Opinion | 27 Oct En Brasil, donde se realizaron las elecciones más informatizadas del mundo, con cuatro husos horarios y más de 200 millones de habitantes, se conocen los resultados electorales en pocas horas. Son las cuartas elecciones con mayor cantidad de electorado, detrás de India, Estados Unidos e Indonesia y los porcentajes a partir del conteo electrónico de los votos se otorgan prácticamente sin margen de error. Claro que los brasileños debieron acostumbrarse a este sistema a partir de situaciones fraudulentas que parecen impensables en Uruguay y al igual que en nuestro país debieron capacitarse para que todo funcionara sin dificultades. Esto ocurrió en 1996 y en aquella oportunidad invirtieron U$S 78 millones, equivalentes a una suma mucho mayor en dólares de la actualidad.
Este año fueron por más. Más de 20 millones de votantes depositaron su voto en las urnas desarrolladas por el Tribunal Superior Electoral y que reconocen al votante por su huella dactilar.
Brasil se encuentra entre los 20 países más adelantados en las herramientas de gobierno electrónico y los recursos necesarios para su desarrollo provienen del sector de las telecomunicaciones, con la instalación de un fondo de financiación dirigido a su expansión.
En Uruguay, mientras tanto, la informatización llegó al 60% de las mesas de votación de las elecciones internas, con la búsqueda de los padrones a través de las Ceibalitas y allí se quedó. Las dificultades generadas en su instrumentación y la “subutilización”, según el presidente del Plan Ceibal, no justificaba retrasar la entrega de las máquinas a los estudiantes, por lo tanto, no se prestaron para las elecciones nacionales. En los hechos, lo que sucedió fue que la experiencia “a la uruguaya” fracasó de punta a rabo.
Para Miguel Brechner, “con mejora de software y de capacitación no van a tener problemas”, no obstante señaló que será decisión de la Corte Electoral “si quiere usar tecnología o no”.
Desde la Corte, Wilfredo Penco consideró un “extraordinario ejercicio” la inclusión de las computadoras, pero reconoció la necesidad de “mejorar desde el punto de vista tecnológico y logístico”.
La Corte Electoral no cuenta con medios propios para alcanzar una amplia informatización y el último --y único-- acuerdo alcanzado no contó con la implementación ni capacitación adecuada en un mundo marcado por la informática y el software.
Así como se otorgaron U$S 2 millones al Ministerio del Interior para adquirir tecnología de punta con la compra de “El guardián”, destinado a vigilar llamadas telefónicas, correos electrónicos o redes sociales, valdría la pena la inversión en recursos electorales para no seguir con el conteo a mano.
Si funciona en un país densamente poblado, de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, con diversos horarios y multirracial, es imposible de creer que existan dificultades para imponerlo en poco más de 2.600.000 electores en un país de 176.000 kilómetros cuadrados, como Uruguay.