Opinion | 26 Oct A poco de finalizar el Mes del Adulto Mayor, conviene recordar algunas cifras manejadas por los técnicos y las políticas instrumentadas desde el Estado.
Según la Facultad de Medicina y el Departamento de Geriatría y Gerontología, al menos unos 25.000 adultos mayores sufren abuso o maltrato y no se han delineado propuestas públicas para prevenir el abuso y resguardar sus derechos. Las estadísticas se actualizaron en los últimos meses y de allí surgió que una gran mayoría de los hogares de larga residencia no cuentan con las habilitaciones pertinentes. En Uruguay hay unas 430.000 personas mayores de 65 años, de las cuales más de 10.000 están en 912 residencias de ancianos. La directora del Instituto Nacional del Mayor (Inmayores), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Adriana Rovira, informó que tres de cada cuatro son mujeres y dos de cada cuatro se encuentran en situación de dependencia.
Si bien algunas de las residencias evaluadas cumplen con los requisitos, es un secreto a voces la constatación de diversas formas de violencia como la negligencia, abuso económico, psicológico y físico.
La Facultad de Enfermería de la Universidad Católica llevó adelante una investigación que apuntó al binomio adulto mayor-cuidador, donde encontraron una pobre formación del personal afectado a los cuidados y una vulneración de los derechos, donde no está permitido adoptar decisiones, con un agravamiento de la problemática a mayor edad.
Rovira apuntó a las fiscalizaciones y cierres cautelares de las residencias que incumplen con las condiciones de funcionamiento, no obstante apeló a la necesidad de mayor conciencia acerca de los derechos en esta franja etaria.
Si las estadísticas acerca de la violencia infantil y de género marcaron una tendencia que alarmó a las autoridades hasta decidir un programa de políticas públicas y judiciales que han incidido con resultados que se verán con el paso del tiempo, algo similar deberá comenzar a efectuarse hacia este segmento de la población.
La violencia hacia los “viejos” no tiene visibilidad y es aún más patética, con mayores riesgos sanitarios, personal escasamente preparado para su abordaje y nulas medidas cautelares en casos de violencia que casi nadie denuncia porque el miedo en determinada etapa de la vida hace mella hasta en los huesos.
Así como se suman los facilitadores, docentes y técnicos que desarrollan programas enfocados a la niñez, adolescencia y género; se observan subdiagnósticos y datos que recién este año comenzaron a actualizarse para acercarnos a una realidad más o menos conocida por todos.