Opinion | 17 Oct Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde que a poco tiempo de asumir, el expresidente y actual candidato Dr. Tabaré Vázquez anunció que pondría en marcha “la madre de todas las reformas del Estado”, a efectos de modernizar y posibilitar que Uruguay contase con un Estado eficiente, actualizado, que pesara menos sobre los sectores reales de la economía y seguramente limitado a las cosas que podría y debería hacer en aras de promover la generación de riqueza y su redistribución.
Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, sostiene el refrán, y la intención de Vázquez, que sin duda la tenía, quedó en cero porque los sectores radicales de la coalición de izquierdas y los sindicatos, pese a ser notoriamente afines a su gobierno, se han opuesto tenazmente a todo intento de modificar el statu quo que pudiera significar perder parcelas de poder y eventualmente poner en riesgo sus condiciones de trabajo light.
También Mujica consideró a poco de asumir que entre sus prioridades figuraba el reformar el Estado, e incluso mencionó lo que se ha logrado en países como Nueva Zelandia a partir de un escenario que era en alguna medida similar al del Uruguay, pero con un Estado que ahora actúa como palanca y facilitador de desarrollo en lugar de ser un obstáculo por sus altos costos, ineficiencia, inercia y burocratización, como es el caso nuestro.
Ahora, sobre el fin del período, y sin haber siquiera arañado la cáscara del “paquidérmico” Estado, como ha vuelto a definirlo durante su alocución de las últimas horas en Paysandú, Mujica hizo referencia a lo que a su juicio debería hacerse --y por supuesto no lo hizo-- para reformar el Estado y como parte de él a las empresas públicas, aprovechando la ocasión de la inauguración de la planta de ALUR en Nuevo Paysandú, a efectos de la elaboración de bioetanol a partir de cereales cosechados en la zona.
La oportunidad fue propicia para que el mandatario diera rienda suelta a reflexiones filosóficas sobre lo que se debería hacer ante este desafío, y comenzó a arengar a los trabajadores del Estado, empezando por reconocer a los trabajadores que no son del Estado y lo hacen en satélites de empresas públicas que funcionan bajo el derecho privado, y cuyos empleados por lo tanto tienen un régimen que dista un abismo de los beneficios y grandes sueldos que se perciben en Ancap, un aspecto que siempre trata de ocultarse a los ojos del ciudadano para no poner en evidencia cual es el destino de buena parte del dinero de los contribuyentes.
Mujica evaluó que es natural que los trabajadores en esta situación traten de ingresar a las plantillas del Estado, y dijo que “como otros trabajadores de las empresas dependientes de Ancap, tienen el sueño de ser trabajadores ancapeanos netos, trabajadores del Estado con la seguridad que da. Y como yo vine a hacer pensar a la gente, cabe preguntarse por qué hubo que fundar empresas paralelas en el nicho privado para poder desarrollarlas”, y agregó que “parece una contradicción por qué no seguimos extendiendo el logo Ancap, o el de UTE o cualquier otro logo del Estado, porque somos prisioneros de la historia jurídica del Uruguay”.
Consideró en este sentido que “para hacer competir a una empresa abiertamente y como se debe es dificilísimo, cuando no imposible, porque hemos establecido un nivel tan grande de trabas y de garantías que aparentemente son correctas, pero no hemos solucionado el problema de la velocidad en las decisiones. Y entonces hemos contribuido a construir un Estado paquidérmico. Y con ello le damos argumentos a los enemigos del Estado, que dicen que no debe administrarse”.
Sin dudas que el presidente, no asume que no hay enemigos del Estado como tal, sino de éste actuando como amo, señor y destino final de todas las decisiones y acciones que se adopten en un país. En cambio, apuntan a que éste sea un medio de contribuir al desarrollo, y obrar como catalizador para el crecimiento y mejora de la calidad de vida. La visión estatizante justifica que por este interés supremo se colme el país de burócratas, de empresas estatales como fuentes de pleno empleo y cero productividad, que son financiadas por el ciudadano común que no tienen privilegios.
Es cierto, para reformar el Estado hay problemas jurídicos de por medio, y para poder superarlos es necesario por ejemplo encarar una reforma constitucional ambiciosa, pero sin dudas la izquierda ni por asomo ha estado dispuesta a dar este paso.
Recién cuando accedió al poder, con el gobierno de Vázquez y luego con el de Mujica, se asumió lo que se había negado a ver en cuanto a que el Estado en su rigidez y pesadez es una rémora para el desarrollo.
Por lo tanto se crearon empresas satélites como ALUR, entre otras, con capitales provenientes del propio Estado, para que se desempeñaran bajo el derecho privado y pudieran escapar a esta rigidez, pero en buena medida el remedio ha sido tan malo como la enfermedad, por cuanto estas empresas que usan dinero de todos los uruguayos, sin los controles que debe tener toda empresa de la que supuestamente todos somos dueños.
Ergo, en realidad usan discrecionalmente el dinero de todos los sacrificados contribuyentes, para acometer emprendimientos en los que no necesariamente debe estar el Estado, y además no rinden cuentas, por lo que hoy son la mejor forma de hacer jugar al empresario con dinero ajeno, con todo lo ello significa.
La respuesta está por lo tanto lejos de la idea de Mujica, en base a sus concepciones ideológicas, por cuanto lo que hay que hacer contar con el Estado limitado a lo indispensable, y promover la inversión privada y la libre competencia, con los debidos controles para que no se consoliden monopolios de hecho, y a la vez contar con los recursos que realmente se necesitan para que el Estado esté presente donde nunca podrá estar el privado.