Locales | 21 Oct Los trabajadores de UTE nucleados en AUTE realizan un paro por 24 horas, vigente desde la hora 0 de hoy, tras el fallecimiento de un funcionario a raíz de un accidente laboral ocurrido el 6 de octubre, cuando una columna manipulada por una grúa se precipitó sobre Ángel Villoldo, de 48 años, que dejó de existir el pasado día 16.
El secretario de Interior, Gastón Giles, dijo a EL TELEGRAFO que “el sindicato denunció las condiciones laborales de las empresas tercerizadas que no los dejan sindicalizarse en el Sunca y tampoco hemos logrado colocar un delegado de obra porque son despedidos. En este caso, Villoldo era el único sostén familiar ya que tenía una hija de 20 años estudiando en Montevideo y su esposa ama de casa”.
Explicó que “hasta mediados de 1990, cada vez que un trabajador fallecía por un accidente laboral se habilitaba el ingreso de un familiar directo. Posteriormente, el gobierno de Jorge Batlle implementó una ley que prohibió el acceso a la función pública, se perdió ese beneficio y ahora reivindicamos la calidad de vida de la familia”.
Giles reclamó la instrumentación de inspecciones de las condiciones laborales y herramientas de trabajo, “particularmente las grúas y las lingas, como resultó en este caso”, en tanto el sindicato estudia las consecuencias legales que tendrá la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y continúa una investigación administrativa sobre las causas del accidente fatal. “Hay algunas cuestiones que no están muy claras y esta tarde se resolverán los pasos a seguir, sin descartar la posibilidad de llevar el caso a la justicia penal”, señaló. Según el dirigente, “alguien tiene que pagar y no precisamente el trabajador que lo pagó con su vida, ni tampoco otro trabajador. Acá hay una empresa poco seria y responsable que no cuenta con las herramientas en condiciones, precarizando el trabajo”.
Giles reconoció un aumento de los contratos tercerizados y rechazó las afirmaciones que sostienen un incremento de la cantidad de funcionarios públicos. “En 1992 éramos 12.000 trabajadores de UTE, a principios de 2005 quedábamos 6.000 pero el servicio se mantenía con 12.000. Eso indica que había 6.000 trabajadores tercerizados y la porción más grande se la lleva el empresario, porque se degradan los sueldos, no hay ropa ni se respetan otras condiciones laborales”, afirmó.
En tal sentido, calculó que el ente estatal cuenta con unos 17.500 ingresos por la vía de las tercerizaciones, tras la habilitación de la ley en 2005, pero “AUTE reclama que las tareas vuelvan a efectuarse con personal propio y de manera responsable”.

EL ESTADO NO HACE CUMPLIR LA LEY
La Ley 18.251, de responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial, votada en 2007, normatiza la modalidad de las contrataciones o subcontrataciones dentro de una empresa principal. No obstante, Giles sostuvo que “a la ley de tercerizaciones hay que hacerla cumplir, pero cada vez que los trabajadores intentan sindicalizarse, terminan despedidos. Por eso tratamos de presionar y que la empresa madre, que es UTE, adopte los recaudos y obligue a través de pliegos licitatorios al control de la seguridad de los funcionarios”.
Actualmente hay unos 4.000 operarios dependiendo de las empresas tercerizadas, e incluso hay subtercerizados. “Por ejemplo, en Paysandú hay una empresa que saca los medidores a la calle y que a su vez subcontrató a los trabajadores, que son unipersonales. Les pagan a destajo y como quieren facturar, no importa el precio que tenga que pagar un trabajador”, explicó.
Consultado Giles acerca del incumplimiento del propio Estado en los controles que a su vez exige a las empresas privadas, reconoció que “es así; porque permite este tipo de tercerizaciones que llevan a precarización y degradación de los salarios que hacen a la vida. Por eso deben trabajar a destajo y cumplir con horas extra que les permitan tener un salario digno”.
Hoy, los funcionarios no atenderán al público en la oficina comercial, en 18 de Julio y 19 de Abril, se verá demorada la reposición de los servicios en caso de cortes de energía y no se efectuarán cortes programados por mejoras. En Montevideo se llevarán adelante las movilizaciones previstas en las puertas de AUTE, donde se informará acerca de la investigación administrativa en curso y se entregará un documento a las autoridades del organismo conteniendo los reclamos gremiales, donde se destaca que “hasta tanto no se emita el fallo definitivo sobre el caso de Villoldo, no se asignen nuevos servicios a la empresa investigada”.