Opinion | 19 Oct Según informáramos hace algunos días “hay 32 candidatos para ocupar las tres bancas a la Cámara de Representantes que tiene Paysandú, según la cantidad de listas que se presentaron en la Oficina Electoral para participar en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Son siete los partidos políticos que pugnan por un puesto de diputado, y dentro de los siete, el Frente Amplio es el que más listas presentó, con doce, el Partido Nacional tiene siete, Asamblea Popular tiene cinco listas, tres cada uno presentaron el Partido Colorado y el Partido Independiente y con una lista están el Partido de los Trabajadores y el Ecologista Radical Intransigente”.
Consecuentemente, el próximo lunes 27 o muy poco después sabremos quienes serán los tres diputados que representarán a Paysandú en el Parlamento Nacional. Podría haber un cuarto pero eso depende de los “restos” de votos a nivel nacional. Por otra parte, a juzgar por las encuestas hay grandes posibilidades de que el próximo vicepresidente de la República sea un sanducero. Y si bien éste no tiene representatividad departamental no puede ignorarse su lugar de nacimiento.
Pero lo que realmente importa es “el día después” o, para ser más exactos los próximos cinco años de ejercicio de su función por parte de los representantes que resulten electos porque consideramos que debe acordarse un accionar muy claro y coherente del grupo de parlamentarios sanduceros o la “paybancada” como se la ha llamado en algunas oportunidades, cuando funcionaba como tal.
Descartamos que cada uno seguirá la línea de sus respectivos partidos políticos en lo que hace a los temas nacionales en general pero esperamos que haya un accionar conjunto marcando presencia fundamental en cada bancada cuando corresponda defender los intereses de Paysandú, es decir de todos los sanduceros.
Sería realmente inapreciable que los tres (o más), se reunieran periódicamente con autoridades o referentes locales para acordar las gestiones o ponencias a encarar como grupo pensando en temas de interés para el departamento que deben ser resueltos en ministerios, entes y otras dependencias del estado así como organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Un accionar de esas características puede generar innúmeras ventajas para el departamento que, sólo a título de ejemplo, pueden trasuntarse en una reconstrucción total de la ruta 26 y lo que falta de la 90, un centro deportivo de alto desempeño en conjunto con la UdelaR, una UTU para Quebracho, un hospital para Guichón, un Parque Nacional en Purificación, un aporte presupuestal del estado para concretar el complejo cultural que se procura establecer entorno al Teatro Florencio Sánchez, o para apoyar las obras de recuperación de la histórica Basílica.
A su vez, y dentro del mismo esquema, Paysandú debería ser abanderado de un movimiento que procure una auténtica descentralización del país eliminando o sustituyendo los instrumentos que hoy han llegado a un grado de centralización tal que, prácticamente, para cambiar una cuadra de una calle céntrica tenemos que pedirle permiso a Montevideo.
Veamos: se ha creado un organismo del Poder Ejecutivo que maneja el instrumento más poderoso, el dinero. Como establece el dicho popular “tiene la sartén por el mango” y, como agregara hace mucho un brillante escritor, “y los mangos también”.
Y así, los fondos que corresponden a las distintas administraciones del Interior son “otorgados” para proyectos que deben ser aprobados por un organismo central en una flagrante violación de las facultades que deben tener los gobiernos departamentales que, obviamente, fueron elegidos por voto popular. Hay centenares de ejemplos de esta tremenda centralización que cercena la autonomía de las intendencias.
Aquí nomás tenemos el caso de la cuadra de la calle 19 de Abril entre 18 de Julio y Leandro Gómez donde se procura crear un espacio acorde con el majestuoso teatro que está siendo recuperado, la obra no puede comenzar porque los técnicos montevideanos no han aprobado el proyecto que corresponde a la órbita municipal y será financiado con fondos que --valga la reiteración-- corresponden al gobierno departamental.
Por otra parte, pocos días atrás informábamos sobre la última reunión del Congreso de Intendentes donde, entre otros temas, indicábamos: “Posteriormente, ya en sesión plenaria, y tras considerar varios temas, la Comisión del Sucive, con Enrique Cabrera como vocero y con representantes de la empresa Geocom, presentó el nuevo Sistema de Fiscalización Móvil, que usa todo el poder de la informática y de Internet para mejorar la labor de los Inspectores de Tránsito en todo el país.
Explicaron que el sistema se basa en la plataforma que opera el Sucive de gestión vehicular --desde enero de 2013--, al que se sumarán ahora el registro de Permiso Único Nacional de Conductores y el Sistema de Fiscalización Móvil propiamente dicho (…) No obstante, ese ímpetu fue frenado por algunas intendencias, como la de Florida, cuya secretaria general, Macarena Rubio, expresó su preocupación ‘porque muchas personas tendrán accesos a nuestras bases de datos; si hace poco rato dejamos en claro que pertenecen a las intendencias, no me queda claro cómo es posible este plan’.
Asimismo se preguntó si el programa había sido ya aprobado por el Congreso, recibiéndose una respuesta negativa”. Es decir que el programa había sido elaborado y aprobado sin el conocimiento y mucho menos la aprobación del Congreso de Intendentes cuando las intendencias son las responsables de todo lo atinente a vehículos y al tránsito.
En definitiva, esperemos que quienes resulten electos representantes por Paysandú cumplan con quienes los votaron y con quienes validaron la elección de ellos, es decir todos los sanduceros, confirmando un equipo que encare las iniciativas correspondientes para el beneficio de todos nosotros.