleo, sí forma parte de una infraestructura de necesaria dinámica dentro de fronteras, un espaldarazo a sectores productivos que generan riqueza y a la vez estamos reduciendo dependencia, aunque todavía están pendientes políticas de largo plazo que generen estímulos para que más inversores privados arriesguen capital en este sector, que es realmente de gran importancia estratégica.