Opinion | 25 Oct Esta semana las autoridades municipales de Montevideo se encontraron con que en una sola noche, manos anónimas habían incendiado 17 contenedores en varios puntos de la ciudad, lo que hace un total de 45 recipientes de residuos dañados en dos días, en lo que es percibido sin lugar a dudas como una escalada de hechos vandálicos.
No es un elemento novedoso, lamentablemente, sino que sistemáticamente se registra este tipo de atentados, como lo percibimos también en Paysandú en varias oportunidades, y por supuesto, estamos a una altura del año en que tales incendios no pueden originarse en brasas que queden como residuo de la limpieza de alguna estufa, sino que se trata de acciones intencionales.
Es decir que alguna persona o personas se dedican a ocupar su tiempo destrozando bienes de la comunidad, en este caso contenedores que son comprados y reparados con lo recaudado por los impuestos que pagamos los ciudadanos a las arcas municipales, en un promedio de unos dos mil pesos por contenedor reparado, por lo que cada atentado de los antisociales equivale a que nos metan la mano en el bolsillo a los contribuyentes.
En la seguidilla de destrozos en los contenedores capitalinos hay quienes especulan con que se trata de organizaciones que se han dedicado en las últimas horas a generar estos incendios, pero aun así los móviles se presentan hasta ahora como una incógnita, aunque se está enfilando la investigación hacia personas o grupos que puedan sentirse afectados por decisiones adoptadas por la comuna capitalina en cuanto a la modalidad de recoger la basura, caso de hurgadores.
Pero por regla general, el vandalismo tiene una génesis mucho más compleja, por cuanto la impunidad que tienen quienes destrozan los bienes de la comunidad, incluso elementos del patrimonio histórico, se conjuga con un profundo déficit en educación social, solo en tren de especular con las posibles causas para que amparados en la oscuridad de la noche, y ante la falta de vigilancia policial, desconocidos destrocen bancos, papeleras, focos de alumbrado, roben o rompan cables, rompan contenedores, árboles, monumentos, etcétera, a lo que se agregan las frecuentes pedreas a vehículos en accesos y algunos lugares críticos de la ciudad, simplemente por el placer de hacer daño al prójimo.
Pero por lo demás, son muy pocos los actos vandálicos que se aclaran y menos aun los que en su pase a la Justicia impliquen un castigo ejemplar, se trate ya de menores o mayores --que naturalmente saben lo que hacen-- y lo que corresponde es llamar realmente a responsabilidad a los autores o a sus responsables, para que se hagan cargo efectivamente de los daños y eventualmente de ser afectados a trabajos comunitarios --como se hace a veces-- se haga con estricto seguimiento para que se cumpla con lo establecido.
Es que es hora de que los antisociales respondan por sus acciones sin el silencio cómplice de quienes no denuncian, que se deje de lado el “pobrecitos” para explicar por qué se comete cada uno de los hechos delictivos y de que se los catalogue siempre de víctimas en lugar de establecer responsabilidades para tenerlo como punto de partida para su rehabilitación, al fin de cuentas.