Opinion | 23 Oct Tras picos significativos en determinados períodos durante el año, en el promedio en 2014 el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha mantenido en el entorno del 9 por ciento de acuerdo a los parámetros de medición de este guarismo en nuestro país, y llevó en situaciones puntuales a que el equipo económico de gobierno pactara acuerdos con los grandes supermercados para mantener “congelados” los precios, de forma de arremeter contra el reajuste continuo de valores en la economía, que ha sido determinante para que la inflación se acercara peligrosamente a los dos dígitos.
La inflación ha sido catalogada como un impuesto disfrazado, que afecta a los sectores de ingresos fijos sin capacidad para reacomodos internos en reestructura de costos y gastos, pero sobre todo conlleva una afectación de la calidad de vida de los sectores más desposeídos y por regla general, es un factor distorsionante en la marcha de la economía de cualquier país, como está harto demostrado.
Ocurre que como bien lo reconociera en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Mario Bergara, por ahora el Poder Ejecutivo se ha volcado de lleno a atacar las consecuencias pero no las causas de la inflación, que es sobre todo hacer que el reajuste constante de precios no se refleje en el IPC, que no solo toma los de los productos de consumo diario en el hogar, sino otros valores complementarios que incluyen por ejemplo los servicios y energía, entre otros.
Así, se han instrumentado decisiones que naturalmente tienen un costo para el Estado, como la rebaja en las tarifas eléctricas, con el argumento de que la generación eólica permite ahorrar dinero al organismo, y a su vez aumentó el subsidio a las cuotas de las mutualistas apuntando a que esta mayor disponibilidad de dinero en los hogares promedio se reflejara en el IPC.
Es decir que por acciones excepcionales el Estado ha cedido parte de recaudación o aumentado erogaciones para que se desacelere de alguna forma el proceso inflacionario, el que naturalmente es mucho más complejo que valores de servicios o el propio aporte del Estado, porque el abaratamiento parcial y temporal que éste hace por la vía de renuncia fiscal no tiene la contrapartida de aflojar la presión tributaria sobre los sectores reales de la economía, en los que sigue pesando la ecuación salarial, las cargas sociales e igualmente elevados valores de la energía y otros insumos, que tienen que ver además con el peso del Estado sobre la economía.
En un análisis de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin, publicado el lunes en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, éstos evalúan que lentamente la inflación va cediendo tras rozar el 10 por ciento anual a comienzos del presente año, pero sigue ubicándose en niveles elevados, por fuera del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay, y constituyéndose por lo tanto en uno de los principales problemas macroeconómicos que enfrenta el país.
Según los analistas, el cambio en la política monetaria, que pasó de fijar la tasa de interés a controlar los agregados monetarios, resulta más eficiente para combatir la inflación y si el abatimiento no es más rápido, se debe a los propios caminos de transmisión --que no son automáticos-- y a la gradualidad de la política, que debe compatibilizar el aumento del gasto público y los ajustes salariales.
Y por cierto que más allá de medidas concretas en el aspecto monetario y los monitoreos que efectúa el equipo económico, el intento de abatir la inflación por medidas administrativas, como las tarifas públicas, aunque es válido en el corto plazo, no representa instrumento genuino para un acomodamiento de valores en la economía, sino que es un ingrediente artificial que escapa a este balance, porque lo que se da por un lado se tiene que sacar por otro.
En este sentido los analistas mencionaban la bonificación de la tarifa de UTE en diciembre de cada año, lo que presiona a la baja el IPC en ese mes y lo traslada para enero, apuntando a mitigar reajustes de precios volátiles, como los de las frutas y las verduras.
“En particular la evolución de los precios administrativos es lo que más ha incidido en la desaceleración del IPC, ya que los restantes precios, depurados de los factores volátiles, han mostrado un comportamiento similar en los últimos meses respecto a igual período del año pasado”, sostuvieron los economistas, que a la vez consideran que el gobierno “debe recurrir al control de tarifas para contrarrestar el aumento del IPC, con el consecuente costo fiscal que ello implica (el deterioro del resultado de las empresas es el factor que más contribuyó al incremento del déficit global)”.
Es decir que no hay comidas gratis, y se ha atenuado el ritmo inflacionario por la vía de costos fiscales, lo es un instrumento posible para mitigar problemas puntuales, pero que es distorsionante como instrumento sistemático, porque solo se atacan de esta forma determinadas manifestaciones sin corregir los factores que intervienen para que se den estos picos.
Es un factor a esta altura fundamental el componente de que estamos en año electoral, cuando el impacto inflacionario sin dudas se reflejará en el talante de los votantes el 26 de octubre y eventualmente en noviembre, por lo que ningún gobierno se anda con chiquitas a la hora de sacrificar recursos para hacer que se tienda a la estabilidad por lo menos durante unos meses, hasta que los recursos no den más, aunque sí superando el momento clave del compromiso electoral.
Eso sí, con el efecto nada deseable de que los toqueteos administrativos y los desfasajes deberán ser corregidos por el gobierno que asuma el 1º de marzo de 2015, cuando se debió haber adoptado las medidas antes de que las cosas pasaran a mayores.