Paysandú, Viernes 24 de Octubre de 2014
Locales | 21 Oct El director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, sostuvo que la ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial, promulgada en marzo pasado, permitió un descenso de los siniestros laborales en Uruguay. “El empleador que hace las cosas bien no tiene que preocuparse por la ley de Responsabilidad Penal Empresarial y si veo que un empresario está muy preocupado por esta normativa, es porque no está cumpliendo”, enfatizó.
Ruiz aclaró que las sanciones previstas en la normativa permitieron la adopción de medidas para la salud y seguridad en el ámbito laboral, además de un cambio de conductas. “Supongamos que en Uruguay nos ponemos de acuerdo y no cobramos multas en el tránsito, la pregunta es: ¿cumplimos con las ordenanzas del tránsito? Si una persona maneja a 120 kilómetros por hora y sabe dónde se encuentra instalada la policía caminera, ¿a cuánto pasará frente a ese control? Seguramente bajará la velocidad porque hay una sanción prevista si no cumple con determinadas reglas”, ejemplificó.
El jerarca agregó que “si sacamos una ley que diga que el empresario debe velar por la integridad física y las condiciones de los trabajadores sin aplicar sanciones para quien incumpla, ¿cuál es el sentido de la ley?”, cuestionó.
Consultado acerca de la existencia de la ley 5.032, vigente desde 1914, que señala que los empleadores quedan obligados a tomar medidas de resguardo y cuidado para la protección personal de los trabajadores, además de las inspecciones técnicas de elementos mecánicos de trabajo bajo la instrumentación de multas y la “responsabilidad civil imputable al empresario o patrono en caso de accidente”, Ruiz aseguró que esa vieja norma “no se estaba aplicando ni tenía efecto alguno”.
Para el director, la nueva ley no está relacionada a la seguridad social, sino que es de protección a la salud y seguridad en el trabajo, no obstante, “tiene que ver, porque cuando un trabajador se discapacita, el BPS paga su pensión. Por eso debemos pensar que el costo de un accidente laboral lo paga el Estado, pero también lo hace la sociedad porque el Estado somos todos”. Explicó que la normativa se aplica “en la prevención de accidentes y no con el espíritu de sancionar una vez ocurrido. La aprobación de la ley hizo que bajara la cantidad de accidentes laborales en los sectores donde se registraba alta siniestralidad”, aseguró.
Ruiz reconoció que los trabajadores de la construcción han sido “la punta de lanza en el reclamo de esta iniciativa”, sin embargo, aclaró que beneficia a la totalidad de los sectores.
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